Reforma judicial. Adepa sobre la cláusula contra los medios: "Parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción"

En el dictamen del proyecto de reforma judicial, el oficialismo incluyó una cláusula, impulsada por el senador Oscar Parrilli, que obliga a los jueces a denunciar las presiones "de los poderes mediáticos". Ante esto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) consideró que la misma tenía como fin "favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado".

Ya con el dictamen del Senado, en Adepa volvieron a emitir un comunicado donde sostienen que esto forma parte de "normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo", que terminan "desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión". También, vislumbraron un "objetivo de represalia" ante el trabajo periodístico en casos de corrupción. En la versión inicial, enviada por el Poder Ejecutivo, un inciso del artículo 70 obligaba a los magistrados a comunicar "cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole". Ahora, en el dictamen, a los poderes se sumó el "mediático".

También los empresarios reunidos en IDEA reclamaron "un acuerdo político que garantice las condiciones para el debate amplio y plural" para mejorar la Justicia.

Los representantes de la entidad sostuvieron: "La repudiable incorporación de la insólita figura de "presiones mediáticas" en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodística sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia". Sobre eso, agregaron: "Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años".

En la Asociación entienden que la "incorporación de esta figura ambigua y superflua, que solo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país".

El escrito también puntualiza en que uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es auditar a los poderes del Estado e indica: "Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía".

Por último, desde Adepa llamaron a los senadores, que tratarán el proyecto la semana próxima, a reflexionar "sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión" y se comprometieron a transmitir a los diputados su preocupación por la situación "incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa".

El pronunciamiento de IDEA

En su declaración, IDEA advirtió sobre la necesidad de "cuidar la Justicia para asegurar la república".

Sostuvo en un comunicado la necesidad de "asegurar la plena vigencia de los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución nacional, con instituciones sólidas y un Poder Judicial independiente y eficaz, que facilite y amplíe el acceso a la justicia a todos en general y en particular a los sectores más vulnerables".

"Mejorar la Justicia es asegurar su independencia, procurando un equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura a fin de amortiguar la influencia político partidaria en el proceso de selección y remoción de sus jueces y que tal circunstancia se mantenga en el mediano y largo plazo. No se trata de nombres propios, sino de principios claros", dijo la entidad empresaria.

"También resulta imprescindible –añadió IDEA- mantener la actual composición de la Corte Suprema, evitando nuevos cambios en la cantidad de sus miembros a fin de no repetir errores del pasado reciente."