Un juez archivó la causa por los fondos de Santa Cruz

RIO GALLEGOS.- El juez en lo penal Santiago Lozada archivó la denuncia por la cual se investigaban los fondos extraordinarios de Santa Cruz y, de esta forma, también rechazó el pedido de indagatoria para el ex presidente Néstor Kirchner y otros tres gobernadores santacruceños.

La medida será apelada en los próximos días por el fiscal que inició la causa, Andrés Vivanco, en cuya denuncia se observaban irregularidades en la administración de los fondos de la provincia entre 2003 y 2006.

El fiscal sólo ayer fue notificado oficialmente de la decisión del juez Lozada, pero allegados a Vivanco dijeron que éste se mostró sorprendido porque la información había sido publicada ayer por el diario Clarín.

Lozada alegó que la denuncia presentada por Vivanco era "cosa juzgada" y que se daba de bruces con el principio de que nada se puede juzgar dos veces, en referencia al fallo en el cual el propio magistrado ya había enviado a archivo una causa de características similares pero con fechas diferentes en cuanto a los períodos investigados. Según diferentes fuentes consultadas, en la denuncia anterior se investigaba el destino de los fondos en 1996 y 2003. Sin embargo, Lozada dice que en la sentencia anterior él ya había investigado hasta 2005 inclusive.

Sobre el fallo de 2005, hay absoluto hermetismo porque el juez nunca lo hizo público, pese a reiterados pedidos. En este fallo hace referencia a la causa anterior, pero en ningún momento lo adjuntó a la actual causa y la secretaría del juzgado se limita a certificar la existencia de ella con fecha 31 de mayo de 2005, en la cual se menciona que Néstor Kirchner fue sobreseído.

Este caso se había iniciado en 2004, con una denuncia de Adrián Salbucchi y Enrique Romero, representados por Juan Carlos Iglesias y Juan Gabriel Labaké. La causa iniciada en un juzgado federal en Capital Federal fue enviada aquí a finales de 2004 por el juez Guillermo Montenegro (actual ministro de Seguridad del gobierno porteño), que se declaró incompetente. La causa ya tenía agregada otra denuncia anterior, presentada por Patricia Bullrich.

Lozada envío todo ese conjunto de expedientes al archivo el 31 de mayo de 2005 y sobreseyó a Néstor Kirchner de los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Según los argumentos del juez, la documentación presentada por Vivanco no es suficiente ni satisfactoria.

En esta nueva causa, Vivanco pedía que fueran indagados, además de Kirchner, los ex gobernadores Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho, y explicita que el pedido de investigación se centra en el período 2003-2007. Lozada, en su fallo, explica: "Kirchner ya no era presidente, con lo cual no tiene ni pudo él mismo cometer o administrar mal si no tenía la custodia [de los fondos] a su cargo".

En los archivos periodísticos está la foto de cuando, en agosto de 2005, Acevedo y Kirchner, en Buenos Aires, anunciaron la repatriación de los fondos de Santa Cruz. Lo cierto es que los fondos permanecen en el exterior, salvo los destinados a realizar una cementera en Pico Truncado y los 100 millones con los que se compraron bonos argentinos y se encuentran depositados en el Mercado de Valores.

Cambió la modalidad: están depositados en un fideicomiso administrado por el Banco Santa Cruz SA (el mayor accionario es el grupo Eskenazi). El fideicomiso está depositado en un banco suizo.

El fallo del juez Lozada es acompañado por un escueto escrito del Tribunal de Cuentas de la provincia, firmado por Angelina Abona (ex fiscal de Estado), en el cual especifica que ese tribunal certificó la existencia de los fondos. Lo cierto es que este informe aún no ingresó en la Legislatura para su tratamiento y el gobernador Daniel Peralta, en su discurso, tampoco dijo cuánto quedaba de ese dinero.

Para iniciar la causa, Vivanco se valió del voto de un ex vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, el contador José Lorenzo Pissani, que no aprobó el informe de 2004, 2005 y 2006, y en todos observó problemas en la rendición: "Faltaron comprobantes, faltó control de fondos, no se cumplieron las leyes", dijo hace 48 horas a LA NACION.

Pissani también relató que para la rendición de 2006 -que aún no llegó a la Legislatura- se registran ingresados fondos que no han sido declarados en el inventario inicial de la ley 2663 al 31 de diciembre de 2002, con lo cual se demuestra que "dicho saldo inicial es totalmente erróneo".

Por Mariela Arias

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