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Las universidades ya agotaron sus presupuestos, pero Diputados demora una ley para reforzar el financiamiento
Rectores, representantes gremiales y estudiantiles reclamaron una urgente solución al problema en la comisión de Educación; en la Cámara baja no hay plazos para avanzar con cambios a la normativa
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LA NACIONLaura Serra
Ante la demora del Gobierno en actualizar por inflación los respectivos presupuestos, las universidades nacionales ya agotaron sus partidas para financiar los gastos corrientes, tanto para afrontar gastos salariales como de funcionamiento. En este contexto, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a rectores, docentes, representantes gremiales y estudiantiles que alertaron sobre la crítica situación que vive la comunidad universitaria.
Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía, en estos primeros cuatro meses del año las casi 60 universidades nacionales que funcionan en nuestro país ejecutaron la totalidad de sus presupuestos. Son los casos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ya gastó el 94,96% de su partida, mientras que la de Córdoba ejecutó el 97,1%. También se encuentran en una situación límite las universidades del Litoral (98,7%); la del Comahue (98.82%); la de San Martín (83,6%); la de Jujuy (97,6%); la de Salta (97,66%); la de Misiones (95,2%), entre otras.
Otras casas de altos estudios, sin embargo, ya superaron la partida que les fue asignada. Son los casos de la Universidad Tecnológica Nacional (102.29%); la de La Plata (101.95%); la de Rosario (104.42%); la de Tucumán (100,4%); la de Cuyo (101,3%); la de San Juan (103,03%); la de Nordeste (103,89%), entre otras.
“Si no contamos urgente con un incremento del presupuesto universitario acorde a la inflación, becas estudiantiles, financiamiento de obras, políticas públicas para la ciencia de investigación no podremos garantizar la continuidad de las actividades”, advirtió Roxana Puebla, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en su exposición ante la Comisión de Educación. Esta institución ya lleva ejecutado el 97.6% de su presupuesto.
“Las universidades estamos atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”, añadió Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
“La universidad pública gasta alrededor de una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas”, señaló Pinazo, y comparó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 millones de dólares”.
Los rectores y docentes hicieron hincapié en la caída en el presupuesto destinado a la ciencia y técnica. “Solo representa el 0,2% del presupuesto total”, advirtió Daniel Vega, de la Universidad Nacional del Sur. En el mismo sentido, Darío Kusinsky, de la Universidad Nacional de José C. Paz, agregó que, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el crédito vigente destinado a los organismos de ciencia y tecnología cayó un 30% real.
“El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Se están yendo los investigadores del país, recursos humanos que se financiaron con aportes de todos los ciudadanos”, agregó Kusinsky.
Desde la Conadu, Carlos Defeo hizo hincapié en la emergencia salarial que atraviesan los docentes y no docentes universitarios. “Hoy tenemos un presupuesto universitario que comparado con el del año pasado se cayó a menos de la mitad. La parte más grande es la cuestión salarial. Más del 50% de los docentes universitarios hoy están debajo de la línea de pobreza. Esto era algo que no sucedía desde hacía más de 20 años en la Argentina”, alertó.
En representación de Ctera, Sonia Alesso planteó que la emergencia no solo afecta a la educación superior. “La ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas”, dijo. “Estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el FONID (Fondo de Incentivo Docente), sino que el Estado dejó de enviar los fondos para los comedores y para la construcción de escuelas”, advirtió.
La Comisión de Educación continuará la semana próxima con las reuniones informativas; la semana próxima, por caso, recibirá al secretario de Educación, Carlos Torrendell. La oposición presentó cinco proyectos sobre financiamiento de las universidades; la mayoría de las iniciativas tiene como denominador común el ajuste de las partidas de acuerdo al índice de inflación, aunque con matices.
El primer desafío de los opositores será, entonces, acordar un texto común. Pero el mayor escollo está en la Comisión de Presupuesto y su presidente, José Luis Espert, un incondicional del presidente Milei, que dilata la convocatoria a tratar esta cuestión.
Los representantes de la comunidad universitaria instaron a los legisladores a que apuren una definición. “De ustedes depende que esa universidad tenga presupuesto y a partir de eso tenga certezas, objetivos, motivación y futuro. Tenemos la esperanza que puedan llevar adelante un buen proyecto”, cerró Norberto Heyaca, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN.
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