Miércoles 27 de abril de 2016. Un correo informa que el abogado penalista de Mossack Fonseca pide datos sobre las sociedades offshore "especificamente relacionadas con " FifaGate " y con "la ruta K [sic]". "Sé que están con mil cosas pero si pudieran enviarme esto para el viernes, se los agradecería", cierra. Habían pasado tres semanas de la revelación mundial de los Panama Papers y tanto el estudio jurídico panameño como sus clientes argentinos y de todo el mundo intentaban sobrevivir al impacto de alcance mundial.
Todos intentaron lo mismo: emprolijar sus papeles y construir una defensa jurídica lo más sólida posible ante el eventual llamado de las autoridades tributarias o judiciales de sus países de origen. Por eso, Mossack Fonseca buscó renunciar a miles de sociedades offshore que quedaron bajo la lupa y recopilar datos sobre los verdaderos dueños de infinidad de compañías, sobre las que poco y nada conocía.
Según los nuevos documentos de la filtración impulsada por ICIJ y el Süddeutsche Zeitung, la reacción de Mossack Fonseca impactó en varios clientes argentinos, quienes quedaron expuestos por la filtración e intentaron aclarar su situación.
Uno de ellos fue el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Finanzas, Carlos Augusto Lo Turco, que hoy pasará al área de Legales del Banco Nación, por la fusión de esa cartera con la de Hacienda. Figuró como presidente y director de la empresa panameña Marbira SA, junto con Fernando Azzurro, uno de sus asesores jurídicos en la Secretaría, quien apareció como director y secretario. Según replicó Lo Turco ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, "cada uno tenía el 50% de la sociedad".
Marbira SA se registró el 28 de diciembre del 2006 en Panamá y se dio de baja menos de tres años después, en junio del 2009. Por eso, cuando su nombre apareció en los Panama Papers, Lo Turco contactó a Mossack Fonseca para demostrar que la firma estaba inactiva.
El encargado de tramitar el pedido fue el estudio uruguayo que actuó como intermediario, Fides Capital, que envió un correo electrónico a Mossack Fonseca, el 8 de agosto de 2016. Indicó que los clientes argentinos de Marbira preguntaban si era posible "obtener alguna constancia de que la sociedad está inactiva/dada de baja del registro" y que "nunca operó".
La respuesta fue la esperada. El bufete panameño respondió, también por mail, que la compañía había sido dada de baja y envió la carta requerida a Fides Capital con fecha 15 de agosto de ese año.
Con ese documento en sus manos sobre Marbira SA, Lo Turco lo presentó ante la Oficina Anticorrupción en Argentina como complemento de la presentación de su declaración jurada patrimonial 2016, año que ingresó al entonces Ministerio de Hacienda.
"La firma fue creada para brindar una asesoría legal, vía un estudio mexicano, a una empresa de España que buscaba operar en Latinoamérica", dijo Lo Turco ante la consulta del equipo argentino de los Panama Papers. "Como condición, esta empresa exigía conformar una sociedad en el exterior para canalizar los honorarios y gastos. Pero finalmente el objeto para el que fue creada no se concretó, y no tuvo ningún tipo de actividad ni movimientos".
Otros exfuncionarios argentinos, al parecer, temieron problemas legales. "Producto de la filtración de datos que sufrió Mossack Fonseca algunos accionistas de esta firma se verán en la necesidad de dar explicaciones ante nuestras autoridades fiscales", fue el reclamo que hizo el abogado de los accionistas argentinos de la offshore IT Invest Group Technologies SA. El abogado no lo nombró, pero de acuerdo a los Panama Papers uno de los accionistas de esa compañía era Antonio La Scaleia, extitular del IOMA durante la gestión de Daniel Scioli. También Daniel Burgos, exjefe de gabinete del IOMA y su segundo en la obra social, quien había adquirido papeles de esa sociedad offshore.
Ese mail derivó en una encerrona. Porque tras conocer los problemas que tenían sus clientes en la Argentina, Mossack Fonseca pidió explicaciones una y otra vez al representante, sin obtener una respuesta concreta. Ante esa inacción, Mossack Fonseca se abrió de la operatoria y dejó de se agente de la sociedad.
"La empresa fue para una aplicación de fútbol. El emprendimiento se frustró y tras los Panama Papers se perdió contacto con los inversores", señalaron fuentes al tanto de las tratativas.
"Perdimos contacto"
Los Ciccone registraron en 2009 la sociedad Santa Fe Investments Worldwide SA, en Panamá, con acciones al portador, pero identificaron a tres miembros de la familia como beneficiarios finales: Nicolás Ciccone, cofundador de la imprenta, y sus sobrinas Silvia y Graciela Ciccone.
No obstante, en diciembre 2015, cuando el llamado "caso Ciccone" ya había derivado en una causa penal y el procesamiento de Amado Boudou y Nicolás Ciccone, entre otros, las acciones de la firma offshore pasaron a ser nominativas y un yerno del empresario, Pablo Amato, pasó a figurar como dueño del 50%, sin que surja de los archivos de Mossack Fonseca obtenidos por ICIJ quién quedó como titular de la otra mitad.
Once meses después del estallido de los Panama Papers, en marzo de 2017, el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca le reclamó al estudio uruguayo Casarotti que actuaba como intermediario que le enviara la información faltante sobre los beneficiarios finales y accionistas de Santa Fe Investments.
Como respuesta, sin embargo, el estudio Casarotti le comunicó a Mossack Fonseca que sus clientes evaluaban disolver Santa Fe Investments Worldwide. El bufete panameño, entonces, pidió documentación para proceder al cierre. Pero fue en vano.
Tras varios reclamos, el estudio uruguayo terminó por informarle por correo electrónico a Mossack Fonseca: "Lamentablemente hemos perdido contacto con el cliente". El 5 de mayo de 2016, tras el escándalo de los Panama Papers y ante el silencio de los Ciccone, Mossack Fonseca renunció como agente registrado de Santa Fe Investments.
Los empresarios argentinos protagonistas del FifaGate, Hugo y Mariano Jinkis, también recibieron un cimbronazo derivado de los Panama Papers.
Los empresarios habían tomado relevancia por una firma registrada en el paraíso fiscal de Nieu que habría sido utilizada para firmar un contrato con la FIFA en 2006 para quedarse con la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador. Según surge de los registros internos de Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño recibió una carta de la Comisión de Ingresos de Seychelles (Seychelles Revenue Commision - SRC) en la que solicitaba información sobre Cross Trading, otra de las firmas de los Jinkis.
Mossack Fonseca le transmitió la consulta a un tercer intermediario uruguayo, el estudio Pittaluga. Pero ese bufete contestó que ya había renunciado a brindarle servicios a la sociedad Cross Trading, lo cual resultó verdad. Según cotejaron los ejecutivos panameños, esa firma offshore había sido dada de baja en diciembre de 2015.
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