
Senado: el oficialismo logró el apoyo de aliados para avanzar con el tratado de patentes
El acuerdo, que lleva 28 años demorado en el Congreso, obtuvo dictamen en dos comisiones y quedó en condiciones de ser ratificado en la próxima sesión de la Cámara alta
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El controvertido Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo tratamiento lleva casi 30 años demorado en el Congreso y su aprobación es reclamada por los Estados Unidos, quedó esta tarde a un paso de ser ratificado por el Congreso al recibir dictamen luego de ser discutido en una reunión plenaria de dos comisiones del Senado.
Tras el encuentro, en el que expusieron representantes de cámaras empresarias y de fundaciones que se oponen a su aprobación, el oficialismo logró reunir el apoyo de los bloques dialoguistas necesarios para darle dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio.
De esta manera, el texto quedó en condiciones de convertirse en uno de los platos fuertes de la próxima sesión del Senado, que el oficialismo pretendería convocar para el jueves venidero.
El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permite presentar una única solicitud internacional de patente con efectos iniciales en los países adheridos.
El mecanismo no crea una “patente mundial” ni reemplaza la decisión de las autoridades nacionales, pero unifica la etapa inicial y facilita la búsqueda, la publicación y la evaluación preliminar de las invenciones.
Entre sus principales herramientas, el tratado contempla una búsqueda internacional de antecedentes técnicos y, a pedido del solicitante, un examen preliminar no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la creación. Esa información permite evaluar con mayor anticipación las posibilidades de obtener protección antes de ingresar en las etapas nacionales.
Una vez cumplida la fase internacional, el interesado debe continuar el trámite en cada jurisdicción elegida, presentar las traducciones requeridas, abonar las tasas correspondientes y cumplir con la legislación local. Cada oficina conserva la potestad de conceder o rechazar la patente.
El expediente llegó al Senado después de haber sido aprobado por Diputados el 27 de agosto pasado, cámara en la que permaneció congelado por 28 años luego de que el Senado lo aprobara en 1998. El tratado que había sido rubricado por la Argentina en 1970.
Sin embargo, como Diputados introdujo una modificación al texto, la iniciativa regresó a la Cámara alta en segunda revisión. Ese cambio fue aceptado esta tarde por los senadores.
El cambio consiste en una reserva sobre el Capítulo II del PCT, que regula el procedimiento de examen preliminar internacional, una instancia técnica optativa para evaluar anticipadamente las posibilidades de patentar una invención.
Con esa reserva, la Argentina no aplicaría ese examen preliminar internacional, mientras que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantendrá íntegramente el análisis de fondo en el país.
La discusión en el plenario de comisiones del Senado expuso posiciones enfrentadas entre quienes defienden la adhesión al tratado como una puerta para la exportación de desarrollos argentinos. Además, sostienen que reducirá las gestiones iniciales para científicos, pymes, universidades y centros de investigación.

Los sectores críticos, en cambio, plantearon reparos por su posible efecto sobre los precios de los medicamentos cuyas patentes quedarían en condiciones de monopolio y reclamaron preservar la capacidad nacional de examinar las solicitudes. Una preocupación similar manifiestan en la producción de semillas.
En términos prácticos, el PCT funciona como una puerta de entrada común para comenzar el trámite en los Estados adheridos, pero no altera los requisitos para patentar previstos por la legislación argentina.
Tampoco extiende automáticamente al país derechos concedidos en el exterior: la autoridad local seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la última palabra sobre su otorgamiento.
La adhesión apunta a reducir duplicaciones administrativas, ordenar los procedimientos y ampliar el plazo disponible para que inventores, empresas y centros de investigación definan en qué mercados procurarán proteger sus desarrollos.
Con el dictamen de comisión, el proyecto supera una instancia central del debate legislativo y aguarda su tratamiento en el recinto.
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