Sin destino, la causa por el contrabando de municiones contra Macri rebota entre tres jueces

La causa donde se investiga al expresidente Mauricio Macri, a cuatro de sus ministros y a exaltos jefes de la Gendarmería Nacional por el envío de municiones a Bolivia tras la renuncia de Evo Morales sigue rebotando de juez en juez, sin que nadie se quede definitivamente con el expediente.

El caso comenzó a ser investigado el 13 de julio pasado por el juez en lo penal Económico Javier López Biscayart, que entendió en una denuncia del Gobierno, con la firma de la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y Mercedes marcó del Pont, titular de la AFIP. Pero unos minutos antes se había presentado el excamarista Eduardo Freiler con una denuncia similar, que había recaído en el juzgado de Alejandro Catania.

López Biscayart envió entonces el expediente a su colega Catania, en el entendimiento de que por una cuestión de minutos había empezado a actuar en primer lugar. Pero Catania no aceptó la competencia y se trabó una contienda que fue resuelta por la Cámara en lo Penal Económico. La camarista Carolina Robiglio resolvió que Catania sea quien continuara a cargo de la investigación por el contrabando de armas y municiones a Bolivia.

Pero ahora el juez Catania decidió que tampoco le corresponde seguir a él con la causa. Y esto es debido a que interpreta que el primer acto de esta investigación no es la denuncia, en sí misma, sino los sumarios administrativos que ordenó efectuar la exministra Frederic a la Gendarmería Nacional, el 8 de julio, y que se continuaron con otras actuaciones que ocurrieron el 11 de julio.

Por eso es que el juez Catania, citando numerosa jurisprudencia del fuero, entendió que esta causa le corresponde al juez penal económico de turno en esas fechas, que era Ezequiel Berón de Astrada.

Ahora será este juez el que debe decidir si admite este asunto o si se la devuelve a su colega Catania

En esta causa se investiga a Macri, a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad; al exjefe de gabinete Marcos Peña, al exministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie, al exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Fulvio Pompeo y al entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García. El expediente también apunta al exdirector general de la Gendarmería Nacional Gerardo José Otero y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, por posible contrabando de armas y municiones a Bolivia ocurrido el 12 de noviembre de 2019.

Lo que se investiga es el envío de municiones a Bolivia después de la llegada al poder de Jeanine Áñez. La causa se inició luego de que la cancillería boliviana diera a conocer una nota de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz, por el envío a la nación andina de una gran cantidad de municiones.

La denuncia sostiene además que ese envío se justificó con el pretexto de “proteger” la delegación diplomática argentina en La Paz, en un momento de alta conmoción social y política, pero que en los hechos el material “se apoyó un golpe de Estado” contra Evo Morales en el país vecino.

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