Por falta de acuerdo, la ley contra los barrabravas ya no se sancionará este año

Uno de los proyectos dilectos del Poder Ejecutivo, el que propone agravar las penas contra los barrabravas, deberá esperar al año próximo para ser ley. Después de varias horas de ingentes negociaciones, oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados decidieron postergar hasta el martes 18 el debate de la iniciativa con el objetivo de alcanzar un texto de consenso que facilite su sanción en el Senado.

En la Cámara alta el debate se dará el año próximo, según anticipó Federico Pinedo, presidente provisional.

"Nos faltó muy poco", se lamentó uno de los diputados oficialistas que participó de las reuniones con la oposición. Y argumentó que existen aspectos técnicos que necesitan más tiempo de negociación. No lo admitirá abiertamente el oficialismo, pero lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo, un calco del que presentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años en el Senado, pecaba de punibilidad excesiva. Sobre todo en los nuevos tipos penales que introduce el proyecto -por ejemplo, portación de armas en un estadio, venta de entradas falsas, cuidado de coches sin autorización-, que son castigados con hasta ocho años de prisión.

El Gobierno reflotó la semana pasada la iniciativa luego de los desmanes en las inmediaciones del estadio Monumental que provocaron la postergación del Superclásico entre River y Boca, y que tras una fuerte polémica motivaron la salida de Martín Ocampo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno apuró a los legisladores al incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias y, de inmediato, el oficialismo procuró avanzar.

Las diferencias

Sin embargo, el ímpetu inicial se complicó por las diferencias entre quienes pugnaban para que la mayoría de los delitos cometidos en un espectáculo de fútbol se mantuvieran no excarcelables -como reza el proyecto oficial- y aquellos que insistían en lo contrario.

Después de horas de debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes, oficialistas y opositores arribaron ayer por la mañana a un principio de acuerdo plasmado en un dictamen.

Allí se acordó que, respecto de los delitos ya existentes (como homicidio, lesiones graves, abuso de armas, robo), el mínimo y el máximo de las penas se incrementarían en un tercio por tratarse de ilícitos cometidos en un espectáculo deportivo.

El proyecto original del Ministerio de Seguridad el mínimo se elevaba en dos tercios, lo que hacía que la mayoría de los delitos pasaran a ser no excarcelables.

Además, los legisladores coincidieron en reducir la escala penal en los nuevos delitos introducidos en la norma: en el afán de conseguir consensos se dispuso que la mayoría de los delitos penados fueran excarcelables. Sin embargo, las diferencias y las opiniones de quienes insistían en ser más severos impidieron alcanzar un texto definitivo.

"Tuvimos que reelaborar el proyecto original por la falta de proporcionalidad que había entre las penas que proponía el Poder Ejecutivo para los delitos que se cometen en las canchas y los delitos que se cometen en otros ámbitos".

"El objetivo fue adaptarlo al anteproyecto del Código Penal que el Gobierno va a presentar el año próximo y que ya está listo. Había importantes diferencias entre ambos", enfatizó un diputado oficialista.

Lo cierto es que, pese a sus diferencias partidarias, todos los bloques se comprometieron a buscar el consenso para alcanzar un proyecto único que se debata el martes 18.

La fecha elegida no fue al azar: al día siguiente, el flamante espacio Alternativa Federal, que aglutina al peronismo no kirchnerista, tendrá su primera cita partidaria en Costa Salguero. "Esa semana los diputados de ese sector van a venir a la Capital Federal, así que tendríamos el quorum", confían en el oficialismo.

Otros proyectos

En la sesión de ayer, la Cámara baja pudo avanzar en otras iniciativas incluidas en el temario de sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo.

Sancionó una reforma al Código Procesal Penal, por la cual se incorporaron doce leyes penales sancionadas en los últimos tres años (ver aparte).

Además se aprobó un proyecto por el cual se incorporaron 188 barrios populares a la ley de regularización dominial de villas, y una iniciativa que impone una tasa del 3% a las mutuales y cooperativas financieras y crediticias.