Presentan un nuevo código de ética para regular las conductas de los jueces

Organizaciones de abogados y representantes de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura hicieron una presentación formal para darle impulso y visibilidad a un proyecto que apunta a explicitar un marco de conducta para los jueces nacionales y federales, tanto para el ámbito profesional como para el privado.

La propuesta es alentada por los consejeros Jimena de la Torre (abogada) y Alberto Lugones (juez) y cuenta con el respaldo de los presidentes de tres organizaciones profesionales de abogados: Ricardo Gil Lavedra, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; María Margarita Tschieder, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; y Rosalía Silvestra, por el Colegio de Abogados de la Ciudad.

Todos firmaron la carta que le enviaron este martes al presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Solicitamos que el proyecto sea considerado en el ámbito de las comisiones pertinentes y, oportunamente, elevado al Plenario del Consejo para su tratamiento”, señalan en la misiva.

La formalización del proyecto se conoce luego de que el Consejo aprobara los cargos contra el juez Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el mundo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Se le achaca haber compartido contador con uno líder narco, Esteban Alvarado, y de haber manejado los tiempos judiciales en causas sensibles según la conveniencia de sus amistades.

El nuevo decálogo refuerza principios como la imparcialidad, la independencia y el respeto por el resto de los poderes, y explicita que la conducta de los jueces, dentro y fuera de los tribunales, debe estar marcada por la probidad, la moderación, la austeridad y el decoro, además de tender a enaltecer siempre la judicatura. Las resoluciones que emitan, en tanto, deberán ser escritas con claridad, dice el proyecto, inspirar confianza en la sociedad, reflejar transparencia y ser ejecutadas sin dilaciones.

“Los magistrados tienen el deber de actuar como referentes éticos en la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la consolidación de una cultura de legalidad y justicia”, dice el proyecto.

Algunos de los lineamientos planteados en el proyecto ya estaban diseminados en normativas de distinto orden. El Código de Ética Iberoamericano de la Judicatura, creado en 2006, al que Argentina está adherido, establece que los jueces deben actuar con integridad, diligencia, responsabilidad, entre otros valores, pero su fuerza es meramente declarativa.

El Consejo de la Magistratura, por su parte, es el encargado de supervisar la labor de los jueces y para eso cuenta con un reglamento interno en donde muchos de estos parámetros de conducta están referenciados. También rigen en las provincias distintos Códigos de Ética Judicial que fijan criterios para evaluar el comportamiento de los magistrados, que suelen reflejar los lineamientos básicos del Código Iberoamericano.

El nuevo proyecto, de sancionarse en el plenario, ofrecería un nuevo marco de obligatoriedad con alcance Nacional y Federal, explicaron fuentes que trabajaron en el texto, aunque antes que eso, deberá tratarse en comisiones. “Todavía tiene un recorrido por hacer”, sostienen.

El Código dedica un apartado a consignar la obligatoriedad, para los magistrados, de realizar las presentaciones juradas de bienes y renta; y otro, para remarcar que todas las prácticas extraprofesionales -como el manejo de las redes sociales o la interacción con los medios de comunicación- deben ser compatibles con la “dignidad de la función judicial” y no deben nunca suponer un conflicto de intereses con la administración de justicia.

También afirma que los jueces deberán ser sumamente cautos a la hora de volcar sus opiniones personales sobre temas públicos, procurando que sus apreciaciones nunca sean vistas como expresiones del Poder Judicial.

Por Federico González del Solar

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