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Sturzenegger explicó el alcance que tendrá la baja de los sueldos jerárquicos de ARCA
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró la medida y dio las razones para llevarla a cabo
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LA NACION
Luego de que el Gobierno anunciara una reducción del 80% en los sueldos del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del resto de directores generales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los motivos de la medida publicada este martes en el decreto 13/2025 del Boletín Oficial. “Los proyectos adecúan la estructura, pero sobre todo la participación de la estructura directiva en la llamada ‘Cuenta de Jerarquización’, un bono para funcionarios de ARCA que había sido creado en la presidencia de Fernando de la Rúa”, indicó.
Y añadió: “La idea de la Cuenta de Jerarquización era generar un ‘premio’ por productividad: más recaudación de ARCA, más sueldo para los empleados del organismo. Como economistas creemos en los incentivos, pero el problema es que esa norma se produjo inmediatamente previo a la escalada impositiva que impuso el kirchnerismo como contraparte a su expansión exorbitante del gasto. El resultado fue una compensación exorbitante que era necesario adecuar”.
De esta forma, expresó que al acotar el pago para una porción del personal se logra “reducir el porcentaje de recaudación que es necesario afectar al propio organismo”. “El monto a tal fin, que antes de junio de 2024 era del 0,75%, ahora queda en 0,60%. Es decir que, por el ordenamiento del ente recaudador, el Gobierno ya recuperó un 0,15% de la recaudación total”, celebró.
“Para complementar, la resolución 3/25 también impulsa un plan de retiros voluntarios con un tope de 1500 agentes. La adecuación del gasto avanza. Y como siempre dijimos, un Estado más eficiente implicará menos impuestos”, cerró.
La medida había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a última hora de este lunes, cuando aseguró que con esta decisión “se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”. Asimismo, destacó: “El Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%”.
Esta decisión corresponde a los planes iniciales que el Gobierno tenía para ARCA cuando se convirtió en el reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con el objetivo de simplificar y optimizar su operabilidad.
La eliminación de esta Cuenta de Jerarquización para los altos cargos implica que el salario del titular del organismo, Juan Pazo, se reduciría de $32 millones mensuales a $4 millones. De esta manera, las tres principales autoridades del organismo dejan de percibir ese porcentaje. Lo mismo ocurrirá con los salarios de los Directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA). Hasta el momento, percibían $17 millones y pasarán a cobrar un sueldo equivalente al de un secretario de la Nación, según informó el Gobierno.
La polémica con Andrés Vázquez
Esta medida ocurre en medio de la polémica que involucra al nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez. El funcionario ascendió a su pareja a un cargo público preferencial, con una suba salarial de varios millones de pesos, según fuentes del organismo que consultó LA NACION.
Al momento de promover a María Eugenia Fanelli -que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires-, Vázquez llevaba sólo una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial del 25 de octubre.
El mes pasado, Vázquez había sido denunciado en la Justicia a raíz de una investigación de LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos 2 millones de dólares, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de 1,6 millón de dólares.
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