Malvinas: el camino de la diplomacia jurídica para la defensa pacífica de nuestros intereses

Malvinas es una causa nacional de los argentinos. Defenderla exige actuar con la determinación a la que nos obligan la fuerza de nuestra Constitución Nacional y lo sagrado de esta gesta. Hoy esa responsabilidad nos enfrenta a una amenaza que tiene nombres y un programa de operaciones. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum pretenden explotar petróleo en la Cuenca Malvinas Norte mediante el denominado proyecto “Sea Lion”, con licencias ilegales e ilegítimas emitidas bajo la autoridad de facto del Reino Unido en nuestras islas.

La Argentina formuló reiteradas protestas contra esas actividades ilícitas. En los últimos meses, los anuncios de las compañías, sus contratos y el calendario de perforaciones han acercado el inicio de un programa que prevé 35 años de producción y 23 pozos. Bajo el lecho marino de la Plataforma Continental de nuestro país hay reservas que, una vez extraídas, se pierden para siempre. Preservarlas es defender el patrimonio de todos los argentinos.

El 3 de septiembre, el presidente Javier Milei presentó por cadena nacional una estrategia integral para defender nuestros derechos y responder a esa amenaza. Su instrucción fue emplear todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles con la firmeza que exige esta causa. Así avanzamos hacia el objetivo de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un engranaje más de esa maquinaria jurídica y diplomática que ya pusimos en marcha, con un objetivo concreto e inmediato: obtener medidas provisionales que frenen la explotación de hidrocarburos en Sea Lion antes de que comience.

El amplio respaldo internacional que recibió la Argentina no solo se agradece: es la respuesta razonable y esperable frente a las reiteradas acciones unilaterales del Reino Unido, que agravan la controversia mientras se niegan sistemáticamente al diálogo. La comunidad internacional exige negociación y soluciones pacíficas, no el avasallamiento de derechos soberanos ni la explotación ilegítima de recursos naturales.

Así lo han expresado la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como C24, la OEA, el Mercosur, la Celac, la Aladi y el Grupo de los 77 y China, entre otros. La Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, renovó el llamado a negociar y a abstenerse de adoptar medidas unilaterales. Frente al avance de las actividades ilegales e ilegítimas y al riesgo de un perjuicio irreversible, decidimos sumar a ese esfuerzo diplomático la vía judicial para resguardar nuestros recursos.

Desde la Cancillería, impulsamos el inicio de este procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como parte de una estrategia que también hacemos avanzar a nivel bilateral y multilateral. La preparación del caso que presentamos contra el Reino Unido requirió meses de trabajo coordinado. El equipo jurídico del gobierno nacional que llevó adelante esa tarea estuvo integrado en esta instancia por el Embajador Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería; la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el subprocurador Santiago Castro Videla, en representación de la Procuración del Tesoro de la Nación; el secretario Legal del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija; y los especialistas Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

El 28 de septiembre iniciamos un arbitraje contra el Reino Unido. Ambos países somos partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y aceptamos sus mecanismos para resolver diferencias. Su Anexo VII establece cómo formar un tribunal de cinco árbitros independientes que examine el caso y adopte una decisión que las dos partes deberán cumplir.

Optamos por esa vía para exigir que el Reino Unido cumpla sus obligaciones relativas a los recursos naturales de los espacios marítimos en disputa y evite introducir modificaciones unilaterales.

¿Qué ocurre si los trabajos avanzan mientras ese tribunal se organiza? La Convención permite solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales, es decir, protección urgente para evitar daños irreparables durante esa espera.

Dimos ese paso el 13 de octubre, después de que el Reino Unido rechazara adoptar las medidas que le habíamos pedido. Una vez constituido y en condiciones de actuar, el tribunal arbitral podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto las medidas que se hayan dictado.

En las audiencias del 10 y 11 de noviembre explicamos qué derechos están en riesgo, por qué pueden ser protegidos en este procedimiento y qué perjuicios irreparables amenazan producirse antes de que los árbitros puedan intervenir. Londres objetó la competencia de los jueces con el argumento de que el caso exigiría resolver la soberanía territorial.

Conviene que cada argentino comprenda esta diferencia. Lo que planteamos ante los jueces es qué obligaciones impone la Convención del Derecho del Mar a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa. La decisión de fondo sobre la soberanía queda fuera de estos procedimientos. Para resolver esa controversia, las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 y 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas mantienen vigente el llamado a la Argentina y al Reino Unido a negociar, por la vía diplomática, una solución pacífica.

¿Hace falta resolver primero la disputa de soberanía para impedir que una de las partes altere de manera irreversible los recursos en discusión? Nuestra posición es que la Convención permite protegerlos mientras esa controversia sigue pendiente. Reconoce derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos, exige actuar de buena fe y resolver las diferencias por medios pacíficos, y obliga a proteger el ambiente. A su vez, la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa el proceso de descolonización. El Reino Unido desoye ese llamado y rechaza negociar la soberanía. Al mismo tiempo, impulsa la explotación ilegal e ilegítima de nuestros recursos como si la controversia ya se hubiera resuelto a su favor.

El gobierno británico invocó la aplicabilidad del derecho de libre determinación a los actuales habitantes de las islas. Nuestra delegación refutó tal argumento sobre la base de que las Malvinas siguen estando en la lista de territorios sujetos a descolonización, que la Asamblea General de la ONU definió la manera de descolonizar mediante la solución de la controversia de soberanía entre los dos Estados y que el referéndum autoorganizado en el 2013 no produjo ninguna alteración en la situación.

La defensa británica sostuvo, además, que había tiempo para esperar. Señaló el 21 de marzo de 2027 como la fecha más temprana para las nuevas perforaciones y marzo de 2028 para la extracción. A su juicio, los árbitros podrían actuar antes de que comenzaran esas operaciones. Respondimos que la experiencia de otros casos muestra que formar el tribunal y ponerlo en condiciones de actuar puede llevar varios meses.

Un pozo perforado deja una huella permanente en el subsuelo, aunque todavía falte para extraer hidrocarburos. Las medidas provisionales buscan evitar un hecho consumado antes de que el tribunal arbitral pueda actuar. Se trata de preservar aquello que una decisión posterior ya no podría devolver a su estado original.

El riesgo se extiende igualmente al medio marino. El propio plan de contingencia de una de las compañías prevé que un derrame originado en un pozo podría alcanzar aguas argentinas ajenas a la disputa en un plazo de 30 días. Nuestro país tendría que afrontar las consecuencias y coordinar la respuesta ante una actividad que no autorizó. Por ese motivo, exigimos información y cooperación para cumplir nuestras obligaciones de protección y preservación de ese ambiente.

Londres alegó, asimismo, las pérdidas de las compañías y los ingresos futuros de la población. Las empresas asumieron sus riesgos con pleno conocimiento de nuestras protestas y de la controversia. Los servicios y las condiciones de vida actuales de los habitantes se sostienen sin la producción del proyecto ilegal. Pedimos a los jueces que ponderen esos intereses económicos, en la medida en que sean pertinentes, frente al peligro de un perjuicio irreversible para los derechos argentinos.

Con esos fundamentos solicitamos cuatro medidas. La primera exige que el Reino Unido adopte todas las medidas necesarias para impedir nuevas perforaciones para explotación y la instalación de infraestructura de producción en la Cuenca Malvinas Norte vinculadas con el denominado proyecto “Sea Lion”, tanto por el propio Estado como por personas físicas o jurídicas bajo su jurisdicción o control.

También pedimos que se abstenga de utilizar la información obtenida en la exploración de los recursos naturales de los espacios marítimos en disputa en detrimento de nuestros derechos. Solicitamos que deje de impedir el cumplimiento de las obligaciones argentinas de proteger y preservar el medio marino de esos espacios y que se abstenga de otras medidas que puedan agravar la controversia, en particular nuevas autorizaciones ilegales e ilegítimas para explotar los recursos de la plataforma continental en disputa.

El Tribunal anunció tentativamente el 28 de noviembre para dar a conocer su decisión sobre esta protección provisional. Esperamos un pronunciamiento favorable, con confianza en nuestros argumentos y pleno respeto por la independencia de los jueces.

Ese pronunciamiento resolverá el pedido de protección urgente para esta etapa. El arbitraje internacional ya está en marcha y la Argentina continuará ejerciendo todas las acciones jurídicas y diplomáticas a su alcance, con la misma firmeza y determinación, cualquiera sea el escenario que se presente.

Mientras tanto, continuaremos las advertencias a empresas y gobiernos, los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos. Por eso, urge que el Congreso dé prioridad y celeridad al tratamiento y la sanción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su aprobación fortalece las herramientas del Estado para actuar con la determinación que demostramos en defensa de los derechos de todos los argentinos.

El respeto a nuestra legislación y a las legítimas autoridades argentinas es también la base de la invitación a invertir en nuestro territorio continental, donde la revalorización de los activos estratégicos del país abre oportunidades con reglas claras y previsibilidad.

Por primera vez en la historia de la Cuestión Malvinas, la Argentina fue a enfrentar al Reino Unido cara a cara ante un tribunal internacional, con determinación y profesionalismo. No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales. Porque nuestra firmeza no está reñida con la paz: es precisamente el respeto al derecho y al diálogo lo que nos distingue de quienes pretenden imponerse mediante hechos consumados. Esa es la instrucción del Presidente de la Nación y ese es nuestro compromiso con la Patria.

Como canciller, quiero expresar mi más profundo reconocimiento al equipo jurídico que representó a la Argentina en las audiencias del 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Fueron jornadas de entrega absoluta, de trabajo incansable, y de un compromiso extraordinario con la Patria. Estamos honrando de forma pacífica el legado de la causa Malvinas con las herramientas del derecho internacional. Y este equipo lo hizo con coraje, excelencia y un rigor jurídico inquebrantable, demostrando que la Argentina está a la altura de los mayores desafíos y que, cuando se trata de defender lo nuestro, no escatimamos ningún esfuerzo.

Sostendremos esta defensa en cada instancia que el derecho habilite. Los argentinos tienen de su lado la fuerza del derecho y un Gobierno decidido a hacerlo valer.

Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas.