Piden que el Consejo de la Magistratura investigue por qué no avanzaron en Rosario causas contra líderes narcos

ROSARIO.– Dos fiscales del fuero provincial de Santa Fe pidieron al Consejo de la Magistratura que evalúe el desempeño de funcionarios de la justicia federal, entre ellos el juez federal Marcelo Bailaque, que en 2013 decidieron no avanzar con una investigación contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El intenso alegato contra el sospechoso desempeño de la Justicia federal de Rosario, que hicieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, se produjo horas antes que cien jueces federales de todo el país y cuatro ministros de la Corte Suprema de la Nación se reúnan en Rosario para analizar el problema del narcotráfico.

Las afirmaciones de los fiscales provinciales provocaron un fuerte impacto en la justicia federal. El desempeño del juez Bailaque está cuestionado desde hace tiempo, pero en el Consejo de la Magistratura nunca avanzaron las investigaciones. En setiembre de 2020 el entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín lo denunció por mal desempeño de sus funciones cuando subrogaba el juzgado federal de Santa Fe y no autorizó un allanamiento a un grupo narco.

En medio del involucramiento de la Corte Suprema en la problemática narco de Rosario las sospechas sobre el mal desempeño del magistrado, puestas de relieve en uno de los juicios más importantes de los últimos años, amenaza provocar ahora otra mirada sobre los puntos oscuros de las investigaciones judiciales.

“Vamos a solicitar que se remitan copias al Consejo de la Magistratura para que se evalúe la conducta de las personas que tenían a cargo esta investigación para que se las investigue al menos administrativamente. Lo que expuso Lencina no es irrelevante para entender cómo contribuyen importantes sectores policiales y judiciales para que se desarrollen actividades de importantes organizaciones criminales como esta. Algunos ya están condenados”, indicó Schiappa Pietra.

Una causa que no avanzaba

En el juicio contra Alvarado, que comenzó en febrero pasado, declaró Emiliano Lencina, quien fue jefe de la PSA en Rosario. Este efectivo indicó que desde 2013 esa fuerza investigaba al narco, pero señaló que la causa no avanzaba. Lencina señaló las complicidades que existían con sectores de la Policía de Santa Fe y el entramado que aparecía con Luis Medina, socio de Alvarado, quien fue asesinado a fines de 2013.

“Lencina explicó cómo fueron los capítulos de esta investigación que tenía como referente a Alvarado. Habló de los 14 informes que presentó a la justicia federal. La causa es la 5433/2013. El juez era Marcelo Bailaque”, apuntó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra y Edery desgranaron que el juez federal Bailaque denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacían sobre los sospechosos. Los fiscales dieron las fechas de esas negativas que se produjeron en 2015. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa porque los sospechosos, dijo Schiappa Pietra, cambian continuamente sus líneas.

Según el investigador de la PSA no había motivos para no profundizar las investigaciones judiciales.

“Lo que expuso Lencina no es irrelevante para entender cómo contribuyen importantes sectores policiales y judiciales para que se desarrollen actividades de importantes organizaciones criminales como esta. Algunos ya están condenados”, indicó Schiappa Pietra.

El caso Alvarado aportó el “porqué” de una historia que no se explica sólo con el crecimiento de las bandas narcocriminales, como la que lideran el acusado y Los Monos, entre otros, sino que tiene ahora un desarrollo lineal más amplio, en otros ámbitos que no están manchados con sangre, como la política y la justicia. La policía, que es otro factor clave, ya había quedado al descubierto como un articulador del mundo criminal.

El valor de los testimonios que se sucedieron desde mediados de febrero en las audiencias dejaron en el terreno de las versiones, las hipótesis y las notas periodísticas las maniobras que prueban que Alvarado tuvo la protección necesaria para ampliar su negocio con una estrategia de destrucción a sus competidores, con la ayuda de un brazo del Estado, con sectores de la policía y la connivencia de la justicia, donde también comulgaron intereses políticos.

Los mismos fiscales, como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que profundizaron una investigación de juego clandestino que llegó el año pasado hasta las entrañas del poder, con el senador Armando Traferri como referente de un sector que supuestamente operaba para la mafia, fueron los que con la investigación al clan Alvarado se zambulleron en otro capítulo aún más ríspido.

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