Horacio Rodríguez Larreta no asistirá a la convocatoria del Gobierno para definir el recorte a la ciudad

Antes de Navidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le envió un mensaje por WhatsApp a Horacio Rodríguez Larreta."Sé que sos un hombre de diálogo y consenso, ojalá sigamos trabajando juntos el año que viene", escribió el ministro de Economía, seis días antes de convocar al mismo destinatario a una reunión con el objetivo de "acordar los recursos para el funcionamiento de la Policía traspasada" a la ciudad de Buenos Aires.

El mensaje, y la convocatoria formal de Guzmán y su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, no conmovieron al jefe de gobierno porteño, aún sorprendido y "desencantado" por la ofensiva de la Casa Rosada y el recorte (por decreto en septiembre, por ley el mes último) de unos $65.000 millones en concepto de coparticipación para la policía porteña.

La decisión, hoy, es "no avalar" con presencia de funcionarios porteños esa reunión, que tiene los primeros días de la semana como fechas tentativas y en la que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) actuaría como "árbitro" de la discusión por los fondos.

"No sentimos que se haya restablecido la confianza, no tenemos expectativas, aunque eso no quiere decir que no vamos a trabajar juntos en relación a la pandemia", afirmaron con la desconfianza intacta cerca del jefe de gobierno, que el miércoles (horas antes de la convocatoria) se reunió –sin fotógrafos a la vista– con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para debatir sobre el rebrote de casos de coronavirus en el área metropolitana.

"Tanto el decreto de septiembre como la ley que aprobaron son inconstitucionales. Nuestra presencia en la reunión avalaría el circo", afirmó otro funcionario de la primera línea del Gobierno, que convocó –en el contexto de la ley aprobada el 10 de diciembre– a "la conformación de una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de facultades y funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad". Tanto en el primer caso (quita por decreto del 1,18 por ciento de la coparticipación) como en el segundo (estableció una suma fija de $24.500 millones en doce cuotas para cubrir los gastos de funcionamiento de la policía), el gobierno porteño recurrió a la Corte Suprema.

"El Gobierno, con esta convocatoria preliminar prevista para la semana venidera, reafirma la voluntad de diálogo para definir de manera consensuada el gasto anual que demanda la transferencia efectiva en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", afirmó hace dos días el Ministerio del Interior en relación a la propuesta de negociación, que desde la sede gubernamental de Parque Patricios consideran "amañada" y con nulas chances de alguna concesión para la ciudad.

Cauto luego de varios golpes sucesivos, Rodríguez Larreta consultó anteayer con su mesa chica (Eduardo Macchiavelli, Fernando Straface, Felipe Miguel, Christian Coelho) sobre la convocatoria de Fernández a Olivos. "Después de mucho debatir decidimos que debía ir: era cerrar el año mostrando preocupación por lo que pasa y decir que vuelve la coordinación", contaron desde el entorno de Rodríguez Larreta. La posterior convocatoria de De Pedro y Guzmán no mereció la misma reacción, y es casi un hecho que ni Larreta ni ninguno de sus funcionarios aceptará ese convite.

"Es un partido con un árbitro que ya está puesto (el CFI) y el resultado también", afirma Rodríguez Larreta en relación a la propuesta de negociación. Mientras tanto, espera que la Corte Suprema frene la sangría diaria de fondos que debían haber ido de manera automática a la ciudad en concepto de coparticipación, unos $11.000 millones solo hasta el 10 de diciembre pasado.

El jefe de gobierno porteño tampoco desconoce estar inmerso en la batalla política entre un Gobierno, que aduce que Mauricio Macri lo benefició demasiado durante su gestión (la coparticipación para la ciudad pasó de 1,4% a 3,75%, y luego bajó a 3,50%) y la oposición de Juntos por el Cambio, que aspira a liderar y que habla, al igual que desde su entorno, de "mala intención" del oficialismo, luego de varios meses de trabajo conjunto en la lucha contra la pandemia.