Las provincias están liberadas de los controles para evaluar cómo gastan

CORDOBA.- El megaestadio de fútbol en Santiago del Estero que inauguró el presidente Alberto Fernández costó $1500 millones y se construyó en unos dos años aunque no pudo ser inaugurado en 2020 por la pandemia. La provincia registró, en el primer semestre del año pasado, una tasa de pobreza del 42,9% y el 83% de sus ingresos totales dependen de la Nación (incluyendo coparticipación y transferencias discrecionales). ¿Se justifica esa inversión en ese contexto social? ¿Quién evalúa en los diferentes niveles del Estado la rentabilidad social de las inversiones? En la Argentina esa evaluación no existe ni siquiera cuando la frazada siempre es corta. Los organismos internacionales lo recomiendan.

El Presidente, en el corte de cintas del estadio, justificó: “¿Dónde está escrito que en Santiago del Estero no puede haber un estadio de esa naturaleza? ¿Quién ha dicho eso? No deberíamos discutir esto”. También planteó que él, quien es un “porteño consumado, reniego que se haya construido una Argentina desigual. Tenemos que ser capaces de generar las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan con la dignidad que se merecen”. La igualdad no tiene que ver, necesariamente, con estadios modernos.

Los $1500 millones utilizados en el estadio equivalen a unas 3500 casas de 60 metros cuadrados (a un precio de $4,2 millones la unidad según estimaciones del sector privado) que podrían construirse con mano de obra local, generando movimiento en la economía privada. El financiamiento de la obra fue con fondos propios, dijo la Provincia. El cuestionamiento de algunos es que esos dineros dependen de la Nación, porque la recaudación propia son algo menos de dos pesos cada diez. El déficit habitacional de la Argentina ronda el 36%; los datos de Indec del último semestre de 2019 muestran que en los 31 aglomerados urbanos relevados, el 5% de la gente vive en condiciones de hacinamiento crítico.

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán -dos días antes de las protestas y la represión policial- anunció un récord de aumento salarial en el país: 42% a cobrar en tres tramos por los estatales que representan entre 70% y 80% de la economía provincial. Igual que Santiago del Estero, tiene alto nivel de pobreza (42,4%) y de dependencia de la Nación (81%). Ambas son superavitarias y tienen un sector privado deprimido. La evaluación del impacto del gasto podría redundar en decisiones que impulsaran la producción.

Sobre los fondos de coparticipación, según la actual ley, la Nación no puede establecer parámetros de control. Las provincias son autónomas y los administran como mejor les parece. La nueva ley tiene una mora de 25 años, desde la reforma de la Constitución de 1994; si se avanzara en esa discusión –recomiendan los expertos- deberían establecerse premios y castigos. En cambio, sí podrían establecerse reglas diferentes para el reparto de recursos que se giran por fuera de ese sistema.

Dentro de los fondos discrecionales hay algunos atados a fines específicos y otros sin compromiso de la contraparte. “Todo depende quién y cómo te lo dé; hay un gran entramado y no hay controles rigurosos”, se sincera con LA NACION un ministro de Hacienda provincial.

Juan Llach, economista y exfuncionario nacional, advierte que “no hay interés político” en hacer controles y pone como ejemplo la ley de financiamiento educativo cuyas partidas se renuevan con cada presupuesto nacional y que incluye aportes de Nación y provincias: “No hubo evaluación ni rendición de cuentas de que en se usó el dinero”.

A su entender es clave cambiar esta cultura y evaluar la rentabilidad social de las inversiones así como hacer informes de la productividad del gasto público. “No hay una rendición de cuentas sustantiva, decir en qué se invirtió y qué resultó. Es todo un mercado político y hay montos que se entregan en función de conseguir voluntades”.

Este año se dejaron sin efecto los artículos claves de la Ley de Responsabilidad Fiscal que ponían un tope a los gastos e incluso al incremento de la planta de personal. La flexibilización se da en período electoral; la norma se aprobó a fines de 2017 y estableció una serie de reglas para medir el crecimiento del gasto público, incluso se creó el Consejo Federa de Responsabilidad Fiscal, que depende del ministro Martín Guzmán. No se aplicarán las reglas de crecimiento del gasto: quedó sin efecto lo aprobado en 2017 que indicaba que la tasa nominal de aumento del gasto primario neto no podía superar la de incremento de inflación.

El año pasado se distribuyeron $60.000 millones de ATN, son entregas de libre disponibilidad; este 2021 serán unos $45.000 millones. Aunque el argumento del crecimiento de las partidas extraordinarias (Buenos Aires se llevó 32,7% de esos giros) fue el impacto de la pandemia, no hay rendición de cuentas que lo avalen.

En el 2020, además, empeoró por primera vez el índice de la transparencia presupuestaria de las provincias. El promedio cayó de 7,8, en 2019, a 7,2 según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); 12 distritos bajaron sus puntajes; las disminuciones más marcadas son en Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

“Sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas”, señala Santiago Lacroix Eussler, uno de los autores del trabajo.

Ernesto Rezk, economista de la Universidad Nacional de Córdoba, insiste en que las transferencias discrecionales, además de ser de difícil control, “condicionan” a los gobernadores. “Lo que hay promueve prácticas de empleo público inadecuadas, favorece el endeudamiento, genera alta dependencia de la Nación y no da incentivos para una mejor recaudación provincial”, repasa y menciona que para cambiar la coparticipación hay experiencias en el mundo que se pueden evaluar. Por caso, la de Canadá, país que tiene un mecanismo de igualación con transferencias desde el poder central a aquellos distritos que no alcanzan la mejor recaudación promedio posible.