Tiene media sanción el control de Papel Prensa

Después de siete horas de un debate intenso, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados y sus aliados aprobaron ayer el proyecto de ley del Gobierno , que establece severas regulaciones estatales a la producción, comercialización y distribución de papel de diario en la Argentina. Al mismo tiempo, habilita al Estado a tomar el control accionario de la empresa privada Papel Prensa, cuyos propietarios son Clarín, LA NACION y el propio Estado.

La iniciativa se aprobó con el apoyo solitario del kirchnerismo y sus aliados, que se impusieron con 134 votos frente a 93 votos de la oposición y 12 abstenciones, también opositoras. El proyecto fue girado de inmediato al Senado, donde anoche mismo obtuvo dictamen de comisión en un trámite inusualmente veloz.

La oposición, representada por la UCR, el Frente Peronista, sectores del Frente Amplio Progresista (FAP), Pro, la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios, rechazó los argumentos oficialistas y calificó el proyecto oficialista de "inconstitucional" y "confiscatorio" de la propiedad privada.

La celeridad con que el Gobierno pretende convertirlo en ley quedó demostrada por la tarde: cuando faltaban más de dos horas de debate en Diputados, el kirchnerismo del Senado ya había citado a la Comisión de Medios de Comunicación para las 21, con el fin de sacar dictamen antes de la medianoche. La obsesión es ofrendarle la ley a la presidenta Cristina Kirchner antes de Navidad. Los diputados oficialistas festejaron de pie y con aplausos el final de un debate caldeado, con algunos cruces hacia el final que no pasaron a mayores. En defensa del proyecto, el kirchnerismo exaltó que la iniciativa propicia un acceso más equitativo, a un precio igualitario, del principal insumo de la prensa gráfica, el papel. Calificaron de monopólica a la empresa Papel Prensa y cuestionaron supuestas prácticas dominantes ejercidas en el pasado que, a su juicio, perjudicaron a un sinnúmero de medios pequeños del interior.

"Este proyecto salda una situación muy inequitativa de hace tres décadas, y cuyo objetivo es garantizar la libertad de imprenta de todos quienes necesiten este insumo para expresar sus ideas", arrancó la oficialista Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio, quien aclaró que la iniciativa fue respaldada por más de 120 expositores en audiencias públicas. "Los que no vinieron fue porque no quisieron. Me refiero a LA NACION y Clarín", enfatizó.

La oposición refutó los argumentos oficialistas. "No podemos bancar una ilegalidad; este proyecto encubre un interés confiscatorio, lo que está prohibido por la Constitución. El Estado debe garantizar el libre acceso al papel, pero eso debe realizarse dentro de la ley. Este proyecto podría aplicarse para otros sectores de la economía, pero no es tolerable en materia de libertad de prensa", dijo Margarita Stolbizer (FAP).

Revancha

Desde la UCR, Juan Tunessi y Ricardo Alfonsín relativizaron que el Gobierno pretenda alentar la libertad de expresión cuando, antes de su disputa con Clarín, le autorizaron la fusión entre las firmas Cablevisión y Multicanal. "¡Asúmanlo, lo que quieren es estatizar Papel Prensa!", atizó Tunessi, mientras el jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, se preguntaba: "¿Por qué regular a la única empresa (Papel Prensa) con amenaza de llegar a la apropiación? Porque esto es revancha. Esto es una pelea de socios, de la cual somos ajenos".

"Esto revela una enorme debilidad del relato oficial y, por eso, el Gobierno quiere acallar a los que critican", dijo Oscar Aguad.

La mayoría de los bloques planteó que si en verdad el Gobierno pretende desarticular un monopolio, podría apelar a herramientas ya existentes, como la ley de defensa de la competencia.

"El Gobierno podría constituir un tribunal previsto por esa ley para que pueda sancionar cualquier comportamiento monopólico", insistió Carlos Comi (Coalición Cívica). "Es evidente que este proyecto habilita la intervención gubernamental, como sucede con la pauta oficial, para presionar, castigar y premiar actitudes serviles al poder hegemónico", asestó Gabriela Michetti (Pro).

"La libertad de expresión es el derecho a la vida y al sistema republicano", exclamó Gustavo Ferrari (Peronismo Federal). "La verdadera intención oficialista es declarar de interés público al libre pensamiento para que el Estado pueda controlarlo", abonó su par Eduardo Amadeo.

Además de sus aliados, el oficialismo contó con el apoyo de dos diputados que respondían a Carlos Reutemann: Celia Arena y Carlos Forconi. Los cordobeses que responden a José Manuel de la Sota se ausentaron. Quienes se abstuvieron fueron Proyecto Sur, Unidad Popular (Claudio Lozano) y el bloque de Felipe Solá.

"Lo que queremos es que esta actividad tenga un marco regulatorio para un fin superior: garantizar la libertad de prensa en la Argentina", finalizó Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista, antes de la votación.

Qué dice la iniciativa

• Abastecimiento . Obliga a la empresa Papel Prensa a operar a pleno de su capacidad operativa y ejecutar, cada tres años, un plan de inversiones para satisfacer la demanda interna. Si no pudiera cumplirlo, el Estado puede realizar los aportes necesarios que servirán para acrecentar su participación accionaria en la empresa.

• Vigilancia . Economía será la autoridad de aplicación de la ley. En caso de incumplimiento, las sanciones irán desde el apercibimiento hasta la clausura.

• Precio . Los fabricantes deberán ofrecer un precio único de venta de papel de acuerdo con una fórmula que impone el proyecto.