Los intereses que esconde el escándalo

Por Mauricio Carini De la Redacción de La Nación
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29 de agosto de 2000  

El caso de los supuestos sobornos está dando rienda suelta a una letanía de rumores y de acusaciones cruzadas que, más allá de que hayan existido esos hechos ilícitos o no, hacen sospechar que hay mayor interés en saldar deudas políticas que en que se administre justicia.

Por un lado, el senador justicialista Antonio Cafiero habría involucrado, entre otros, a su par Ramón Ortega ante el juez que instruye la causa, Carlos Liporaci. Para hacerlo, citó un comentario que, a su vez, le habría hecho el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.

Cafiero no habría aportado información acerca de la otra pata del escándalo: funcionarios o emisarios presuntamente dadivosos.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se comunicó ayer con Liporaci y le pidió declarar hoy mismo, en un intento por ponerse a salvo de aquellas versiones que lo apuntan, al menos, como conocedor de las probables coimas por la reforma laboral. El juez, finalmente, lo citará para la semana próxima.

Asimismo, ya sin la contundencia de una declaración ante la Justicia, algunos funcionarios dejan trascender, en off de record , suspicaces datos que sugieren acusaciones contra otros sectores del Gobierno con los que están enfrentados. Por casos:

  • Cerca del vicepresidente Carlos Alvarez se insinúa la presunta actuación entre bambalinas del titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, y del ex ministro Enrique Nosiglia, radical. Y no se hace una encendida defensa de Flamarique.
  • En el entorno del ministro de Trabajo, a su vez, también apuntan a Santibañes y a Nosiglia.

  • Fuentes de la SIDE, como informó La Nación , descargan eventuales responsabilidades en la cartera laboral.
  • Hay un dato curioso que une a los tres principales hombres del oficialismo sobre los que se posan las miradas. En la noche en que el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral, Flamarique fue a festejar con su equipo en el restaurante Vasco Francés, en la calle Moreno, cerca del Congreso. A esa cena se sumó muy pronto Santibañes, quien transmitió al ministro las felicitaciones del Presidente. Y para los postres llegó otro comedido: Nosiglia.

    Reproches y coincidencias

    Ya sin hablar de supuestos involucrados sino de actitudes frente al caso, senadores justicialistas reprochan a Cafiero por haberle "allanado el camino mediático a Chacho y a su estrategia de aparecer como el gran denunciante de la corrupción".

    A esto se suman los senadores radicales, que cuestionan al vicepresidente de la Nación haber avivado el escándalo, ya que su conducta sugeriría que hubo sobornos.

    Desde el PJ también destacan una coincidencia: "Sugestivamente, las versiones periodísticas sobre favores personales surgieron a los dos o tres días de que los senadores peronistas rechazaron el ajuste del Gobierno, cuando la reforma laboral ya hacía dos meses que se había aprobado."

    Respecto de las declaraciones de Cafiero ante el juez, fuentes del duhaldismo presumen que se trataría de una vendetta del menemismo hacia quien casi al final del camino abandonó al ex jefe del Estado y se constituyó en compañero de la fórmula presidencial de Duhalde.

    Ortega tiene intención de hablar por estas horas. Por lo pronto, anoche su secretario privado dijo que aquél estaba "inubicable", pero que hoy estaría viajando hacia Córdoba.

    Voceros del ex mandatario tucumano destacaron la buena posición económica que tiene Ortega, quizás en un intento por destejer conjeturas sobre el caso. Sí señalaron que su jefe estaría al tanto de los presuntos sobornos, sobre lo que efectivamente habría conversado con Duhalde.

    El senador por Tucumán reconoció hace muy poco que estaba decepcionado con la política y que dejaría su banca en los próximos meses (su mandato caduca el 10 de diciembre de 2001).

    Hasta ahora, las palabras no fueron acompañadas más que con presunciones. Y en la Justicia insisten en que se trata de un caso muy difícil de probar. Lo que es fácilmente evaluable es el desprestigio en que quedan sumergidos sectores de la clase política, realmente sospechada de prácticas reñidas con la ética. Y, lo peor, el daño que sufren las instituciones en nombre de intereses internos que nada tienen que ver con la verdad de lo que haya sucedido.

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