Máximo Kirchner quiere reflotar en dos semanas el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas

Después de un largo suspenso de tres meses, Máximo Kirchner y Carlos Heller, los artífices del anunciado proyecto de ley para gravar las grandes fortunas, finalmente presentarían la iniciativa dentro de dos semanas. Así se lo anticiparon al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Su intención es avanzar con la discusión del texto en la comisión hasta tanto estén dadas las condiciones operativas y políticas para debatirlo en el recinto.

El proyecto, si bien cuenta con un guiño del presidente Alberto Fernández, espera todavía la luz verde del Ministerio de Economía. "El ministro (Martín) Guzmán está por presentar la oferta final de la Argentina a los bonistas extranjeros. Además, está en plena elaboración una reforma tributaria integral. Cualquier reforma tributaria, como es este nuevo impuesto extraordinario, debería ir de la mano con el esquema macroeconómico que plantee el Gobierno para el segundo semestre. Por eso es clave, antes de avanzar, contar con el aval de Guzmán", reconocen en el oficialismo.

Fue en abril último cuando Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, anticipó el proyecto en ciernes. Solo dejó trascender los principales lineamientos del texto pero, según él mismo explicó, se decidió demorar su presentación oficial hasta tanto no estuviera aceitado el funcionamiento de las sesiones remotas en la Cámara de Diputados. Desde que se instrumentó esta modalidad con la pandemia, en los debates virtuales solo se abordaron iniciativas consensuadas entre los bloques, a sabiendas de que el sistema no tolera demasiadas horas de discusión ni que todos los diputados puedan participar en el uso de la palabra, como es propio de las sesiones presenciales.

El problema, en rigor, es que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, ya adelantó su rechazo al proyecto y el oficialismo, en minoría, está forzado al doble trabajo de alcanzar el quorum y de reunir una mayoría agravada de 129 votos positivos para aprobarlo, ya que se trata de la creación de un impuesto. Sus márgenes de acción son estrechos, por lo que la oposición reclama que el debate sea presencial para evitar eventuales maniobras que hagan de la sesión un escándalo.

En la última videoconferencia entre Massa y los jefes de bloque, en la que se pactó la continuidad por un mes más de las sesiones remotas en la Cámara de Diputados, también se acordó que, en este período, solo se abordarán en el recinto aquellos proyectos acordados políticamente. "Esto no inhibe que presentemos nuestro proyecto para gravar las grandes fortunas y que empecemos a debatirlo en comisión", señaló Heller a LA NACION. "No hay problema que presenten el proyecto, pero la discusión en el recinto debe ser presencial", advirtió Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

En el oficialismo están convencidos que, pese a ser minoría, reunirán los votos suficientes para darle media sanción. Según trascendió, la iniciativa propone gravar, por única vez, los patrimonios de las personas físicas (no empresas) superiores a los 200 millones de pesos por medio de una alícuota que variará entre el 2 al 3,5% según la envergadura de ese patrimonio. Para ello, se tomaría como base de cálculo los bienes personales resultantes al 31 de marzo pasado. Según Heller, el universo de contribuyentes de este nuevo impuesto no superará las 12.000 personas y se estima una recaudación de entre 3000 a 4000 millones de dólares.

Ante el rechazo anunciado del bloque de Juntos por el Cambio, que advirtió que esta iniciativa pecaría de confiscatoria porque redundaría en una doble imposición tributaria con el impuesto a los bienes personales, el foco de atención recae en los bloques opositores minoritarios, claves para alcanzar el quorum y darle media sanción al proyecto. El interbloque de Consenso Federal, un mosaico de 11 legisladores que preside Eduardo "Bali" Bucca, anticipó que estaría dispuesto a apoyarlo siempre y cuando el proyecto incluya un capítulo de alivio fiscal a las Pyme financiado con la recaudación que genere este nuevo impuesto.

"Si el Gobierno avanza con gravamen, al menos el 33,33% de la recaudación prevista debería destinarse a sostener a las Pyme. Además, toda creación de un nuevo impuesto debería ir acompañada por la reducción de un tributo ya existente", planteó el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, dirigente muy cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna.

El destino de la recaudación que genere este nuevo impuesto será uno de los puntos de mayor debate. En un primer momento, cuando se anunció el proyecto, se había previsto que lo recaudado por este impuesto extraordinario se destinaría exclusivamente a paliar los efectos de la pandemia con la compra de insumos sanitarios. Sin embargo, con el paso del tiempo (y la emergencia de nuevas necesidades políticas) este capítulo sufrió mutaciones. Según anticipó el diputado Heller, en la última versión están contempladas tres asignaciones específicas:

• El financiamiento de las obras comprometidas por la ley de urbanización de los barrios populares, relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La norma fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri tras un acuerdo con el dirigente social Juan Grabois, líder de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Máximo Kirchner se habría comprometido con Grabois a dinamizar esas obras.
• Créditos blandos a las Pyme. Con este capítulo pretenden acercar posiciones con el bloque de Consenso Federal.
• Compra de insumos sanitarios para atender los efectos de la pandemia. Sin embargo, hay voces en el oficialismo que sugieren que estos gastos continúen siendo atendidos con los recursos del Tesoro y que, con la recaudación de este nuevo impuesto, se apunte a grandes inversiones, como las gasíferas.

Por Laura Serra

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