No apoyar una condena a Nicaragua y Venezuela es desconocer nuestra historia o burlarse de ella

Con el Juicio a las Juntas, a partir de la recuperación de la democracia, la Argentina marcó un hito importante en la historia de los derechos humanos en todo el mundo. Más allá de que hemos avanzado en el reconocimiento de otros derechos, como los de las mujeres , la sanción de la ley del matrimonio igualitario, y otros, desde aquel momento no hemos vuelto a repetir en el país algo de similar significado internacional.

Lo que hace singular ese juicio es que se trata de derechos que solo pueden ser violados por el Estado y, estando todavía presente el riesgo de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad seguían teniendo un poder amenazante, la decisión de someter a los responsables a la Justicia fue un acontecimiento sin precedentes en nuestra historia y en el resto de los países.

Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos no hubiéramos podido subsistir de no haber tenido el apoyo internacional. No solo Amnistía Internacional, que envió observadores a la Argentina, sino la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. que llegó al país en 1979. El informe que hicieron y la presencia de los enviados internacionales fueron una bocanada de aire para quienes estábamos resistiendo la dictadura y le demandábamos la aparición de nuestros seres queridos y se hiciera justicia.

Mirando lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua, con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega, que encarcela a los dirigentes opositores, si a la gente que protesta no se le da apoyo se los deja muy solos.

Tanto en uno como en otro régimen los gobiernos recurren al argumento del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Si el entonces presidente de Estados U nidos, James Carter, no hubiera decidido enviar a Patricia Derian, o no se hubiera referido al respeto por los derechos humanos cuando mantuvo una entrevista con el dictador Jorge Rafael Videla, nuestras organizaciones habrían tenido más dificultades. No respaldar hoy una condena a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela es desconocer nuestra propia historia o burlarse de ella. Y nuestro gobierno lo está haciendo cuando no reconoce el derecho de quienes hoy están denunciando persecuciones.

Es importante tener en cuenta que cuando un país acepta integrar un organismo internacional cede en parte cierto nivel de imperturbabilidad de las fronteras, frente a derechos que solo puede ser violentados por el Estado que tiene todo el poder para garantizarse impunidad.

Cuando hay violaciones a los derechos humanos siempre el Estado va a argumentar el principio de no injerencia. Es lo que decían los militares en la Argentina. Si hay pruebas suficientes y credibilidad en los organismos que hacen las denuncias, como son los casos del Alto Comisionado que conduce Michelle Bachelet y de Amnistia Internacional, corresponde darles crédito. Lo que hace la Argentina hoy es un zigzag que nadie entiende.

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