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Ramiro Gonzalez, el fiscal que investiga el festejo de Olivos, un equilibrista de los tribunales
Nacido y criado en los tribunales, creció al amparo de la jueza Servini; fue secretario electoral y conoce a dirigentes de todo el arco político; investigó a kirchneristas y macristas
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Ramiro González, a cargo de investigar el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos, tiene 56 años y todavía le dicen “nene”. Al menos su “madrina judicial”, la jueza María Servini, su mayor referente en tribunales, a quien a pesar de que la conoce desde hace más de 30 años no tutea.
González es un equilibrista en el mundo de Comodoro Py, donde esta habilidad es un requisito tan necesario como la cintura política para sobrevivir, señala a La Nacion un funcionario judicial que aprecia su buen trato y afabilidad. Cualquier similitud las capacidades de Servini no son mera coincidencia.
González ocupó todos los puestos del escalafón judicial hasta llegar a fiscal federal, cargo que ejerce de esde 2004. Hoy está al frente dsu fiscalía en Comodoro Py 2002 y es además el fiscal electoral tras la muerte de su colega Jorge Di Lello. La jueza federal con competencia electoral en Capital es Servini. No es mera coincidencia.
Tras la muerte de Di Lello es el fiscal que más sabe de legislación electoral, señala un colega suyo. Fue secretario electoral de Servini y allí conoció a dirigentes de todo el arco político, al punto de que cuando fue designado fiscal federal tuvo adhesiones de peronistas, radicales y hasta del socialista Luis Zamora.
Fue secretario electoral de Servini y allí conoció a dirigentes de todo el arco político, al punto de que cuando fue designado fiscal federal tuvo adhesiones de peronistas, radicales y hasta del socialista Luis Zamora.
A Alberto Fernández, quien está en la mira de su tribunal por ser el anfitrión y asistir al cumpleaños de su mujer cuando regía la cuarentena, lo conoció una vez cuando como abogado se acercó a la mesa de entrada de su fiscalía para averiguar sobre una causa que en la fiscalía no recuerdan y lo atendió en su despacho. A Cristina Kirchner dice no conocerla.
Vive entre Chascomús y Buenos Aires y es fanático de los deportes. Juega al básquet, anda en bicicleta alrededor de la laguna y sino se la pasa en el kinesiólogo. Pero especialmente juega una vez por semana al fútbol con quienes fueron sus contemporáneos cuando entró a los tribunales. Es uno de esos funcionarios moldeado en la fragua judicial. El juez federal Ariel Lijo, quien tiene ascendencia sobre algunos magistrados federales, integra ese equipo, jugando al arco donde González se destaca como delantero. Hincha de San Lorenzo se ve todavía con sus antiguos colegas que hoy son jueces o abogados que dejaron la carrera judicial.
En pareja con su mujer desde hace 14 años, tiene dos hijas de este matrimonio y otras dos más grandes de un matrimonio anterior. Las diferencias con su expareja terminaron dirimiéndose en los tribunales. De esa época data una investigación por enriquecimiento ilícito iniciada por un anónimo, que terminó con su sobreseimiento tras un peritaje contable del cuerpo de peritos de la Corte.
Componedor, afable, lo describió un juez federal que lo conoce desde hace décadas. González ingresó en la Justicia en 1988 como meritorio, trabajó en la justicia de instrucción y cuando pasó a la justicia federal ingresó como secretario administrativo de Servini y luego fue secretario a cargo de la secretaria electoral. Se selló un vínculo indestructible. Le dio refugio en la Unidad Fiscal de Medio Ambiente al fallecido fiscal Eduardo Miragaya, amigo de Servini, cuando arreciaban las denuncias en su contra por pertenecer a la AFI. Miragaya quedó envuelto en varias polémicas por su doble rol, como la maniobra para apartar al juez federal Sebastián Casanello del caso Báez.
“Lo tiene zumbando”, describe un funcionario judicial que los conoce a ambos y los aprecia. La propia Servini explicó la relación que los une, en una entrevista con Noticias. Cuando le preguntaron si ella había apadrinado a González , respondió: “No, Ramiro tiene mucha independencia, es una persona que sabe mucho, y lo que tiene es que estuvo muchos años de secretario electoral, entonces como conoce el tema electoral, no necesita usted decirle nada. Si usted pone una persona de afuera que no sabe lo que es electoral y lo pone de electoral, no es fácil aprender. Sobre todo, los días de elecciones y esas cosas. Ramiro es independiente, sabe. Es una persona que sabe mucho de electoral”.
González juró como fiscal federal de Dolores en 2004, cerca de Chascomús. En tribunales recuerdan una fiesta que hizo en su cumpleaños en un campo donde aterrizó un helicóptero. Cuando sus amigos le recuerdan la anécdota, González aclara que el que el que llegó volando no fue él, sino un amigo suyo.
Pidió ser traslado desde la fiscalía de Dolores a Comodoro Py 2002, objetivo que consiguió en 2012 cuando Santiago Gonzalez Warcalde era procurador interino tras la renuncia de Esteban Righi. Para entonces González ya estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Medio Ambiente.
En su carrera judicial, le tocó requerir como fiscal suplente en la investigación de la ruta del dinero K luego de que ese fin de semana Jorge Lanata mostrara por TV las confesiones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña sobre cómo lavaron plata para Lázaro Báez. El dictamen de González obviaba imputar a Báez. Cuando su colega Guillermo Marijuán regresó de vacaciones, incluyó a Báez en el requerimiento. González explicó entonces que se recostó en el dictamen de la fiscalía especializada en lavado (Proselac) que lo obviaba.
Es fiscal de casos sensibles como la denuncia del Gobierno contra Patricia Bullrich porque deslizó que no se firmaba un acuerdo con Pfizer por las vacunas porque había existido un pedido de retorno. González pidió la testimonial de Bullrich que aún no se concretó. También interviene en una causa por supuestos actos de espionaje sobre funcionarios, jueces y fiscales a quienes se indagó en el Gobierno de Cambiemos sobre sus movimientos migratorios.
Con Servini tramitaron juntos una causa por violaciones a los derechos humanos por crímenes del franquismo. Ofició de fiscal con competencia universal en ese caso. Tuvo a su cargo la segunda parte del juicio por la tragedia de Once cuando envió a juicio a Julio de Vido, y a Amado Boudou por la compra de vehículos cuando estaba en el Ministerio de Economía.
Con el juez Sebastián Casanello, con quien hoy lleva el caso de Olivos, tuvo a cargo el caso contra funcionarios de medio ambiente acusados de impedir que fueran inventariados, conocidos, y protegidos, muchos cuerpos de hielo existentes en la zona Lama-Veladero donde se asienta la mina Barrick Gold.
Aún tiene en sus manos un caso de enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, exsegundo de Carlos Zannini. y lo intimó a que justifique sus bienes, incluidos departamentos en Puerto Madero por varios millones de dólares y autos de alta gama.
Elevó a juicio la causa contra Gustavo Cordera por sus expresiones contra la mujer, que terminó con una probation.
Fue el fiscal que investigó las afirmaciones de Miriam Quiroga, exempleada de la Casa Rosada que trabajaba con Néstor Kirchner y dijo haber visto bolsos en la Casa de Gobierno. Pero a pesar de que el fiscal hizo una inspección en la Casa Rosada con el juez Luis Rodríguez, las afirmaciones de Quiroga no se corroboraron y la causa quedó en nada.
Investigó a Mario Quintana, exfuncionario de Cambiemos por eventuales conflictos de interés en la compra de medicamentos para el PAMI. Antes instruyó el caso por las irregularidades en la investigación de la AMIA, tuvo el caso de la venta de drogas en la fiesta de Time Warp, elevó a juicio una causa contra Guillermo Moreno, entre otros expedientes.
Imputados de todas las épocas y los colores políticos, pero nunca como ahora con un presidente y su primera dama en la lista de personas a investigar. Un desafío mayor para sus dotes de equilibrista.
