Martín Soria apuesta a sacar al procurador Eduardo Casal como primer objetivo de gestión

La “nueva etapa” que encabezará Martín Soria en el Ministerio de Justicia no admite dilaciones. Mientras tramita su renuncia a la Cámara de Diputados, empezó a ejercer el cargo. Al mediodía de su primera jornada ya denunció persecuciones judiciales digitadas por Mauricio Macri, dijo que viene a “comenzar la transformación del Poder Judicial” y advirtió que los tribunales deben “liberar de culpa y cargo” a Cristina Kirchner.

Pero en paralelo con su rol de vocero antilawfare, trabaja en la estrategia de la nueva gestión, que buscará como un objetivo clave nombrar a un nuevo procurador. El lunes por la noche, cuando el Presidente acababa de anunciar el nombre del nuevo ministro, Soria se reunió con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y con el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, el hermano del ministro del Interior, Wado De Pedro. La reunión terminó pasada la medianoche. Los tres funcionarios revisaron la situación del área, hablaron sobre cómo será la nueva “lógica” de organización y repartieron tareas, informaron fuentes al tanto del encuentro. “Distribuir y avanzar. Todo muy pragmático”, dijo un funcionario que será parte de la nueva gestión. “Ahora sí hay comunión de intereses. Tiramos todos para el mismo lado”, afirmó otro kirchnerista sobre lo que viene en Justicia.

Mena, De Pedro y Ustarroz son los principales interlocutores del Gobierno con el Poder Judicial. Durante la gestión de Marcela Losardo representaban el ala cristinista frente a una ministra que era “Alberto puro”, a quien el kirchnerismo consideraba “tibia” y poco efectiva a la hora de conseguir resultados. A Soria, en cambio, incluso entre los propios lo consideran un “cruzado”.

Mena conoce el ministerio como pocos; fue funcionario de seis ministros distintos. Discípulo de Raúl Zaffaroni, es de extrema confianza de Cristina Kirchner, que lo nombró número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, y sabe quién es quién en la justicia federal. Ustarroz es el encargado de juntar en el Consejo de la Magistratura los votos necesarios para nombrar jueces y fue quien ideó el plan para sacar a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Cámara Federal. Junto con De Pedro fue tejiendo relaciones con un universo cada vez mayor de jueces, incluso en la Corte.

El plan de trabajo trazado tiene una pata legislativa, con dos proyectos trabados en el Congreso y una serie de anuncios de reformas que hizo el Presidente y que todavía nadie bajó al papel. “La prioridad es la ley del Ministerio Público. Se puede sacar y tiene efectos ya”, dijo un funcionario a LA NACION. El “efecto ya” sería reemplazar a Eduardo Casal, el procurador interino. “Nadie lo eligió y está atornillado al sillón”, dijo ayer Soria.

Para eso, es necesario nombrar a un procurador nuevo. La ley de reforma del Ministerio Público que aprobó el Senado y espera en Diputados reduce las mayorías necesarias para esa designación y elimina el requisito de los dos tercios, inalcanzable para el Gobierno. En el oficialismo sostienen que les faltan “entre seis y ocho votos” y confían en que Soria “empuje” para conseguirlos de sus antiguos colegas. “La señal que dio Fernández con este nombramiento también es un dato que se lee en el Congreso”, se esperanzan en el kirchnerismo.

La aprobación de la nueva ley del Ministerio Público generaría le necesidad de buscar un nuevo candidato a la Procuración. El juez Daniel Rafecas, que era el elegido de Fernández para el cargo, ya adelantó que él se baja si la reforma se aprueba. No solo por la eliminación del requisito de los dos tercios. No quiere ser el jefe de una Procuración debilitada. “Es una prerrogativa de otro poder”, le responden en el oficialismo al candidato de Fernández.

Rafecas tiene claro desde hace tiempo que sus chances de ser procurador son pocas. El Presidente lo anunció como candidato en diciembre de 2019. El año pasado, Rafecas había cancelado toda su agenda académica para prepararse para el nuevo cargo. Este verano, en cambio, dio por cerrado ese paréntesis y reactivó todas sus clases y actividades extrajuzgado.

En cuanto al resto de los proyectos, en el oficialismo reconocen que será difícil llevarlos a la práctica; a menos, en el corto plazo. Resistidos por los jueces, requerirían un fuerte consenso político para imponerse, algo casi imposible en un año electoral. El de reforma judicial, que, como el de Ministerio Público, tiene media sanción, no parece prioritario para la nueva gestión. “No es la verdadera reforma judicial”, lo menospreció Cristina Kirchner después de aprobarlo en el Senado.

Otro objetivo de la nueva gestión será construir una “nueva dinámica” de relación con la Corte Suprema, dijo a LA NACION una fuente del Gobierno. Difícilmente sea una dinámica muy cordial después del discurso de Fernández del 1° de marzo. En el oficialismo, sin embargo, sostienen que siempre quedan canales. El primer gesto del nuevo ministro fue hostil: anunció que le pedirá una audiencia a la Corte para que fije postura en temas en los que, dice Soria no puede quedarse en silencio.

El kirchnerismo le reprocha a Losardo la falta de resultados. “No pasan cosas por que tengas buenas intenciones”, sostienen. En el Gobierno cayó muy mal el fallo de la Corte que confirmó la condena por amenazas de Milagro Sala. El tribunal lo dictó la misma semana que Fernández le había pedido públicamente por ella y la sentencia fue por unanimidad. Cinco a cero. Hasta votó en contra Elena Highton, de quien Losardo fue discípula. A ella se refirió Fernández en la asamblea legislativa cuando dijo que había conseguido seguir en la Corte, pese a su edad, por la “relación corporativa” que une a los ministros del tribunal.

Soria promete además imprimirle su sello a la vida interna del ministerio y ya analiza la posibilidad de reforzar la “presencialidad” de funcionarios y empleados. Pero sin dudas un objetivo central de su gestión será Comodoro Py. “Algo tenemos que hacer para revertir esta situación en la que hoy está el Poder Judicial y no me gusta generalizar, no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del expresidente Macri”, dijo hoy Soria, impecable vocero de las denuncias de lawfare que empuja Cristina Kirchner. “Trabajé en la Justicia muchos años, conozco el paño”, dijo Soria sobre los tribunales. En efecto, el hijo del exjefe de la SIDE de Eduardo Duhalde trabajó, cuando era muy joven, en el juzgado federal 9. En aquellos tiempos el juez era Juan José Galeano (destituido por su actuación en la investigación del atentado a la AMIA), recuerdan en Comodoro Py. “Estuvo en ese juzgado, pero no en la secretaría de AMIA”, advierten en el Gobierno en su defensa. El desembarco oficial del nuevo ministro en las oficinas de la calle Sarmiento todavía no tiene fecha, pero su gestión ya empezó.

Por Paz Rodríguez Niell

• Nota de Opinion

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