Fuerte polémica: deberán pagar más los trabajadores que quieran tener un plan adicional de salud

Merced a su mayoría en la Comisión de Presupuesto, los diputados del Frente de Todos suscribieron el dictamen del presupuesto 2023, el cual llevarán el martes próximo al recinto de la Cámara baja. El interbloque de Juntos por el Cambio se abstuvo de firmarlo tras la catarata de modificaciones que, a último momento, incorporó el oficialismo en el texto. Además, el Frente de Todos rechazó cambios en el artículo que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones al campo, lo que cerró filas en la oposición para no firmar el dictamen. Y se incorporó una propuesta polémica que castiga con un pago extra a los trabajadores que quieran aportar a un plan adicional de salud.

Con el apoyo de bloques aliados y del interbloque Federal –que firmó en disidencia-, el Frente de Todos logró un dictamen de mayoría aunque Carlos Heller, presidente de la comisión, no descartó que se introduzcan nuevos cambios de aquí hacia el debate en el recinto. Por de pronto, el jefe de la bancada, Germán Martínez, logró cerrar filas dentro de la bancada y, tras reforzar varias partidas sociales que habían sufrido recortes en el texto original enviado por Massa, confirmó el apoyo de aquellos legisladores que revisten en el kirchnerismo y en los movimientos sociales.

“Hemos tratado de alcanzar principios de acuerdo con el propósito de recibir el apoyo mayoritario de los bloques”, enfatizó Heller tras detallar las modificaciones al texto. Uno de los cambios más relevantes que fueron introducidos responde a un reclamo de Juntos por el Cambio: una cláusula que restringe al Poder Ejecutivo la asignación de ingresos extrapresupuestarios de manera discrecional si la inflación supera el 60%, pauta proyectada en el proyecto.

“Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”, reza el artículo incorporado.

Además, el artículo indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.

“Hoy tenemos un dictamen mejor que el proyecto enviado por Poder Ejecutivo. Es superador”, enfatizó Martínez, quien reprochó la actitud de Juntos por el Cambio de no firmar el dictamen. “Hicimos un enorme ejercicio de incorporar los aportes provenientes de todos los bloques. Tratemos de acompañar y hagamos lo imposible para que la votación en el recinto sea lo más amplia posible”.

Sin embargo, la principal bancada opositora decidió no firmar el dictamen a la espera de obtener más concesiones del Gobierno de aquí al debate en el recinto. “Agradecemos la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas durante estos días de discusión, pero debemos revisar los artículos impositivos que fueron incorporados para poder avanzar”, enfatizó Danya Tavella, de Evolución Radical.

De todas maneras, salvo la Coalición Cívica y el republicano Ricardo López Murphy –que anticiparon que no acompañarán la iniciativa-, tanto Pro como la UCR y Evolución Radical se muestran por ahora dispuestos a avalar en general el proyecto enviado por Massa. En Juntos por el Cambio impera el ánimo general de no dejar al Gobierno sin presupuesto el año próximo.

Los opositores, en las voces de Luciano Laspina, Tavella, Germana Figueroa Casas, Lisandro Nieri y Ricardo Buryaille, expresaron sus reparos y sus condiciones para apoyar la iniciativa, al menos en la votación en general.

Uno de los puntos clave son las retenciones al campo. El oficialismo pretende que el Poder Ejecutivo recupere la facultad para fijar las alícuotas, medida que es rechazada de plano por Juntos por el Cambio.

“Queremos garantizar que las retenciones no van a subir. En trigo y maíz, el Gobierno todavía tiene márgenes para subir retenciones; si bien hubo un compromiso del ministro de Agricultura (Juan José Bahillo) de no hacerlo, creemos que tiene que quedar clarificado. Además, nosotros proponemos retrotraer a diciembre de 2019 el valor de las alícuotas de las retenciones a la soja, es decir, que vuelva al 30%”, sostuvo Laspina.

En el mismo sentido se expresó Figueroa Casas. “Si se mantiene el artículo, proponemos que se habilite la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las pueda bajar. Proponemos que sea una facultad por cinco años”, insistió la diputada de Pro.

Además, los diputados de Juntos por el Cambio reclaman que se mantenga congelada la planta de personal estatal. “Hoy existe un decreto del Poder Ejecutivo, pero se cumple a medias”, advirtieron. Además, insistieron en que el nuevo blanqueo que propone el Gobierno en el proyecto de presupuesto sea debatido por ley aparte. El beneficio está contemplado en los artículos 71, que permite blanquear capitales mediante la adquisición de viviendas usadas, y el 72, que lo promueve para la adquisición de bienes y servicios.

Una de las modificaciones más sorpresivas incorporadas en el texto enviado por Massa apunta a que los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público paguen el impuesto a las ganancias, más allá de su fecha de incorporación. La iniciativa recibió el apoyo de todos los bloques.

Por el contrario, una propuesta del diputado sindicalista Sergio Palazzo, desató un fuerte rechazo opositor. Se trata de la inclusión de un artículo por el cual se pretende cobrar a las prepagas y obras sociales un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud. En Juntos por el Cambio advirtieron que es un “golpe para la clase media”.

El artículo propuesto por Palazzo dice lo siguiente: “Todo cobro adicional percibido de las obras sociales comprendidas en el artículo uno de la ley 23.660 que exceda el aporte y/o contribución fijada en el artículo 16 de la ley 23.660 deberá tributar un 15% adicional destinado al Fondo Solidario de Redistribución. Exceptúese de lo previsto en este artículo a los mayores aportes que tengan origen en las convenciones colectivas de trabajo y los acuerdos paritarios que tengan por objeto contribución extraordinaria específica a la obra social de la actividad”

“Asimismo -añade- todo cobro percibido por las empresas de medicina prepaga correspondiente a beneficiarios del sistema de obras sociales realizado tanto por el beneficiario como su empleador cuyo objeto sea complementar el costo deberá abonar un 15% adicional destinado al Fondo Solidario de Redistribución. Para dar cumplimiento a este artículo los sujetos comprendidos en el artículo de la ley 26682 serán los agentes de retención de los aportes aludidos debiendo transferir los mismos al Fondo”.

Diputados de Juntos por el Cambio anticiparon su rechazo. “El oficialismo ahora dice que quiere sumar al presupuesto un articulo que aplicaría un recargo del 15% a los que hacen aportes extra a su obra social para mejorar su plan o derivan a una prepaga y pagan una diferencia. Castigan a los que pagan por un servicio que alivia las arcas del Estado no cargando la salud pública y que ya aportan mucho sobre sus sueldos”, advirtió Figueroa Casas.

Por otra parte, ante la presión de los gobernadores, Heller confirmó que se aumentarán de $66 mil millones a $85 mil millones los subsidios destinados al transporte de pasajeros del interior para el año próximo. “Este monto será el piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”, enfatizó Heller.

Además, se crea un consejo federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.

Asimismo, se acordaron las siguientes modificaciones:

• Electrónicos: se aumentarán los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego. Para los productos que se fabriquen en la isla, la alícuota pasará del 6,5% al 10%; para los importados, del 17 al 19%. Juntos por el Cambio anticipó su rechazo.
• Defensa del Consumidor. Se aumentará el monto de las multas para aquellas empresas que incurran en infracciones a la ley de Defensa del Consumidor, las cuales quedaron desactualizadas. Según mencionó Heller, serán del 0,5% al 2000% canastas básicas totales de un hogar tipo 3 que mide el INDEC (la última medición del instituto arrojó $134.853 para este tipo de hogar)
• Bosques nativos. Subirá de $8000 a $9000 millones los fondos destinados a la ley de Bosques, mientras que se incrementará de $500 a 1000 millones los recursos al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
• La Rioja. Se actualizarán los fondos que le corresponden a la provincia en concepto del punto de coparticipación que le corresponde. La cifra será de $46.000 millones a ser transferidos en 12 cuotas iguales.
• Deudas de las provincias con Cammesa. La redacción original planteaba la posibilidad de que las deudas que las provincias tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico sea saldada con fondos de la coparticipación. Ante el rechazo de oficialistas y opositores, el oficialismo accedió a modificar el artículo y acordó que la Secretaría de Energía establezca una “unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito”. Además, se instrumentará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. “Vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”, aclaró Heller.
• Condonación de deudas. Se crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
• Partidas sociales. Heller anunció incrementos en políticas alimentarias por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.
• Educación. A propuesta del diputado Martín Tetaz, de Evolución Radical, el oficialismo aceptó introducir un artículo para deducir los gastos de educación del impuesto a las ganancias. La deducción operará hasta el límite del 40% de la ganancia mínima no imponible y contemplará a los hijos de las familias hasta 24 años inclusive, “en este último caso en la medida que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse”. “Esta medida permitirá que miles de familias puedan seguir apostando al sistema educativo como principal herramienta para el desarrollo del país”, elogió Tavella.

Por Laura Serra

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