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Tragedia de Once: la Oficina Anticorrupción pidió 10 años de prisión para Julio De Vido
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LA NACION
En una de las últimas audiencias en el juicio por la Tragedia de Once , el accidente del tren Sarmiento en el que murieron 51 personas, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió que se condene a 10 años de prisión al exministro de Planificación, Julio De Vido .
"Solicitamos que se condene a Julio De Vido a la pena de 10 años de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de estrago culposo", dijeron los letrados de la OA ante el tribunal oral que lleva adelante el juicio y agregaron: "Calificamos las conductas de De Vido como constitutivas de los delitos de administración infiel agravados por haberse cometidos en perjuicio de una administración pública en calidad de participes necesarios".
En este proceso, De Vido está siendo juzgado junto con Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). En este caso, la OA consideró que "la pasiva actitud adoptada por Simeonoff permitió que TBA a través de su maniobra delictiva, en perjuicio del patrimonio estatal y del deterioro de los bienes dados en concesión, pusiera en riesgo la seguridad de los pasajeros". La pena, en este caso es de 3 años y 3 meses e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
La OA incorporó documentación que prueba que Julio De Vido estaba al tanto de las graves irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de la línea Sarmiento. Así, se agregaron a la causa informes de la SIGEN que dan cuenta de cómo De Vido tuvo conocimiento acerca del estado deplorable del tren operado por TBA. El informe también detalla la política de desmantelamiento que adoptara la empresa concesionaria. Los informes señalan irregularidades que se repiten a los largo de los años, al menos desde 2006.
En la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012, murieron 51 personas, una de ellas embarazada, y 789 resultaron heridas. El juicio atraviesa su tramo final y se espera la sentencia para los próximos meses.
En los primeros alegados, abogados de víctimas habían pedido pena de cuatro años y seis meses de prisión por ser coautor del delito de administración fraudulenta. Además, habían solicitado que fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos.
LA NACION
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