Reclaman una autoridad independiente para la ley de acceso a la información

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Datos Concepción y las fundaciones Conocimiento Abierto, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, entre otras entidades dedicadas a la promoción de la transparencia, reclamaron al gobierno del Frente Cambiemos que modifique el diseño de la autoridad de aplicación de la ley de acceso a la información pública que se apresta a tratar la Cámara de Diputados, donde ya tiene dictamen casi unánime de los distintos bloques.

Según esas entidades, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) que deberá obligar al Poder Ejecutivo a cumplir la ley será designada por ese mismo poder (que además podrá removerlo sin condicionamientos). "Esto significa que quien debe ser controlado tendrá la facultad de remover al que debe controlarlo. Difícilmente esta agencia pueda obligar al Poder Ejecutivo a cumplir, si éste puede quitar de la función a su titular. Y aún si el Poder Ejecutivo nunca lo hiciera, la sola posibilidad de que suceda podría condicionar al titular del órgano de control. Esto pone en serio riesgo el cumplimiento de la Ley", afirmaron las entidades de la sociedad civil en un comunicado.

"Una forma sencilla de salvar este punto y dotar de mayores garantías de independencia a la AAIP es exigiendo el acuerdo del Poder Legislativo para la designación y remoción de su titular. Por eso, más de cien organizaciones sociales están pidiendo que esta sugerencia sea incorporada en la ley", agregaron en el texto, en el que celebran expresamente la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de avanzar con la iniciativa, que alcanzará a los tres poderes del Estado (a diferencia del decreto 1172 que firmó en 2003 el entonces flamante presidente Néstor Kirchner). Las entidades que reclamaron los cambios también destacaron que el proyecto oficial promueve la adopción de políticas de transparencia activa novedosas y que establece principios clave como la gratuidad, la máxima divulgación de la información y la publicación en Internet.

Tras muchos años de bloqueo estatal en el acceso a la información del Estado y manipulación de las estadísticas, los niveles de consenso en torno de la necesidad de contar con una ley de acceso a la información pública son inéditos. Hasta el Frente para la Victoria (FPV), responsable de la oscuridad en la información estatal en la última década tanto en el orden nacional como en varias jurisdicciones provinciales -y especialmente en la provincia de Buenos Aires- acompaña la sanción de esta ley.