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Peajes: el Gobierno pidió ser querellante en la causa contra exfuncionarios macristas
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LA NACIONCandela Ini
La Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de Gustavo Arrieta, pidió ser querellante en la causa judicial donde se investigan presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol, empresas que estaban vinculadas a la familia Macri, en perjuicio del Estado nacional. El juez del caso, Julián Ercolini, deberá resolver si acepta o rechaza el pedido. El fiscal del caso es Carlos Stornelli.
En esta causa, el exjuez Rodolfo Canicoba Corral procesó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. Canicoba Corral lo hizo días antes de que se hiciera efectiva su jubilación.
Esos procesamientos fueron anulados la semana pasada por la Cámara Federal, cuando los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun expresaron en un fallo que no se les habían exhibido a los acusados las pruebas de los cargos que se les adjudicaron.
En este caso se investiga la prórroga de las concesiones de peajes del Acceso Norte y el Acceso Oeste a empresas que estaban vinculadas con una sociedad relacionada con la familia de Mauricio Macri.
"No quedan dudas que la DNV es la principal y directa afectada por las maniobras investigadas en autos, que comprometen seriamente al Erario Público Nacional. Este argumento por sí mismo sustenta la querella que aquí se peticiona", sostiene Arrieta, exintendente de Cañuelas, en el escrito presentado a la Justicia.
La semana pasada la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la conducción de Carlos Cruz, también pidió constituirse como querellante de esta causa. El organismo anti lavado pidió, además, que se dicte una inhibición general de bienes a las empresas favorecidas con los contratos.
La causa fue iniciada por una denuncia hecha por los diputados kirchneristas Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade, quienes señalaron que las concesionarias firmaron contratos con el Estado a cambio de retirar las demandas que mantenían abiertas ante el Ciadi. Indicaron los denunciantes que esos contratos para extender las concesiones de la empresa Ausol representaban una proyección de 500 millones de dólares para las empresas.
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