Massa prepara su candidatura entre la resistencia y el ajuste

En el peronismo hay sectores de peso que ya trabajan para la candidatura presidencial de Sergio Massa. Gobernadores, intendentes y sindicalistas distinguen hoy al ministro de Economía como el postulante ideal. El jefe del Frente Renovador evita por ahora lanzarse y desmiente en público sus intenciones electorales para construir una imagen de gestor eficiente del ajuste que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cualquier definición no sería antes de abril, argumentaron desde su entorno. Durante el mientras tanto, Massa mantiene el equilibrio y el silencio ante situaciones que en su entorno reconocen que lo incomodan, como la avanzada oficial contra la Corte Suprema, el desacato al fallo por la coparticipación federal y el avance de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner.

Existió una suerte de acuerdo tácito dentro del Frente de Todos para no exponer al ministro de Economía en la embestida contra la Justicia. Sin embargo, hubo antes de fin de año un ligero atisbo de rebeldía del kirchnerismo, que intentó arrastrar al tigrense al centro de la pelea con Horacio Rodríguez Larreta por los fondos coparticipables. Fue cuando Wado de Pedro responsabilizó al departamento de Legales de Hacienda, a cargo de Massa, por la restitución de recursos que ordenó la Corte para la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, Massa y De Pedro sellaron una frágil tregua, según voceros que frecuentan los pasillos de la Casa Rosada. Se trata de dos potenciales rivales en una eventual primaria del oficialismo para definir al candidato presidencial. A Massa, sin embargo, se lo escuchó decir que solo se postularía si tiene el consenso de todos los socios de la coalición. Es decir, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“A nosotros nos dijo que piensa jugar si estabiliza la economía. Hoy es el candidato número uno”, buscó despejar dudas un influyente dirigente de la CGT que impulsa un resurgimiento del PJ lejos del kirchnerismo. Massa comenzó a darles señales a quienes lo empujan anticipadamente a la campaña: activó a sus peones del Frente Renovador y el primer paso fue mover a su esposa, Malena Galmarini, que iría por la intendencia de Tigre, y a su cuñado, Sebastián Galmarini, con pretensiones de tallar en el armado electoral de la provincia de Buenos Aires. Ambos administran dos cajas suculentas: AySA y el Banco Provincia, respectivamente.

Más allá de los silencios y las omisiones de Cristina, el choque entre Massa y el kirchnerismo se anticipa inevitable. Las urgencias económicas y la inestabilidad cambiaria son por ahora los factores centrales que mantienen izada la bandera blanca. Sin embargo, comienzan a filtrarse algunos enojos de los aliados más cercanos a la vicepresidenta. Lo de De Pedro y la coparticipación fue en esa línea, confirmaron en el Ministerio del Interior. La tibieza ante la condena a la expresidenta se entiende solo porque está aún fresco el recuerdo de su campaña en 2015. “Voy a meter presos a los corruptos y barrer a los ñoquis de La Cámpora”, dijo el 1° de mayo de ese año, en un acto en la cancha de Vélez. El blanco de sus críticas de entonces son hoy sus aliados.

Cuando Alberto Fernández decidió no acatar el fallo de la Corte por la quita de recursos a la gestión porteña se levantó una ola de rechazos de diferentes cámaras empresariales. Los hombres y mujeres de negocios advirtieron sobre la falta de reglas y garantías y las dificultades para imaginar nuevas inversiones. Los mercados reaccionaron adversos, sobre todo el dólar paralelo, con nuevos picos. Massa intentó calmar los ánimos, principalmente con los empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Su palabra está más devaluada que el peso”, ironizó un industrial.

Los cortocircuitos no son solo con los empresarios. Massa tuvo una tensa comunicación de fin de año con Pablo Moyano. El referente camionero y uno de los jefes de la CGT le recriminó la falta de respuestas a dos reclamos que adoptó como banderas propias: la universalización de las asignaciones familiares y un alivio generalizado del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Sin Cristina en carrera, Pablo Moyano se siente por ahora desorientado en cuanto a los apoyos electorales. Apenas cuestionó al Gobierno con un comunicado light por redes sociales que sirvió para escenificar cierta presión.

Cuando Massa y Moyano cruzaron llamadas el ministro apilaba en su escritorio informes sobre la evolución salarial y la proyección inflacionaria para 2023, calculada en 60%, según la ley de presupuesto. Cruzó mensajes con empresarios y gremialistas para explorar el curso de las primeras paritarias de la temporada: bancarios, colectiveros, comercio y estatales. Desechó una propuesta para avanzar con un acuerdo de precios y salarios, según aseguraron desde su entorno, y dio luz verde para que las negociaciones comiencen con aumentos trimestrales o pagos a cuenta de cifras no remunerativas hasta que el mercado de señales concretas de una desaceleración inflacionaria. Por el momento, la única paritaria sellada en 2023 es la de la Federación de Aceiteros, que obtuvo un 41% por el primer semestre y elevó el sueldo básico de la actividad a $320.000. Los gremios esperan su turno con un anotador en el que registran todas las subas que hay en enero: gas, agua, combustible, transporte y prepagas. Sería apresurado precisar hoy una pauta salarial de referencia.

El Presidente se jacta de haber creado durante su gestión un millón y medio de empleos. La cifra surge de proyectar a todo el país los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y muestra que entre el segundo trimestre de 2019 e igual período de 2022 el número de personas ocupadas aumentó en 1,6 millones. Sin embargo, más de la mitad de los nuevos ocupados se incorporaron al mercado laboral en situación de informalidad y solo el 12,7% como asalariados registrados, según un relevamiento de chequeado. En resumen: cae el desempleo, crece el asalariado no registrado y el cuentapropismo, pero a su vez caen los salarios de manera sostenida. La imposición por decreto del bono de fin de año de $24.000 buscó maquillar el fenómeno al que Cristina Kirchner denominó “trabajadores pobres”.

Axel Kicillof, que aspira a reelegir como gobernador en Buenos Aires, busca diferenciarse y mostrarse como un gestor dadivoso. Durante sus cuatro años de gestión, habrá incorporado a 45.700 nuevos empleados públicos en planta permanente. Su otra carta es la salarial: la paritarias de los estatales en 2022 fue de 97% y se ajustó por la inflación. Walter Correa, el ministro de Trabajo, impulsa ahora una medida que puede tener un fuerte impacto electoral: activar el Consejo del Empleo Municipal, cuya finalidad será tratar de igualar tareas y remuneraciones en los 135 distritos bonaerenses, en los que hay grandes disparidades, según la Federación de Sindicatos Municipales.

A partir del desembarco de Correa, la relación de Kicillof con los sindicatos se enderezó, aunque la mayor sintonía es con los dirigentes que comulgan con el kirchnerismo. Desde hace meses tiene un conflicto con el Sindicato de Peajes que hoy le está ocasionando pérdidas millonarias al gobierno provincial porque las barreras de las rutas que van hacia la Costa Atlántica tienen sus barreras levantadas. La pelea es con Facundo Moyano, que renunció a su banca de diputado del Frente de Todos por sus diferencias con La Cámpora. El hijo del jefe camionero pretende desplazar de la presidencia de Aubasa, la empresa provincial de peajes, a Ricardo Lissalde, un hombre de Massa. Lo responsabiliza de haber quebrado la compañía y haber perdido $5000 millones en 2022. El gremio de los peajes no acató la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo y está expuesto a multas y sanciones, como la pérdida de la personería gremial. Surge una ironía de la disputa: asesora legalmente al gobierno de Kicillof Ignacio Funes de Rioja, el hijo de Daniel, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y uno de los empresarios cuestionado por el kirchnerismo por la suba de los precios de los alimentos.

Detrás del conflicto de Moyano y Kicillof habría una trama de intereses por diferentes negocios vinculados a las concesionarias, además del temor sindical al machetazo de cientos de empleos en una actividad que está en extinción por la automatización de tareas. Se trata ya de un debate más amplio, que puede derivar en la discusión de una reforma laboral, como lo planteó Antonio Aracre, el empresario que asesora a Alberto Fernández. Sobre eso, Massa también prefiere callar. Solo por ahora.

Por Nicolás Balinotti

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