Por un error podría caer una megacausa de lavado de dinero

Una causa que involucra a casas de cambio y denuncias de lavado de dinero supuestamente ligado al narcotráfico y a la corrupción está en riesgo de quedar en la nada.

La investigación menciona, por un lado, operaciones financieras de transferencias de fondos de Carlos Salvatore, preso por la operación antidrogas Carbón Blanco, y por el otro, al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz con la transferencia de US$ 40 millones a empresas offshore, vía Andorra, para comprar centros comerciales y lujosos departamentos en Miami.

El caso se inició en 2014 en Mar del Plata contra un grupo de arbolitos supuestamente ligados a importantes casas de cambio. El fiscal Carlos Gonella, entonces en la procuraduría antilavado, Procelac, impulsó el asunto cuando en el gobierno kirchnerista asociaban a los que compraban dólares en el mercado negro con delincuentes económicos. Eran frecuentes las razias en la City.

El caso avanzó y se profundizó. Lo motorizó la fiscal Laura Mazzaferri, quien logró que en 2016 el juez federal Santiago Inchausti procesara a 25 personas y vinculara a las financieras con el lavado de dinero. Pero la causa, que involucraba a poderosos empresarios y era de alta sensibilidad política y económica, cuando Muñoz aún vivía, quedó en abril de 2017 en la nada.

Es que la Cámara Federal de Mar del Plata anuló todo. Se basó en que un informe de la Gendarmería Nacional contenía errores. Por ejemplo, decía que un empleado pertenecía a una casa de cambio, cuando en realidad era de otra.

Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel entendieron que los gendarmes erraron y que "al confundir esto, la instrucción extiende con esa confusión la hipótesis supuestamente delictiva originaria e inmiscuye firmas que no están involucradas ni pertenecían al objeto procesal primigeniamente investigado".

Así sobreseyeron a todos los acusados, en total 25, y con ello desaparecen las pruebas colectadas sobre operaciones de transferencias al exterior. Se trataba, por un lado, de poderosos personajes ligados al poder y, por otro, de dinero vinculado con la corrupción y el narcotráfico, según investigaciones de la fiscalía.

Pero los fiscales no se amilanaron y llevaron el caso a la instancia superior, la Cámara de Casación Penal. Lo trató la Sala IV, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

El jueves pasado tuvo lugar una audiencia en la que eran tantos y tan poderosos los abogados presentes, que se tuvieron que acomodar en la sala de audiencias más grande de Comodoro Py 2002, que es como un microteatro, con platea y espacio para los abogados y un alto estrado para los jueces.

Había representantes de los estudios jurídicos más importantes de la Argentina, que pugnaban porque el expediente contra sus clientes, los financistas, quedara en la nada.

Los defensores eran Facundo Caparelli, Nicolás D'Albora, Gustavo Marceillac, Alejandro Borawski Chanes, Francisco Goldaracena, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Norberto Marconi, dijo el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte. Del otro lado estaban el fiscal general Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, ambos de la Procelac.

Los involucrados

En la causa se investiga las casas de cambio Trascambio, Anker y Transacciones Agente de Valores. Se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y otros cuatro en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la investigación se estableció que desde Jones Tour se realizaron transferencias por US$ 40 millones mediante empresas offshore que estaban controladas por Sergio Todisco, supuesto testaferro de Muñoz, el ex secretario de Kirchner.

Está acreditado en la causa el movimiento de dinero que pasó por la Banca Privada de Andorra y se usó para comprar shoppings y centros comerciales en Miami. Incluso, los investigadores detectaron los correos electrónicos en los que se mencionan los detalles de las operaciones inmobiliarias.

Las empresas offshore figuraban en los Panamá Papers y su existencia, así como el vínculo con Muñoz, fue revelado el año pasado por la nacion. Parte de la causa vinculada con Muñoz fue enviada por la fiscal Mazzaferri a su colega de Comodoro Py Carlos Stornelli, quien investigaba el patrimonio del ex secretario de Kirchner, fallecido de cáncer el año pasado.

Paralelamente, otras operaciones financieras están relacionadas con el tráfico de estupefacientes, según sospechan los fiscales.

Se trata de los embarques de cocaína que salían de los puertos de Campana, Zárate y Rosario hacia Portugal y España, disimulados en bolsas de carbón.

Por esa causa está preso y condenado el abogado Carlos Salvatore. Se cree que es uno de los jefes que lavó el dinero en la compra de autos y la construcción de tres edificios en Mar del Plata, que están intervenidos por la Justicia. Habría tenido intervención en el lavado, una de las financieras investigadas. Ahora los jueces de la Cámara de Casación deben decidir.