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Se extiende la presión del poder sobre las justicias provinciales
Las reformas judiciales, los proyectos de juicio político y las designaciones de “amigos” se repiten en diferentes provincias gobernadas por distintos partidos políticos
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La agenda política está marcada por el proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández de juicio político a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La oposición rechaza esa maniobra, a la que califica como una ofensiva contra la Justicia, mientras que el ala dura del kirchnerismo también quiere que se reforme por decreto el Consejo de la Magistratura. Más allá de esta disputa sobre el máximo tribunal del país, son muchas las provincias en las que hay cuestionamientos sobre el manejo que el oficialismo hace de la Justicia.
La avanzada del poder político sobre la Justicia es un problema de larga data en la Argentina. En varias provincias -de distintos colores políticos- la oposición acusa a los gobernadores de manipular al Poder Judicial con la intención de controlarlo o de amedrentarlo mediante reformas, intervenciones salariales y pedidos de enjuiciamiento a los magistrados.
Ciudad de Buenos Aires
Pese a los aceitados contactos entre ambas orillas en el plano judicial, el peronismo porteño suele cuestionar a Horacio Rodríguez Larreta por haber “colonizado” el Poder Judicial de la Ciudad. En el Tribunal Superior de Justicia designó, con el apoyo del radicalismo, a Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Desde entonces la Corte porteña emitió varios fallos favorables a la administración de Pro, que gobierna la ciudad desde 2007. Previamente, Mauricio Macri había nombrado a Inés Weinberg De Roca (a quien luego postuló sin éxito como jefa de los fiscales de la Nación).
También en el Consejo de la Magistratura porteño Rodríguez Larreta tiene consejeros aliados, más allá de que su representante formal es Francisco Quintana. Del órgano que selecciona y sanciona a los jueces de la Ciudad surgen los pliegos que luego suelen tener una ágil aprobación en la Legislatura porteña. El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, arrastra viejos vínculos con el Pro tras haberse desempeñado como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el gobierno de Cambiemos.
Chaco
En la provincia se discutió durante una década la intangibilidad de las remuneraciones del Poder Judicial. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del gobierno de Jorge Capitanich: determinó “el pago de la reparación retroactiva desde la fecha de interposición de las demandas” e insistió en que “la intangibilidad de los sueldos de los jueces es una garantía de independencia del Poder Judicial”.
Hace un año, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco calificó la situación de “gravedad institucional inusitada” porque el gobierno provincial “se niega sistemáticamente a cumplir con la ley vigente”.
Jujuy
El gobernador Gerardo Morales amplió la Corte Suprema provincial de cinco a nueve miembros apenas asumió y nombró en ese tribunal a dos de los legisladores -Beatriz Altamirano y Pablo Baca- que votaron a favor de esa iniciativa. La oposición peronista, en ese entonces, también cuestionó la designación del exfiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, nombrado por Morales, quien impulsó fuertemente la acusación contra Milagro Sala. El Poder Ejecutivo jujeño también impulsó una “ola” de juicios políticos a magistrados y logró las renuncias de Clara De Langhe de Falcone, Sergio González y Altamirano. Morales también controla a través de Sergio Lello Sánchez el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
Por otro lado, Morales instituyó el sistema de selección de jueces por concurso y se instrumentó el sistema acusatorio en la justicia penal. También se crearon fueros de violencia de género y ambiental.
Santa Cruz
En setiembre pasado, la mayoría del Frente de Todos en la Legislatura aprobó el pliego de Fernando Basanta, hombre cercano a Máximo Kirchner, como quinto integrante del Tribunal Superior provincial. Desde la oposición cuestionaron que el exministro de Alicia Kirchner, y aportante de su campaña en 2015, no cumple el requisito constitucional de seis años del ejercicio de la profesión para ocupar el cargo.
Néstor Kirchner, cuando era gobernador en 1995, amplió de tres a cinco el número de jueces del Tribunal Superior. Uno de los designados fue Jorge Ballardini, quien había sido asesor general y fiscal de Estado en su gestión. En 1999 nombró a Carlos Zannini, también exministro suyo. También entonces dividió en dos el Ministerio Público provincial y removió al entonces procurador Eduardo Sosa, quien investigaba al gobernador por la contratación de un estudio jurídico para negociar las regalías petroleras con la Nación. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que se lo repusiera en el cargo, que era vitalicio. Nunca se cumplió la orden.
Catamarca
En julio del 2020, con el aval del hoy gobernador Raúl Jalil, el oficialismo sancionó la ley que eliminó el Consejo de la Magistratura y elevó de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial. También creó una Comisión Evaluadora para designar a los jueces: hubo muchos concursos declarados desiertos y se designaron “a dedo” funcionarios, según dice la oposición.
Antes, en 2016, la entonces gobernadora Lucía Corpacci había aumentado los integrantes de la Corte provincial de tres a cinco. Designó como jueza a la hermana del exdiputado nacional y provincial Isauro Molina y a Miguel Figueroa Vicario (exfuncionario). En la segunda ampliación fueron nombrados Fabiana Gómez, esposa del intendente de Fray Mamerto Esquiú, y el exministro de Seguridad provincial Hernán Martell.
“Hay operaciones, favores, desmanejos, todo a cielo abierto, es vox populi. El gobierno de Raúl Jalil aniquiló la independencia del Poder Judicial catamarqueño”, dice Francisco Monti, diputado nacional de la UCR.
Salta
En febrero del 2020, el gobernador Gustavo Sáenz convocó a sesiones extraordinarias para aumentar de siete a nueve los integrantes de la Corte de Justicia provincial. El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta cuestionó la decisión. Se había vencido el mandato de un magistrado y el Ejecutivo optó por ampliar el cuerpo. Dijo que era para “acelerar los trámites”.
Dos de los designados fueron cuestionados: Horacio Aguilar, con “amistad manifiesta” con el exgobernador Juan Manuel Urtubey; asesor legal de Sáenz y defensor del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, en una causa de lesa humanidad; y Alejandra Gauffin, a quien se vinculó con una causa de facturas apócrifas de la Municipalidad de Salta cuando su hermano Pablo era secretario de Hacienda. Además, en 2017 -cuando concursó para jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial- se la acusó de “falta ética” porque habría recibido antes las preguntas del examen.
Mendoza
La oposición cuestiona que el exgobernador Alfredo Cornejo generó un Poder Judicial “adicto”, sea por designaciones en cargos claves como por proyectos de jury de enjuiciamiento a fiscales y jueces que no eran afines a su gestión. El exmandatario intentó, durante su último gobierno, ampliar la Corte pero fracasó en el Senado. Los opositores lo acusaban de querer tener una “Corte adicta”.
Su sucesor, Rodolfo Suarez, también planteó “aggiornar” la Corte de Justicia provincial con una reforma de su funcionamiento para que se organice como un colegio de jueces y no como un tribunal de salas (su forma actual). La iniciativa -que ingresó en setiembre pasado a la Legislatura- implicaría eliminar las salas y generó controversia y resistencia sobre todo entre los peronistas.
La Corte provincial está compuesta por Dalmiro Garay Cueli, Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day -que integran la denominada “mayoría radical”- y Omar Palermo Mario Adaro y Julio Gómez, conocidos como “el bloque peronista”.
La Rioja
La designación, en abril pasado, de Karina Becerra -sobrina del gobernador Ricardo Quintela- en el Superior Tribunal de la provincia desató una ola de críticas. Era secretaria de Justicia del gobierno riojano, hasta entonces era afiliada al PJ y se le estaba por suspender la matrícula por falta de pago, aunque canceló la deuda a último momento. En diciembre de 2021 desembarcó como vocal y solo cuatro meses después quedó como presidenta del máximo tribunal catamarqueño.
Becerra preside también el Consejo de la Magistratura y reconoce, abiertamente, que trabaja para la continuidad del proyecto de Quintela.
Jazmín Sarquis, presidenta del Consejo de Abogados de La Rioja, advirtió: “La situación en el Poder Judicial es sumamente preocupante, vivimos en un medioevo judicial. No hay expediente digital, ni siquiera en la pandemia se actualizó el modelo y, además, hay un aterrizaje escandaloso de la política en la Justicia”.
Formosa
La influencia del gobernador Gildo Insfrán sobre el Poder Judicial provincial es una de las críticas más profundas de la oposición. En 2010, el Obispado de Formosa recusó a todos los jueces inscriptos en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia porque recibieron $1,5 millones del Estado para una nueva sede. El Obispado, que tiene una causa en contra del Estado, lo consideró una dádiva
Gabriela Neme, diputada provincial de JxC, asegura: “Por eso pasó lo que pasó en pandemia. Insfrán tiene la suma del poder público. No hubiera entrado un solo varado si no fuera por la justicia fFederal. Los integrantes del Superior Tribunal son militantes: hay un exministro de Economía, Ricardo Cabrera; un exapoderado del PJ, Marcos Quinteros. Si hubiera jueces independientes Insfrán no sería lo que es. También el Tribunal Electoral está manejado políticamente”.
Neme recordó que en 2003, cuando se reformó la Constitución provincial y se incluyó la reelección indefinida del gobernador, una parte de la oposición fue al Superior Tribunal por entender que existían numerosas irregularidades. El tribunal argumentó que no le corresponde expresarse sobre la Constitución sino sobre leyes; la Corte Suprema de Justicia tampoco se abocó por la “autonomía” de las provincias.
San Luis
Hace un año, el gobernador Alberto Rodríguez Saá propuso al vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Para la oposición directamente fue un “avasallamiento”. Dos meses después, Mones Ruiz pidió retirar su candidatura. La oposición sostiene que el Poder Judicial está “degradado” y “colonizado”. Ahora, Rodríguez Saá eligió a Jorge “Gato” Fernández, un exjuez del máximo tribunal, como candidato para sucederlo en la gobernación.
A mediados del año pasado se reformó la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, creándose fiscalías y defensorías con la designación de 30 funcionarios. “El Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo del Senado, designará provisoriamente a los Fiscales Adjuntos y Defensores Adjuntos” hasta que el Consejo de la Magistratura presente las ternas al Gobernador, plantea la norma.
Claudio Poggi, exgobernador y actual diputado nacional por Pro, sostiene que la Justicia provincial “no es independiente de manera alguna y funciona según los deseos de Rodríguez Saá”. Grafica con la “designación de decenas de fiscales y defensores oficiales adjuntos interinos sin haber pasado por ningún proceso de evaluación; solo bastaba el dedo del gobernador para que esos cargos fueran ocupados por militantes de su partido o cortesanos del poder”.
Respecto del Tribunal Superior, además de la postulación del vicegobernador, menciona ejemplifica con la renuncia a comienzos de este mes del juez Jorge Fernández, quien en febrero asumía como presidente del cuerpo, para ser candidato a gobernador del kirchnerismo. Hasta noviembre del 2020, Fernández fue intendente de Tilisarao, pero “renunció porque el gobernador lo envió a la Justicia”.
Tucumán
De los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, cuatro son exfuncionarios del gobierno local: Daniel Posse (exsecretario de Gobierno) y Eleonora Rodríguez Campos, Antonio Estofán y Daniel Leiva (exfiscales de Estado). “Esto viene siendo así desde la época de (José) Alperovich; en el Consejo de la Magistratura tienen mayoría y si el que sale primero en un concurso no les gusta, nombran al tercero; en la Legislatura también tienen los dos tercios”, dice Beatriz Ávila, senadora nacional por el Partido por la Justicia Social.
A modo de ejemplo, señala el caso de Enrique Pedicone, un exjuez que denunció presiones de la Corte y de Juan Manzur para beneficiar a Ricardo Bussi en una causa por abuso sexual y que fue destituido hace dos años. “A él lo echaron y a Leiva lo premiaron con la presidencia de la Corte”, dice la legisladora.
Desde la oposición también remarcan que esa Corte es “la misma que habilitó” a Manzur a presentarse como candidato a vicegobernador en los comicios provinciales de este año cuando, según interpretan, no podría serlo “porque va contra la Constitución”.
Río Negro
En abril pasado el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó en el Congreso nacional un proyecto para aumentar a 16 el número de miembros de la CSJ y establecer un cupo por regiones del país para garantizar mayor federalismo.
Cuando gobernó Río Negro, en 2012, amplió de tres a cinco miembros el Tribunal Superior de Justicia. En ese momento una de las más fervientes opositoras fue Ana Piccinini, legisladora del Frente Para la Victoria. Un año después fue designada en el organismo Liliana Piccinini, su hermana, quien era procuradora general de la provincia.
Santiago del Estero
Para la oposición existe una “colonización” del Poder Judicial que comenzó cuando Pablo Lanusse, como interventor designado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner, desarmó el esquema judicial que respondía al exgobernador Carlos Juárez y designó magistrados en comisión. Ese sistema permitió, después, reemplazarlos “por decreto”.
“Antes de irse Lanusse le regala a (Gerardo) Zamora los jueces en comisión, por lo que en los siguientes diez años el gobernador construyó la base de su poder con esas designaciones. Incluso cuando se sancionó la ley para el Consejo de la Magistratura se demoró en aplicarla”, dice Alejandro Parnás, diputado provincial de Evolución Radical.
“La oposición tenía un representante en el organismo, pero Zamora dividió su fuerza en dos listas legislativas y se quedó con los puestos que le corresponden a la minoría tanto ahí como en otros cuerpos de control”, agregó, una maniobra similar a la que intentó dos veces la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado. “Hoy no hay representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, todos responden al Gobernador”, completó, para señalar que la misma “cooptación” se observa en los tribunales federales de Santiago del Estero.
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