Limitar las facultades delegadas y no privatizar YPF, entre los cambios que ofrece el gobierno para que se apruebe la ley ómnibus

El ofrecimiento que el gobierno le hizo a los bloques de diputados dialoguistas para avanzar en la sanción de la ley ómnibus tiene un punteado específico, que los emisarios de la Casa Rosada llevaron personalmente al Congreso. En un documento reservado de ocho carillas, la administración de Javier Milei aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.

En el texto al que accedió LA NACION y que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma.

Tampoco el gobierno parece dispuesto a cambiar del texto del proyecto el paquete fiscal, ya que insiste con la moratoria, el blanqueo, el anticipo de Bienes Personales -lo que dotará de ingresos a la gestión libertaria- y el aumento de los derechos de exportación más relevantes, a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y la carne (del 9% al 15%). Solo quedan afuera, de acuerdo a los últimos cambios, unas 35 economías regionales.

“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo”, se asegura en el primer punto del paper, titulado en forma escueta como “Modificaciones a la Ley Bases”. El segundo punto, en tanto, acepta la “eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria”. El tercero hace foco en los derechos de exportación: “Se fija en 0% para las economías regionales”, sostiene y agrega, en forma imprecisa: “Limitar/eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación”.

En su primera página, el documento también hace referencia al FGS y señala que “se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos)” que cuente con un “dictamen previo favorable desde la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la ley 23.696″. En este punto, los referentes legislativos le hicieron notar a Francos y Caputo que el FGS no puede tratarse en esa comisión, dijeron a este diario fuentes parlamentarias.

El quinto punto del documento con los cambios a la ley ómnibus es la “eliminación de YPF de listado de empresas a privatizar”, mientras que el sexto es el “aumento del corte de bioetanol y biodiesel” y la “eliminación de la posibilidad de libre importación de biocombustibles”. El texto reservado también indica: “En base a los comentarios recibidos se modificaron/adaptaron más de 100 artículos”.

El octavo punto del paper contiene otra definición contundente: “Eliminación de la derogación de la Ley de Azúcar”, propone abiertamente. Como “alternativas adicionales” que pone en la mesa de negociación, el gobierno ofreció a los bloques dialoguistas “sacar Bienes Personales y enviarlo al proyecto de Ganancias”; eliminar la reforma electoral basada en las “circunscripciones uninominales” y “modificar el proyecto de las PASO”, sujeto a recibir una “contrapropuesta” de la diputada de Pro María Eugenia Vidal.

El desarrollo del documento, al que diputados como Miguel Angel Pichetto, Rodrigo de Loredo, Ricardo López Murphy y Juan Manuel López, entre otros, reclamaron más cambios -por lo que Francos y Caputo se fueron del Congreso con anotaciones en viñetas manuscritas-, también indica en el título de “Reorganización económica” que no podrán acceder al blanqueo aquellas personas que “fueron funcionarios hasta hace cinco años”, con lo cual toma toda la gestión de Alberto Fernández y el final de la de Mauricio Macri.

En cuanto a los derechos de exportación, quedaron fijados en 0% para las economías regionales, entre las que menciona en un anexo específico a las industrias olivícola, arrocera, de cueros bovinos, láctea, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, vitivinícola, aceite esencial de limón, algodón textil, forestal y maní”.

En un mensaje a los gobernadores, que se quejaron al respecto, la Casa Rosada también se manifestó dispuesta a incluir en el apartado de hidrocarburos “la aclaración Nacional o Provincial, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado”. Y sumó como “condicionamiento del derecho a exportar sujeto a los requisitos habituales a acceso de los recursos técnicamente probados” y que “la objeción por parte de la Secretaría de Energía esté fundada por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro”.

Penas para bloqueos y retiro de una propuesta

En cuanto a la Seguridad Interior y la Defensa, el gobierno accedió a “eliminar el artículo 331 que hacía referencia a la manifestación de 3 personas”, pero incluyó en cambio una “pena en el Código Penal para bloqueos a comercios o industrias”. Por otra parte, el gobierno retiró de la ley ómnibus la propuesta para modificar “la composición de la Cámara de Diputados”, que según le hicieron notar los bloques dialoguistas, podría beneficiar al kirchnerismo en términos electorales.

Además, la administración de Milei accede a “mejorar los criterios de financiamiento de las universidades en base a comentarios y sugerencias de la oposición”, especialmente del radicalismo, mientras que respecto de la Ley Micaela, amplía “el alcance de la ley con respecto al artículo enviado al Congreso”. En cuanto a institutos autárquicos como el INCAA, el INAMU y el CONABIP, el gobierno establece “una garantía para que los recursos se mantengan”, aunque advierte que “no podrá destinarse más de un 20% a gastos generales y de funcionamiento interno”.

También mantiene el Fondo Nacional de las Artes. En materia de salud pública, el gobierno directamente elimina todo el capítulo que incluyó en la ley ómnibus original. Con todos estos cambios y otros que se discutirán internamente durante el fin de semana, el gobierno busca terminar de convencer a los bloques dialoguistas para que el presidente Milei pueda tener sancionada la Ley Bases en la Cámara de Diputados la semana próxima. El listado de modificaciones incluye diversas concesiones políticas que los libertarios no parecían dispuestos a hacer tan solo un par de días atrás.