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AFA-gate: un fiscal de cámara pide ampliar el procesamiento de Tapia y Toviggino en la causa por retención de aportes
Gabriel Pérez Barberá considera que el juez Diego Amarante dejó por afuera un concepto clave, que representa casi el 80% de los aportes de seguridad social
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LA NACIONFederico González del Solar
El fiscal de la Cámara Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió endurecer los procesamientos de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la causa por presunta “evasión” impositiva, al pedir que se incluyera un “subconcepto” especial, que habría sido desatendido por el juez y que representa más de $6.679.796.471.
Al procesar a los dirigentes por retención de aportes, a fines del mes pasado, el juez Diego Amarante consideró que no correspondía incluir allí una serie de impuestos, relativos mayormente a la publicidad, por pertenecer al régimen de “autorretención”, distinto del de “retención”, que es el dinero que la AFA retiene a sus empleados.
Pero el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, y ahora su colega de Cámara, Pérez Barberá, se opusieron a esa exclusión, que representa el 77% del monto total denunciado por aportes de seguridad social: $6.679.796.471 sobre un total de $ 8.675.262.968.
“El concepto de ‘autorretención’ puede –y debe– ser comprendido dentro del término ‘retención’ utilizado por la ley penal“, dijo el fiscal en su dictamen. “Porque, sencillamente, no constituye una categoría distinta o ajena, sino una modalidad específica en la que aquella puede realizarse”, completó.
“En consecuencia –y tal como la más elemental intuición léxica lo indica– la autorretención se encuentra claramente alcanzada por el tenor literal de la norma. Una interpretación restrictiva que la excluya (como la del juez a quo) tiene el déficit de ser irrazonable, y en consecuencia no puede ser sino arbitraria", sostuvo Pérez Barberá.
El fiscal señaló también la existencia de una reglamentación de la propia ARCA (5439/2023) que establece explícitamente que el incumplimiento en la “autorretención” es pasible de las mismas sanciones penales que la retención o percepción.
Además de Tapia y Toviggino, en la causa fueron procesados Cristian Ariel Malaspina (secretario general), Gustavo Roberto Lorenzo (director general) y Víctor Blanco Rodríguez, exsecretario general de la entidad. Están acusados de los delitos de apropiación indebida de tributos y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, en ambos casos agravados.
El fiscal pide revocar parcialmente la decisión del juez para ampliarla e incluir el régimen de la “autorretención”, en el que también está incluido dinero de la venta de entradas.
Los dirigentes realizaron diversos planteos contra las acusaciones. En su indagatoria, Tapia se desligó de la operatoria al sostener que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.
El tesorero Toviggino, en cambio, sostuvo que la AFA actuó amparada por normativas del Ministerio de Economía que permitían planes de alivio fiscal y prórrogas, argumentando que medió un “error de prohibición invencible” y que, dado que el Estado permitía regularizar deudas hasta 2026, no había dolo ni voluntad criminal.
Ambos afirmaron también que gran parte de esa deuda -la denuncia es por más de 19 mil millones de pesos- ya estaba saldada, un hecho que ya fue corroborado por la Justicia, que investiga de todos modos si con el retraso en los pagos pudo haberse configurado el delito de apropiación indebida de tributos.
Confirmado el juez
Quienes ahora deben resolver el pedido del fiscal y el destino general del expediente son los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
Este viernes, los magistrados rechazaron el intento de la defensa de Toviggino para apartar al juez Amarante, que quedó confirmado al frente del caso.
Como ejemplo de una supuesta “enemistad manifiesta”, el tesorero había planteado que el juez Amarante, luego de indagarlo, no le permitió retirarse por la puerta de atrás del edificio judicial, que Toviggino buscaba usar para esquivar a la prensa.
Pero la Cámara sostuvo que ni ese ni otros argumentos demostraban una falta de imparcialidad en el juez.
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