Límites a los planes: el Gobierno se endurece ante los reclamos de las organizaciones sociales

Ya nadie puede hacerse el desentendido. Los jugadores están sentados y todas las cartas se encuentran tiradas sobre la mesa. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, acaba de anunciar que el Gobierno no tiene planeado ampliar los programas sociales hasta el final del mandato de Alberto Fernández. La confirmación, en boca de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, expuso una decisión tomada en la Casa Rosada: poner blanco sobre negro las condiciones que rigen la tirante relación entre la cartera que gestiona la asistencia y las organizaciones sociales.

En el oficialismo lo plantean sin medias tintas: en un contexto de creciente conflictividad social, el Gobierno vio necesario salir a mostrar firmeza y marcar un límite en el ida y vuelta que mantiene con los piqueteros de izquierda, quienes marchan recurrentemente a las puertas del histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano, donde funciona el ministerio. En ese sentido, aunque reconocen que es una medida atada a lo que ocurra con la reactivación económica, son claros respecto de que, a partir de ahora, los recursos estarán dirigidos a la “creación de empleo genuino”.

La confirmación de que no se otorgarán más altas de programas Potenciar Trabajo –la principal política llevada adelante por el ministerio, que cuenta con más de 1.200.000 beneficiarios que cobran $16.500 por mes por cuatro horas diarias de contraprestación– es presentada por Zabaleta como la otra cara de la moneda de una iniciativa que ya generó rispideces en los sectores de izquierda: darles libertad a quienes cobran el programa social para elegir la unidad ejecutora en la que trabajar.

Esa medida, que ya comenzó a ser promocionada en redes sociales, no tardó en encender las alarmas en las filas de los movimientos de izquierda. Los referentes piqueteros denunciaron que se trata de una maniobra dirigida a dejar en un “limbo” a quienes decidan irse del lugar en el que realizan la contraprestación. Un supuesto ardid que, según advierten, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas personas encuadradas en alguna actividad no registrada, los colocaría a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

Desde la cartera que conduce Zabaleta, en cambio, lo plantean como un paso necesario en el camino hacia la tan mentada generación de empleo genuino. En ese sentido, aseguran que la continuidad del programa para quienes ya lo tienen está garantizada y niegan con números concretos que estén llevando adelante algún tipo de ajuste (según datos oficiales, en los primeros dos meses del año, Zabaleta ejecutó el 16,8% de su presupuesto prorrogado). Claro que el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obligaría a los funcionarios a rehacer los números.

“Hay una decisión de reorientar y reenfocar la política social hacia todo lo que tenga que ver con trabajo, empleo y producción, contemplando que existe la economía popular”, señalaron desde el entorno del exintendente de Hurlingham a LA NACION. Y explicaron que se invitó en sucesivas reuniones a las organizaciones piqueteras a sumarse a los programas de la Secretaría de Integración Socio Urbana vinculados a la urbanización de barrios populares, como también a ingresar a los esquemas cooperativos, a partir del otorgamiento de máquinas y herramientas. Algo que, sin embargo, fue sistemáticamente rechazado, aseguran las fuentes consultadas.

El contrapunto entre el Gobierno y los piqueteros opositores es total. Sucede que las organizaciones de izquierda ven la mano del FMI detrás de este endurecimiento en la postura de Zabaleta. Y que un límite a los programas Potenciar Trabajo va decididamente a contramano del reclamo por la “universalización” de los programas sociales. Es decir, que se termine con los límites de cupos y que cualquier trabajador informal que se anote esté en su derecho de cobrarlos, como ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia implementado durante la pandemia.

Hasta la actualidad, la cantidad de cupos del programa Potenciar Trabajo era negociada cara a cara entre los dirigentes sociales y Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la cartera, quien se encargaba de ejecutar las altas y las bajas correspondientes. Los movimientos sociales intervenían únicamente al momento de disponer de los lugares y gestionar la unidad ejecutora, ya que cada beneficiario cuenta con su propia tarjeta.

Toma de distancia

El anuncio de Zabaleta respecto al futuro del Potenciar Trabajo volvió a generar incomodidad en algunos sectores que conforman el abanico de organizaciones alineadas con el oficialismo. Dina Sánchez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), precisó ante la consulta de LA NACION: “Creemos necesaria una mesa de trabajo para que se ordenen las políticas públicas destinadas a fortalecer el sector de organizado de la economía popular en sus diferentes ramas. Construcción, textil, reciclado, cuidados, producción de alimentos, son algunas de las que se han ido desarrollando con mayor velocidad y para esto hace falta más respuesta”.

En ese sentido, Sánchez volvió a insistir con un planteo que, desde el sector que lidera Juan Grabois al interior de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ya se volvió recurrente: la necesidad de un salario básico universal “para la masividad no organizada en el sector de la economía popular”. En palabras de la dirigente: “Es un ingreso que permitiría descomprimir el complejo escenario que se vive en las barriadas populares de todo el país”.

“Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que tiene que haber un salario básico universal para atender la emergencia y además tiene que haber políticas públicas para fortalecer las ramas de trabajo de la economía popular. Estamos hablando de unidades productivas que funcionan, pero tiene que haber un Estado presente que fortalezca ese trabajo y solo se puede hacer con políticas públicas”, finalizó Sánchez.