Rechazan un planteo de Alicia Kirchner

RÍO GALLEGOS.- La gobernadora Alicia Kirchner sufrió un revés judicial en la denuncia iniciada en marzo pasado contra un grupo de jubilados estatales por daños y perjuicios contra edificios públicos por el pago de sus haberes. El juez provincial, Francisco Marinkovic, rechazó la ampliación de la denuncia presentada por el fiscal de Estado por considerar que las pruebas presentadas carecían de rigurosidad.

En marzo pasado, el gobierno provincial radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que desde el año pasado protestan en la calles de la ciudad, en reclamo del pago de haberes atrasados, situación que se agravó este año al no ser considerados en el aumento de $2000, en negro, que dio el gobierno a los activos estatales. Lejos de contemplar la situación de los jubilados, el gobierno los demandó por un monto de $329.400.

Si bien la causa, contra los jubilados fue presentada en marzo, tres meses después, por los paros judiciales, no lograron cumplir con la notificación de las diez personas demandadas. Pese a ello, la causa siguió su curso, y en ella el gobierno de Alicia Kirchner amplió la denuncia, cuyo incidente fue rechazado ayer.

En su ampliación de denuncia, Fernando Tanarro, fiscal de Estado, había denunciado que los jubilados demandados -a quienes consideró reticentes a pagar la reparación de los supuestos daños- repitieron desmanes en el frente del edificio de la Caja de Previsión Social, epicentro de los reclamos. Los acusó de realizar pegatinas en las paredes y de entorpecer el libre tránsito de quienes iban a realizar trámites allí. Y pidió al juez constatar los hechos denunciados.

Sin embargo, nada de lo denunciado fue encontrado por los oficiales de justicia enviados por el juez, quien describió que si bien observó un grupo de manifestantes tocando el redoblante frente al edificio de la caja de jubilaciones, no observó a "ninguna persona realizando en ese momento la pega de carteles". Tampoco percibió "bloqueo alguno de la puerta de ingreso ni daños al exterior del edificio". En tanto, además, detalló que no vislumbró "rotura de cristales, ni la quema de cubiertas" en cercanías del organismo, denunciada por la fiscalía de Alicia Kirchner.

Con estas pruebas el juez resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la fiscalía de Estado y consideró que la prueba acompañada "no tiene suficiente rigurosidad en cuanto al detalle y la posibilidad de vincularla con las personas demandadas".

"Estamos preocupados porque el fiscal de Estado pidió una restricción de acercamiento de parte de los jubilados demandados a la Caja de Previsión Social, que hoy está desestimado, pero en cualquier momento, otro juez podría fallar distinto y no permitirnos acercar al edificio que es de los jubilados"; afirmó a LA NACION, Ana Villarroel, una de las demandadas de la agrupación Jubilados Unidos en Acción.

En la primera presentación, el gobierno provincial solicitó que "los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños" y consideró que existía "un sistemático plan intencional", de provocar daños, basado esto en el uso que hacían los jubilados de las redes sociales.

La denuncia oficial habló de "extrema violencia", ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclaró que "no intenta criminalizar la protesta social , ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar".

Además de Ana Villarroel, están denunciados, Cristina Coronel, Beatriz Constantino, Lucila Hernández, Laura Agüero, Néstor Ripa, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera y Agustín Pérez.