Un fondo millonario, pero incapaz de pagar lo que ordena la Justicia

Cuando el Gobierno decidió la eliminación del régimen jubilatorio de capitalización que existía como opción al de reparto, y logró el objetivo mediante una ley, dispuso la estatización de los recursos acumulados en las cuentas de los afiliados a las AFJP. Eso ocurrió en plena crisis financiera, en diciembre de 2008, y aquel saldo –repunte mediante de los activos en los que estaba invertido el dinero- sigue explicando la mayor parte de los $ 209.103 millones que gestiona el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional, que está en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Desde aquel momento se planteó el debate sobre el destino de los recursos, tanto de los que estaban como de los que se generan por el rendimiento de las inversiones. Hoy por hoy, el 58,5% del fondo, según el saldo al 31 de marzo, está en títulos públicos.

No es la única modalidad de derivación de fondos al propio Estado: también tiene ese destino el financiamento a obras de infraestructura, como centrales de generación eléctrica o proyectos de obra pública, como la pavimentación de caminos.

Gran parte de las inversiones del fondo, en rigor, fue heredada de las AFJP, como muchos de los títulos públicos y también la mayor parte de las acciones de 41 empresas, en 28 de las cuales y en virtud de la participación del fondo, el Gobierno logró colocar directores que buscan influir en las decisiones de negocios.

La parte que podría aportar liquidez más inmediata son las disponibilidades (3,5%) y los plazos fijos (10,2%), pactados a un interés que ronda el 12% anual.

Mucho más por debajo de la inflación que ese nivel estarán los intereses de los créditos para viviendas anunciados anteayer por el Gobierno. Es algo que provocó críticas como la del diputado Claudio Lozano, que advirtió que "se licuarán los fondos de la Anses".

En 2011, el rendimiento total del fondo de garantía fue del 12,1% nominal. Más allá de la caída del valor real que significa esa evolución si se tiene en cuenta la inflación, un informe elaborado por el Ieral advierte que el fondo perdió posiciones en cuanto a su capacidad para hacer frente a las obligaciones previsionales. La conclusión es que, según el último saldo, los recursos servirían para pagar 12 meses de jubilaciones si se lo usara sólo para ese destino, mientras que a fines de 2009 el saldo alcanzaba para abonar los haberes de 16 meses.

Según la normativa, el fondo de garantía puede ser usado para el pago habitual de las jubilaciones ante una situación de déficit. La actual ecuación entre los recursos para el sistema y el pago de los haberes determina un superávit. Claro que en esos números no se tiene en cuenta lo que la Justicia fijó que debería abonarse para que nadie vea devaluado su haber a causa de la inflación de los últimos años.

Justamente, el pedido de informes que hizo ayer la Corte Suprema –y que había hecho ya un año atrás sin tomar decisión luego– está en el marco de una demanda de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que busca que las jubilaciones se actualicen en función del fallo Badaro (implica un reajuste de haberes de al menos un 88,5% entre 2002 y 2006), sin necesidad de que cada jubilado deba presentarse en la Justicia.

El director de la Anses, Diego Bossio, afirma que afrontar eso es imposible y que generalizar la aplicación de sólo ese fallo costaría $ 14.136 millones al año, a los que se sumarían otros $ 21.952 millones derivados de aplicar otra sentencia (Elliff) referida al cálculo del haber inicial.

No es ni más ni menos que un reconocimiento oficial de que hoy por hoy, y luego de que se le hiciera asumir compromisos (como las jubilaciones por moratoria) sin cálculos de su impacto, el sistema no está en condiciones de pagar los haberes tal como la Justicia determinó que sería correcto para cumplir con los derechos de los jubilados.

Por Silvia Stang

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