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Negocios bajo sospecha por la mafia de los remedios
La obra social de Rodríguez fue allanada por Oyarbide en diciembre
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Entre las pilas de expedientes por la mafia de los medicamentos que se acumulan en el juzgado de Norberto Oyarbide hay uno que investiga una obra social pequeña que, no obstante, en los últimos dos años recibió más de 10 millones de pesos del Estado en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad: la Obra Social de Personal de Maestranza (OSPM).
Su titular es Roberto Roger Rodríguez, asesinado ayer.
El 16 de diciembre pasado, las oficinas de la OSPM fueron allanadas. Oyarbide buscaba pruebas de una presunta estafa al Estado, vinculada al manejo de medicamentos de alto costo, sobre todo, oncológicos. En total, fueron 51 las obras sociales sindicales allanadas esa semana.
El juez llegó a Maestranza por el vínculo que esa entidad tenía con la Droguería San Javier, de propiedad del empresario Néstor Lorenzo, que está preso y es uno de los principales acusados de la causa. Esta droguería era la que le proveía los medicamentos a la entidad que dirigía Rodríguez.
Pero su relación no se agotaba allí. Dos informes firmados por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, afirman que la OSPM había cedido de 2006 a 2009 el cobro de todos los reintegros que debía percibir de la Administración de Programas Especiales (APE) a la Droguería San Javier por una deuda anterior. Ese documento, al que accedió La Nacion, fue suscripto por Bellagio el 28 de septiembre de 2009 y hoy forma parte de la causa de Oyarbide. Además de la OSPM, en la lista de las que cedieron sus acreencias figuran otras 16 obras sociales sindicales.
La Justicia busca determinar ahora si esas deudas eran genuinas o si se presentaban informes apócrifos al APE -simulando compras de medicamentos que nunca se adquirieron- para generar un crédito en favor de San Javier y estafar así al Estado.
La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las impulsoras de la investigación, dijo ayer a La Nacion que en 2008 ella había denunciado a la obra social de Maestranza (entre otras obras sociales) por haber presentado troqueles apócrifos para cobrar reembolsos del Estado que no correspondían.
El vínculo con San Javier
"Esta es una de las obras sociales ligadas a la mafia de los medicamentos y la clave está en su vínculo con la Droguería San Javier, de Néstor Lorenzo", dijo Ocaña, quien dijo que para Oyarbide San Javier es uno de los actores principales en la asociación ilícita.
En los últimos tiempos, hubo un fuerte crecimiento de los fondos asignados por APE a la Obra Social del Personal de Maestranza. Según confirmaron fuentes con acceso a los archivos oficiales, en 2008, a la OSPM se le reconocieron unos $ 4.000.000 por casi 500 expedientes presentados; en 2009, $ 3.889.068 (correspondientes a 271 expedientes); en 2010, $ 8.298.667 (por 341 expedientes), y en lo que va de 2011, $ 607.502 (por 17 expedientes).
Por ahora, la investigación de Oyarbide se concentró, con especial énfasis, en la obra social del gremio de los bancarios, cuyo líder es Juan José Zanola. De acuerdo con las pruebas de la causa, se descubrió que esta entidad no sólo había estafado al Estado, sino que además había entregado medicamentos adulterados a sus afiliados.
En la próxima etapa, la Justicia avanzará sobre otras decenas de obras sociales, según anuncian en los tribunales. Los allanamientos dispuestos en diciembre son un paso en este sentido y la obra social de Maestranza será una de las investigadas.
REPERCUSIONES
" La Justicia y el Gobierno debieran preocuparse por determinar el vínculo con la mafia de los medicamentos. Esperamos se esclarezca cuanto antes". GERARDO MORALES. Jefe de Bloque de Senadores - UCR
"La obra social de ese sindicato está vinculada a la mafia de los medicamentos. Recibieron fondos del APE con facturación de Droguería San Javier ". GRACIELA OCAÑA. Ex ministra de Salud.
" Por la forma remite a pensar que se trata nuevamente de un crimen mafioso. Son prácticas corrientes dentro del sindicalismo, que suele dirimir sus problemas a través de la violencia ". PATRICIA BULLRICH. Diputada- Coalición Cívica
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