Piqueteros desafiaron al Gobierno con cortes y el ministro Zabaleta se endurece

Los más de 100 cortes que las organizaciones sociales de izquierda realizaron ayer a lo largo y a lo ancho del país, bajo el lema de Acampe Piquetero Nacional, tuvieron su desenlace esta tarde, con una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿El motivo? Rechazar por “insuficiente” el aumento anual del 45% que el Gobierno, los empresarios y las dos centrales obreras fijaron hoy para el salario mínimo, vital y móvil, que actualmente es de $33.000. No sirvió para desactivar la protesta el anuncio realizado ayer por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien prometió un bono de $6.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Las agrupaciones reunidas en la Unidad Piquetera desplegaron desde ayer su poder de movilización en las calles del centro porteño. “Mientras dure la emergencia hay que universalizar los programas sociales, duplicar su monto y la universalización de los programas y la asistencia integral a los comedores populares que el gobierno no ha garantizado”, enumeró Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, uno de los sectores que impulsa la jornada nacional de lucha.

Este miércoles, el reclamo se dio a dos bandas: comenzó en el Ministerio de Desarrollo Social, epicentro del acampe, y desde allí los manifestantes se dirigieron a la avenida Alem 650, donde se encuentra la sede principal del Ministerio de Trabajo. En ese lugar se reunió el Consejo del Salario, que decidió incrementar el salario mínimo a $47.850 para fin de año. Es decir, un 45%, cinco puntos por encima de la pauta de 40% que preveía el Gobierno.

El anuncio, sin embargo, no dejó satisfechas a las organizaciones. “Hoy está en 33.000 pesos y está muy por debajo de los niveles de indigencia. Los representantes de la CGT, la CTA y los movimientos oficialistas han acordado año a año salarios de miseria con el gobierno y los empresarios. Con ese monto no podemos garantizar una comida al día”, expresó Belliboni.

La definición del nuevo piso salarial impactará en unos 400.000 trabajadores fuera de convenio. En ese sentido, sirve como referencia para el salario inicial docente y los programas sociales, ya que el monto de un Potenciar Trabajo constituye la mitad de un salario mínimo. Además, es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

Durante 2021, el salario mínimo tuvo dos aumentos, con un alza global de 52,7%, apenas por encima de lo que fue la inflación. Se logró con el voto de todos los miembros del Consejo del Salario, donde confluyen las principales cámaras empresarias del país, las dos centrales obreras y representantes de los movimientos sociales.

Por su parte, en la antesala de esa discusión, el Gobierno también anunció ayer el pago de un bono de 6.000 pesos para las personas que se encuentran dentro del programa Potenciar Trabajo, que se ejecutará desde abril. “El presidente Alberto Fernández tomó esa decisión en un año en el que estamos retomando la presencialidad escolar”, dijo Zabaleta durante un acto que compartió en Tecnópolis con el jefe de Estado.

La suspensión de nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo, confirmada en febrero por el ministro Juan Zabaleta, fue la gota que rebalsó el vaso en el tirante vínculo que supo tejer la gestión del Frente de Todos con las organizaciones opositoras que recurrentemente marchan a las puertas del histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano, principal sede de la cartera.

Sin ir más lejos, ayer por la tarde, Zabaleta se negó a atender a los manifestantes “con la calle cortada”, según informaron fuentes de la cartera a su cargo. “Hay un equipo que dialoga permanentemente con las organizaciones sociales, iglesias y ONGs, y está dialogando con quienes se movilizaron. Se ofreció una reunión con el viceministro Gustavo Aguilera y las organizaciones dijeron que no”, precisaron los voceros oficiales.

“Una tomada de pelo más”, indicó a LA NACION la dirigente social Mónica Sulle, del MST Teresa Vive. Es que las organizaciones afirman que fueron invitadas a subir al edificio con el pretexto de que serían recibidas por Zabaleta. Sin embargo, cuando se enteraron que la reunión sería con el viceministro, dieron media vuelta y se fueron.

“Queda claro el poco interés que tiene el ministro de resolver los problemas de los sectores que representa. Es como tirar más leña al fuego. No puede, en el marco de un acampe, tomarle el pelo así a la gente. Porque todos los que están acá quieren que se atiendan sus necesidades y las de millones de trabajadores desocupados de la Argentina”, agregó Sulle, quien insistió con que las intenciones de dialogar por parte de las organizaciones siguen intactas.

En el oficialismo lo plantean sin medias tintas: en un contexto de creciente conflictividad social, el Gobierno vio necesario salir a mostrar firmeza y marcar un límite en el ida y vuelta que mantiene con los piqueteros de izquierda, al tiempo que intenta de todas las maneras posibles interpelar a la clase media. La última muestra de ellos la dio el propio Zabaleta este miércoles: mediante su cuenta de Twitter, el ministro anunció que decidió dar de baja el beneficio social que percibía Oscar Santillán, el militante del MTR-Histórico detenido por el ataque a piedrazos al Congreso.

“Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja”, escribió Zabaleta en sus redes sociales. Y remató: “La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”. Quien no tardó en salirle al cruce fue el dirigente del MST, Alejandro Bodart. El referente del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) citó el tuit publicado por el ministro de Desarrollo Social y se preguntó: “¿Desde cuándo el derecho a la protesta se castiga con hambre?. Una vergüenza, digna de patrones de estancia”.

Por Pedro Lacour

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