Un fiscal pidió la indagatoria de Miguel Pesce, Martín Guzmán y Mercedes Marcó del Pont

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez federal Ariel Lijo que le tome declaración indagatoria como sospechosos del delito de fraude, falsedad ideológica y violación de sus deberes de funcionarios al presidente del Banco Central, Miguel Pesce; a la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y al exministro de Economía Martín Guzmán por una normativa que permitió la compra de aviones con una presunta sobrefacturación. Dijo el fiscal que no es una negligencia, sino que se advierte el dolo.

El juez Lijo realizó la semana pasada allanamientos en empresas que realizaron las compras de aviones y las declararon a un valor mayor que el real -y que el de mercado- para cobrar más dólares a precio oficial. Hay compradores que son gobiernos provinciales, dijo una fuente judicial a LA NACION.

En algunos casos, la compra de los aviones era declarada un valor mucho mayor que el real, se obtenían los dólares a precio oficial y la aeronave, a su vez, era vendida en el mercado con una ganancia. En ocasiones, ni siquiera era nacionalizada; es decir, ni siquiera era matriculada en la Argentina, sino que se trataba de un mero pase financiero. Ganaban sobrefacturando con el tipo de cambio y con la comisión de venta, dijo una fuente judicial.

Se detectaron diversos tipos de maniobras; empresas que compraron aviones con sobreprecios, empresas y provincias que compraron aviones por su valor de mercado, empresas que solo hicieron el negocio financiero sin que el avión llegara al país, empresas que compraron aviones y las vendieron entre filiales de la misma compañía. No solo se sobrefacturaba el valor del avión sino las comisiones de los brokers que intervinieron.

Las operaciones realizadas con aeronaves, aviones, helicópteros y hasta drones llegan a 200 millones de dólares, que fueron entregados a precio oficial por el Banco Central para el pago de las operaciones sobrefacturadas.

La coyuntura internacional ayudaba pues el precio de las aeronaves afuera había descendido tras las pandemia y aquí se podían conseguir dólares a precio oficial. Hubo empresas de taxis aéreos que renovaron su flota.

La causa se inició el 10 de febrero del año pasado, luego de que una nota de Infobae advirtió que en los últimos dos años empresas y hasta organismos públicos habían podido comprar aviones, preferente de los Estados Unidos, mediante una sobrefacturación; en total, unos 200 aviones. El Banco Central autorizaba los giros de fondos al exterior.

El fiscal indicó en su requerimiento que desarrolló cinco líneas de investigación, que “llevaron inexorablemente a identificar la responsabilidad penal de las máximas autoridades de la Administración Pública” con respecto a los hechos.

“Tanto el presidente del Banco Central de la República Argentina, el exministro de Economía, como la titular de la Dirección de Aduanas y la extitular de la Administración Federal de Ingresos Púbicos, incumplieron con los deberes a su cargo”, señala el dictamen.

El fiscal destacó que la Carta Orgánica del Banco Central y el decreto 618/1997, que crea la actual estructura de la AFIP y de la Dirección de Aduanas, “imponen ciertas directivas que no pueden soslayarse”, pues son organismos de control, “de manera que la omisión intencional de incumplir la ley torna lógica la responsabilidad penal de los funcionarios públicos hasta su máxima jerarquía”.

Por “la magnitud de las operaciones” y “lo novedoso de la mercadería (aviones)”, el fiscal entendió que lo llamativo es que “no se advierte un mero incumplimiento sujeto a la negligencia de los funcionarios, sino antes bien, en este estadio procesal se puede avizorar el dolo en el accionar de los sujetos que incumplieron los deberes que por ley les fueron encomendados”.

Para Taiano es “plausible” imputar a Marcó del Pont, Pesce, Guzmán y Silvia Traverso por el rol y la injerencia que tenían en las decisiones, “en principio arbitrarias, pero sobre todo contrarias a los intereses fiscales y el control cambiario de las divisas incluidas en las operaciones”.

Taiano pudo determinar operaciones de presunta “sobrefacturación” de importaciones, atento a que los valores declarados en nuestro país resultaron muy superiores a los que surgieron de las distintas líneas de investigación llevadas a cabo.

Para el fiscal los funcionarios “no pudieron obviar” las operaciones de sobrefacturación ya que “resultó evidente que los valores declarados en la República Argentina eran muy superiores” a los reales.

“Los imputados no pudieron desconocer que se realizaban operaciones de importación con un giro de divisas mayor al que correspondía y, por el contrario, no habrían articulado ningún control y/o mecanismo para investigar estas operaciones, habida cuenta que eran sumamente elocuentes las maniobras descriptas y la magnitud de las mismas”, escribió Taiano.