Senado: por problemas de salud de una oficialista se frustra la sesión para nombrar jueces y tratar la reforma de alquileres
Se trata de la sanjuanina Cristina López Valverde; sin su presencia el oficialismo no tendría los votos para aprobar los pliegos de 70 candidatos judiciales, entre los que estaba el de la exjueza Figueroa, aún cuando le sobran votos para debatir el proyecto que aprobó Diputados
LA NACION
El mismo día que la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, decidió reabrir la causa Hotesur-Los Sauces y obligar a Cristina Kirchner a enfrentar un nuevo juicio por denuncias de corrupción, el oficialismo debió postergar hasta la semana próxima la sesión en la que el Senado tenía previsto tratar esta semana las modificaciones a la ley de alquileres, reunión en la que el kirchnerismo tenía pensado avanzar con la aprobación de más de 70 nombramientos judiciales que la oposición denuncia como parte de una maniobra de la vicepresidenta para colonizar la justicia.
El debate de la ley de alquileres era el Caballo de Troya con el que el oficialismo pretendía impulsar la aprobación de la prórroga por cinco años en su cargo a la exjueza Ana María Figueroa, quien hasta principios de agosto integraba la sala de la Cámara de Casación que definió la reapertura de la causa y la realización de un juicio oral por las causas Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a la vicepresidenta y a su hijo Máximo Kirchner por maniobras de lavado de dinero con los hoteles de la familia. El fallo también decidió que se avance con el proceso por la firma del Memorándum con Irán.
De estrechos vínculos con el kirchnerismo, al extremo de sostener que Cristina Kirchner es víctima de una persecución judicial, Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto último, edad a la que los jueces deben jubilarse si no consiguen un nuevo acuerdo del Senado que extienda su magistratura por cinco años, según lo establece la Constitución Nacional.
El kirchnerismo intentó en dos oportunidades aprobarle el pliego, enviado a la Cámara alta por el Poder Ejecutivo en abril último, pero fracasó en reunir el quorum para abrir una sesión en ambos oportunidades ante el bloqueo de Juntos por el Cambio y las diferencias con senadores del peronismo disidente, integrantes del bloque Unidad Federal, de fuerzas provinciales aliadas del oficialismo en los últimos cuatro años.
Tras cumplir Figueroa los 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado, los otros integrantes de la Cámara de Casación penal enviaron una nota a la Corte Suprema comunicándole que la entonces magistrada “podría haber cesado” en sus funciones. Hace diez días, el máximo tribunal le puso un punto final a la situación y declaró el cese de la camarista.
Ahora, con un tema de alta sensibilidad social como los cambios a la ley de alquileres como incentivo para garantizarse el quorum, el oficialismo pretendía avanzar con la aprobación de los nombramientos judiciales, entre los que planeaba incluir el pliego de Figueroa y entablar, así, un conflicto de poderes con la Corte Suprema de Justicia.
El fallo de Barroetaveña y Petrone encontró a Cristina Kirchner en su despacho, ejerciendo la presidencia de la Nación ante la ausencia del país de Alberto Fernández. Al momento de conocerse la decisión, la vicepresidenta era la única presente en una Cámara alta desierta. Abandonó sus oficinas poco después de las 19 sin formular declaraciones sobre la medida judicial.
Sesión suspendida
La suspensión de la sesión fue confirmada a LA NACION un par de horas antes de que se conociera el fallo de Casación por la senadora oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien precisó que la decisión de postergar el debate para la semana próxima se tomó debido a que su compañera de bloque Cristina López Valverde (San Juan) no podrá asistir esta semana al Senado por problemas de salud.
La decisión tomó por sorpresa a la conducción de Juntos por el Cambio, ya que ninguna autoridad del Frente de Todos les había comunicado la suspensión de la sesión. Consultado por este diario, un legislador de la principal bancada opositora de la Cámara alta vinculó la medida con el golpe que implicó para el peronismo la derrota en la elección provincial de Chaco, donde el radical Leandro Zdero desbancó al actual gobernador, Jorge Capitanich, que apostaba por su reelección.
En otro despacho, también se relacionó la postergación del debate con los pliegos judiciales que tanto le interesan aprobar al oficialismo y a la vicepresidenta. “Para aprobar alquileres les sobran votos, ya que sus aliados provinciales y los peronistas federales apoyaron el dictamen; el tema es que sin uno propio no tienen los votos para darle acuerdo a los jueces”, explicó un senador opositor.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de agosto último gracias a la unión de los bloques de la oposición que, ante la presión generada por la crisis de oferta de viviendas para alquilar, lograron imponer su criterio a pesar del rechazo del kirchnerismo, que se negaba a cambiar la polémica norma.
En su paso por la Cámara alta, donde fue tratada durante las últimas dos semanas por las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo decidió tomar el guante y modificó el texto aprobado en Diputados.
El dictamen de mayoría que impulsa el Frente de Todos mantiene las casi totalidad de las condiciones establecidas en la ley vigente, a la que muchos sectores culpan por la sequía de oferta de inmuebles, y sólo modifica los plazos de actualización, permite que se hagan cada seis meses si hay acuerdo de partes, y el índice que se debe aplicar, reemplazando el actual ICL por el coeficiente Casa Propia creado por el Gobierno y que toma en cuenta el número más bajo entre el índice de variación salarial y el de inflación del último año.
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