Los gobernadores advierten sobre las consecuencias negativas de no acordar el presupuesto en el Congreso

CÓRDOBA.- Los gobernadores “dialoguistas”, aun acorralados por los tiempos, todavía confían en que habrá ley de presupuesto. En la Casa Rosada ratificaron que a Javier Milei no le importaría prorrogarlo por segunda vez el de 2023, pero los mandatarios sostuvieron que para los mercados “no sería una buena señal” como tampoco para el curso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea también subrayaron que “no están pidiendo recursos, sino que se cumplan leyes”. Así intentaron dejar en claro que “no atentan” contra el objetivo del superávit fiscal al que se aferra el Presidente. La lectura en Nación, por ahora, es otra: “Todo es plata y en este caso, unos US$ 4000 millones”.

Aunque los gobernadores consultados por LA NACION admitieron que no esperaban la decisión oficialista de ayer de suspender la reunión de la Comisión de Presupuesto, desde Pro y la UCR adjudicaron la conducta a la “firmeza” que asumieron en esta oportunidad respecto de no aprobar el proyecto tal como lo diseñó el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, varios legisladores que responden a los gobernadores analizaron molestos la decisión oficialista. “Pasó lo que se temía desde un comienzo, sacan lo que ellos quieren o reconducen”, argumentaron.

Los más optimistas esperan que Milei convoque a sesiones extraordinarias. El año parlamentario termina el 30 de este mes y la estrategia del oficialismo, precisamente, es empujar a los “dialoguistas” a tomar una decisión contra reloj. Están los que especulan con un acuerdo a mitad de camino que deje abierta la puerta para que la Nación cumpla con sus reclamos. Los más activos quieren una redacción explícita que los respalde en caso de llegar a la Justicia.

“Tiraron de la cuerda, pero se mantuvieron firmes. No es cierto que a Milei y a Caputo les dé lo mismo tener presupuesto o no; por los mercados les importa. Los gobernadores también quieren que haya ley, pero no se puede planificar el 2025 otra vez incumpliendo lo que existe en las normas”, dijeron a LA NACION desde el círculo chico de un gobernador de Pro.

Legisladores de Pro, la UCR y de Encuentro Federal están desde hace días tratando de consensuar algunos cambios en el presupuesto con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Algunos gobernadores mantienen contactos bilaterales con funcionarios de Economía. Es fácil llenarse la boca con el superávit fiscal cortándole a las provincias lo que les corresponde por ley y quedándose con fondos que se deben ejecutar”, sostuvo un ministro de Hacienda provincial que tiene que lidiar con la oposición de su provincia para que le aprueben su presupuesto 2025.

La semana pasada 18 gobernadores de todos los partidos se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro sirvió para insistir en que la Nación se queda con una porción cada vez mayor de los recursos no coparticipables. Durante todo el fin de semana intercambiaron mensajes, pero no hubo una posición común.

Reclamo de fondos

Los de Pro y la UCR le habían presentado ya a Luis Caputo un documento reclamando para que se cumplan los giros a las 13 cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017, dos puntos con fundamento legal. Sobre el primero Milei sacó un DNU a fines de marzo cancelando los pagos hasta que Anses terminara las auditorías. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comprometió a que se eliminaría, pero eso nunca pasó y las provincias no recibieron un peso.

Los mandatarios también piden la coparticipación del impuesto a los combustibles; la distribución equitativa del remanente Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En lo que va de este año, Misiones lidera el ranking concentrando el 26,9% de esos recursos repartidos, seguida por Entre Ríos (14,1%) y Tucumán (13,5%). Hasta noviembre -según datos de Politikon Chaco- son 14 los distritos que no recibieron fondos; el remanente a hoy es de $562.489 millones.

Otro punto de los reclamos está vinculado a una reforma instrumentada por los libertarios: reducir los aportes que iban a la exAfip ya que la estructura que la reemplaza es más chica. Los gobernadores de los otros partidos también coinciden con ese pedido.

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