Tras los incidentes en el Congreso, rechazarían los artículos que pide Bullrich para dar mayor respaldo a las fuerzas de seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, corre serio riesgo de que la Cámara de Diputados rechace in totum el capítulo con atribuciones especiales contenidas en el megaproyecto de ley del Gobierno, actualmente en debate. Luego de dos jornadas consecutivas de choques entre manifestantes de izquierda y las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, buena parte del radicalismo y sectores del bloque Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto, anticiparon su rechazo a los artículos que modifican el Código Penal en lo referido a cuestiones como “legítima defensa” y “resistencia a la autoridad”.

“El despliegue de la Policía Federal, de la Gendarmería y de Prefectura en las inmediaciones del Congreso para contener las protestas por la ley ómnibus fue excesivo, desproporcionado, pocas veces visto. Pareció una provocación. Por solo cantar el himno una militante radical fue detenida. No le vamos a votar a Bullrich el capítulo sobre seguridad contenido en la ley ómnibus”, fue el mensaje que trascendió del bloque que comanda Rodrigo De Loredo.

Bullrich se defendió de las críticas y defendió el operativo de seguridad desplegado en el Congreso. “No es desmesurado. El operativo nos permite que las fuerzas de seguridad tengan el control. Si no tienen el control, terminamos en un desastre. Las fuerzas de seguridad se evalúan de acuerdo a la violencia, a la agresividad de quienes ya nos han acostumbrado a tomar la decisión de romper todo. En esta decisión de romper todo, nosotros ponemos la fuerza que, precisamente, lo que logran es no tener ningún grado de violencia”, enfatizó.

Puertas adentro del Congreso, sin embargo, los propios bloques opositores dialoguistas critican, por excesivo, el despliegue de seguridad ordenado por Bullrich. En el radicalismo, quienes dudaban en acompañar el capítulo referido a seguridad contenido en el megaproyecto de ley ahora reclaman que sea retirado del texto o de lo contrario votarán en contra. Se descuenta que el bloque de Unión por la Patria se sumará al rechazo. Tampoco acompañará un sector del bloque Hacemos Coalición Federal. Sin estos votos, la votación sobre el capítulo sobre seguridad se encamina hacia una derrota.

En la iniciativa, la ministra Bullrich propone que se modifiquen varios artículos del Código Penal para endurecer penas por distintos delitos. Uno de los puntos más espinosos es el referido a la “legítima defensa”: el proyecto amplía los casos que deben ser interpretados bajo este rótulo. En la actualidad, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio.

La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y suma a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.

Repecto al artículo sobre atentado y resistencia a la autoridad, el proyecto propone modificar el artículo 237 del Código Penal y sube la escala penal actual que va de un mes a un año a un año y tres años y seis meses de prisión para quien “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal” y agrega al final el supuesto de “mientras estuviere cumpliendo sus funciones.”

Los legisladores que cuestionan este punto advierten que, de aprobarse este proyecto, con esta suba de penas una persona que sea declarada culpable de resistencia a la autoridad y sentenciada a más de tres años de prisión podría ir a la cárcel.

Además, el proyecto modifica el artículo 238 del Código Penal y propone aumentar las penas a cuatro y seis años de cárcel en los casos de agresión a un agente de seguridad cuando el hecho se cometiere a mano armada; cuando se cometiere por una reunión de más de tres personas; si el autor fuere funcionario público o si “pusiere manos en la autoridad”, es decir, la agresión fuese a trompadas.

Otros puntos del proyecto, también conflictivos, fueron en cambio retirados del texto. Karina Banfi (UCR) y Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) lograron que la ministra acceda a eliminar del texto el artículo que incorporaba al Código Penal la figura del “organizador o coordinador de una reunión o manifestación”, considerándolo como aquél que convoque a otras personas para participar de una reunión; provea cualquier tipo de medio material o logístico para una reunión o bien pase lista, registre presencias o ausencias en una manifestación. A ellos se les imponían fuertes multas si esas manifestaciones impedían la circulación del tráfico o llevaban menores de edad.

Asimismo, se eliminó del texto la tipificación de lo que se considera una “reunión” o “manifestación”, considerada en el texto como una “congregación intencional y temporal de 30 personas o más en un espacio público.