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Para la Corte Suprema, el juicio político es un tema terminado
El oficialismo aprobó un dictamen acusatorio, pero no tiene los votos para que prospere; la incógnita es si Milei promoverá que se trate en el recinto para un cierre definitivo
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LA NACIONHernán Cappiello
A pesar de que el kirchnerismo forzó la marcha y votó un dictamen para acusar a los jueces de la Corte Suprema, en el máximo tribunal dan por terminado el proceso, ya que el oficialismo no cuenta con los votos en el recinto para hacer un juicio político, e imaginan que Javier Milei, como presidente, promoverá que se someta a votación el proyecto para enterrarlo formalmente.
Públicamente, Milei dijo que le parecía una barbaridad el juicio político y que si Alberto Fernández no lo terminaba, él se iba a encargar de hacerlo. Por otro lado, su designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que el juicio político era “infame”. Cúneo afirmó: “Ese juicio político no tiene andamiaje, ni fáctico ni jurídico, es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente”.
El ministro designado visitó a la Corte, pero juran en los tribunales que no se habló de este tema, sino de los proyectos que tiene Cúneo Libarona para agilizar los procesos en marcha.
En la Corte Suprema informan que no harán comentarios sobre la decisión legislativa de este martes. No obstante, con estas señales del futuro Poder Ejecutivo, en los tribunales consideran cerrado el proceso y entienden que lo ocurrido en el Congreso dejó mensajes políticos que impactan en la Justicia. Por un lado, porque advierten que la Corte, con sus diferencias, soportó la embestida. En un principio, cerró filas y minimizó el impacto de la iniciativa del kirchnerismo, pero luego afloraron las diferencias entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por un lado, y Ricardo Lorezentti, por el otro. Sobre todo, cuando se discutió la gestión de la obra social del Poder Judicial.
El proceso no interfirió en el trabajo de la Corte, que terminará el año con cerca de 9000 sentencias, adelantan.
Tras el proceso, que pretendió esmerilar a los ministros, en Tribunales leen que la Corte quedó fortalecida. Otro dato del juicio político es que finalmente se usaron como parte de la acusación elementos que la propia Justicia tildó de ilegales. En particular, los supuestos chats del teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. De hecho, el kirchnerismo, que terminó promoviendo las acusaciones sobre la base de esos intercambios de mensajes, hoy tiene funcionarios investigados por espionaje ilegal en la causa en la que está preso el expolicía federal Ariel Zanchetta.
El juicio político -con reuniones semanales que se podían seguir porque eran transmitidas- dejó en evidencia las falencias del proceso y la improvisación de los legisladores a la hora de platear un interrogatorio, que alejado de los ritos procesales, pareció un certamen de discursos políticos y chicanas, de tono altisonante y donde los testigos, algunos de ellos jueces, padecieron destratos.
En los tribunales también subrayan que en los cargos que se aprobaron contra los jueces de la Corte hay cuestionamientos al contenido de sus sentencias que están prohibidos e implican una violación a la independencia judicial.
El final de la audiencias dejó en evidencia otro aspecto controversial del proceso. Para conseguir la mayoría de votos, el kirchnerismo tuvo que cambiar a seis integrantes de la comisión. Quedó en evidencia así que legisladores que con toda firmeza habían llevado adelante los interrogatorios a los testigos o que habían defendido con la mayor vehemencia el avance del juicio no estaban de acuerdo con firmar un dictamen acusatorio.
Los legisladores que los reemplazaron asumieron en la Comisión y firmaron por lealtad partidaria. “Al pertenecer a un mismo bloque, los diputados que llegaron se traspasaron el conocimiento de los 274 cuerpos del expediente y las 44.000 fojas por osmosis”, ironizó un funcionario de los tribunales.
Con el dictamen acusatorio aprobado, el nuevo gobierno tendrá dos caminos. Dejarlo guardado un año en un cajón, ya que esa es su vigencia parlamentaria, lo que le permitiría usarlo como un elemento de presión contra la Corte. O que Milei, apenas asuma, incluya mediante sus legisladores en el Congreso el tema en la primera sesión disponible y que se vote, de modo de rechazarlo y dar por cerrado formalmente el caso. Esa es la expectativa que existe en los tribunales.
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