Quedó detenido el hombre que rompió a martillazos el dispositivo que controlaba el presentismo en una oficina pública de La Plata

Tras el revuelo que generó el hecho ocurrido ayer, en el que un hombre, acompañado de tres personas rompió brutalmente el sistema biométrico de control de presentismo en una oficina pública de La Plata; el fiscal Juan Cruz Codomí Alcorta, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N16 de La Plata emitió el día de hoy el pedido de cambio de estatuto de aprehensión a detención de Gerardo Javier Currenti, de 43 años de edad.

En el documento, al que tuvo acceso LA NACION, se especificó el delito prima facie, por amenazas, daños y atentado contra la autoridad y coacción agravada. Resultó clave la evidencia de las cámaras de seguridad en el sitio y los testimonios de dos empleados.

El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana cuando el hombre, junto a otros tres matones, ingresaron a la Oficina del Centro Comunal de Los Hornos en la calle 137 entre 64 y 65. Uno de ellos, martillo en mano, destrozó el sistema biométrico de control de presentismo -tanto la pantalla como el servidor-, “intimando a los empleados allí presentes a no cumplir con sus obligaciones de control”, se precisó en la orden judicial de detención a la que tuvo acceso LA NACION.

Luego de denunciar un 56% de ausentismo de los empleados de la Municipalidad de La Plata, el nuevo intendente de la ciudad, Julio Alak (Unión por la Patria) mandó a instalar el sistema, que se aplicó el jueves pasado. Ese mismo día el sistema de control biométrico se utilizó por primera vez y arrojó como resultado que en la delegación de Los Hornos se presentaron a trabajar 144 empleados, sobre un total de 456. Junto a las delegaciones de Villa Elvira y San Carlos, la de Los Hornos integró el podio de las que registraron mayor ausentismo.

Alak auditó la herencia recibida de su antecesor en el cargo de intendente, Julio Garro (Juntos por el Cambio), y denunció ausentismo (36% de empleados que no registran actividad y 20% con carpeta médica), una planta municipal de 12.573 trabajadores que consideró desproporcionada, pago de sueldos a un empleado fallecido, y personas contratadas a pesar de estar condenadas por delitos graves. Garro argumentó que Alak busca una justificación para “echar a 4.000 empleados y poner gente de él para pagarles la campaña”.

“El acto vandálico se llevó a cabo claramente con un fin coactivo de amenaza e intimidación, amedrentando a la empleada administrativa que se encontraba en el lugar y al resto de los agentes municipales”, se indicó en el texto difundido por la intendencia que conduce Alak. “Este no es un hecho aislado, se registra en un contexto de agresión y violencia que se está multiplicando en distintas dependencias comunales ante las políticas impulsadas por la actual gestión para garantizar la transparencia en el municipio”, se añadió.