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Por decreto del gobernador, los funcionarios de San Luis deberán someterse a un narcotest

Le medida firmada por Claudio Poggi se aplicará de forma aleatoria; en caso de dar positivo en las pruebas toxicológicas, serán apartados de su cargo

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Claudio Poggi, gobernador de San Luis
Claudio Poggi, gobernador de San LuisSantiago Filipuzzi - LA NACION

En una medida poco común, el gobierno de San Luis dispuso que todos los funcionarios del Ejecutivo deberán someterse a un “narcotest”. Tras la firma del decreto, el gobernador Claudio Poggi invitó a los demás poderes públicos a sumarse a la iniciativa.

“Tiene que ver con la ejemplaridad y la coherencia que deben ostentar quienes ejercemos políticas públicas”, sostuvo el mandatario provincial.

Según publicó el portal elpuntano.com, Poggi lamentó la imposibilidad de alcanzar el consenso entre los distintos espacios políticos para que esta disposición pudiera convertirse en ley y alcanzar también al Poder Legislativo y al Judicial.

En tanto, el titular del gobierno provincial advirtió que, en caso de que algún funcionario tenga resultados positivos en las pruebas, se procederá a otro examen que hará “una institución pública independiente” y -si se confirma el diagnóstico- “cesará en su función”.

“Son controles para ayudarlos en su trabajo, se harán de una manera aleatoria, incluso podría ser por sorteo, con total reserva de identidad y evitando la discrecionalidad”, remarcó Poggi, quien apunta a tener “un amplio control del personal de la salud pública, el policial y del Servicio Penitenciario.

De acuerdo a la información oficial, “la legislación vigente se aplicará en cada área para ayudar a quien dé positivo en su recuperación, con licencias o las medidas que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud”.

Puntualmente, en el texto oficial, Poggi instó “a aplicar similares controles toxicológicos en los otros poderes del Estado: al Poder Judicial, a sus magistrados y a sus funcionarios; al Legislativo, a sus diputados y senadores; al Tribunal de Cuentas, a sus vocales y funcionarios; y a los intendentes y a sus funcionarios.

Desde la provincia vecina de Mendoza, el diputado radical Julio Cobos celebró el proyecto y definió como “ejemplificadora” la decisión de la administración puntana, que “estableció la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para determinar la presencia de sustancias ilegales -mientras dure la función pública- de las máximas autoridades políticas provinciales”.

“Esta medida es un gran ejemplo a seguir por todos los poderes y por el resto de las provincias, como una forma de aportar en la lucha contra el narcotráfico. Espero que Mendoza avance en igual sentido e incluso que lo discutamos en el Congreso de la Nación”, escribió el exvicepresidente en su cuenta de X.

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