Un sargento prófugo en el caso Carrasco

ZAPALA.- En un episodio que arroja nuevas sombras sobre el papel de la Justicia en el caso por el asesinato de Omar Carrasco, se confirmó ayer que está prófugo el sargento Carlos Sánchez, principal acusador de los tres condenados por el crimen del soldado: el subteniente Ignacio Canevaro (15 años de prisión) y los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar (10 años).Al juzgar el homicidio, el Tribunal Oral de Neuquén condenó al sargento Sánchez, el 31 de enero de 1996, a tres años por encubrimiento. El encargado del cumplimiento de la condena es el mismo Tribunal, integrado por Eugenio Krom, Haydée Vázquez de Argüello y María del Carmen Ingelmo. Sin el rarísimo testimonio de Sánchez no se habría podido procesar ni condenar a Canevaro y a los dos ex soldados. Sánchez, también sospechoso del crimen, declaró nueve veces que no sabía nada, hasta que en mayo de 1994 fue trasladado a Buenos Aires y volvió con un nuevo abogado -porteño- y un milagroso testimonio que, en junio de 1994, permitió que el juez Rubén Caro procesara a los tres sospechosos que el Ejército identificó en una investigación ilegal.

En el juicio oral por el crimen, Sánchez no se atrevió a repetir su acusación, que debió incorporarse por lectura. Para ese entonces contaba con un nuevo abogado porteño, Víctor Segui, quien reportaba a Juan Carlos Moreno Campos, abogado del Estado Mayor para el caso Carrasco.

Ante una consulta de La Nación , la camarista Argüello confirmó la fuga del testigo.

"La Cámara de Casación nos devolvió el expediente a fines de diciembre del año pasado. Tras la feria de enero, en febrero hicimos el cómputo de la pena y se libró el oficio al último domicilio de Sánchez. La Policía Federal dijo que no vivía más ahí. Luego, su abogado presentó un escrito informando que estaba internado con peritonitis. Enviamos a los forenses de la Corte, y nos informaron que ya no estaba internado en el Hospital Militar. Por eso, ayer (por el miércoles) pedimos su captura".

-¿Pero Sánchez no estaba en la órbita de su tribunal, que debía velar por el cumplimiento de la condena?

-En ningún momento se escapó de la órbita del Tribunal. Cuando se constató que no estaba internado, se ordenó su captura.

Ante otra pregunta, la jueza Argüello confirmó que el Tribunal pidió a la Cámara Federal de General Roca y al Colegio de Abogados de Zapala una sanción para Bruno Bonetti.

Este abogado resultó elegido conjuez de los encubrimientos en un sorteo el año pasado, pero más tarde renunció aduciendo que le impidieron profundizar una investigación que, además, amenazaba chocar con la sentencia.

En entrevistas con La Nación y otros medios, Bonetti expresó que el Tribunal Oral, con su sentencia, es parte interesada en el caso y que debió apartarse como Tribunal de Alzada en la causa de los encubrimientos. Bonetti agregó que el caso "está contaminado por el Ejército".

"La postura del Tribunal Oral es casi una persecusión. Recordemos que se reunió en pleno para recibir a Moreno Campos, abogado del Ejército, que no era parte en la causa del homicidio", expresó Daniel Valencia, codefensor de los condenados.

A pedido del juez Guillermo Labate, hoy declarará como testigo en la causa de los encubrimientos el general de División (R) Jorge Halperín, jefe del V Cuerpo de Bahía Blanca hasta fines del año último.

El 21 de abril de 1994 recibió en Zapala la orden del comandante, general Martín Balza, para cerrar de apuro el cuestionado sumario militar del caso. Así lo afirmaron en sus indagatorias el general Carlos Díaz, ex jefe de la Brigada de Neuquén, y los tenientes coroneles pedro Cerruti, ex jefe de la Guarnición Zapala, y Víctor jordán, jefe de la Agrupación Apoyo Inteligencia.

Halperín, el testigo de más alto rango hasta ahora, podría haber presenciado las adulteraciones del sumario que confesó el general Díaz.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el fiscal Luis María Viaut aun no resolvió si acepta que se indague a los tres auditores que habrían controlado ese sumario: el teniente coronel Juan Carlos Ferrario, del Estado Mayor, Héctor Gutiérrez, del V Cuerpo, y el mayor Edgardo Osvaldo Muñiz, de la Brigada de Neuquén.

Tanto en el Ministerio de Defensa como en el Estado Mayor General del Ejército se le restó trascendencia a un inusitado entredicho que protagonizaron el ministro Jorge Domínguez y el general Martín Balza.

El hecho ocurrió poco antes de comenzar la misa en homenaje a los caidos en la Guerra de Malvinas, que se ofició en la iglesia castrense Stella Maris.

El entredicho se produjo como consecuencia del pedido de un canal de televisión para entrevistar al ex coronel Mohamed Alí Seineldín, detenido en Campo de Mayo.

Ni el Ejército ni el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se avinieron a dar la autorización. Finalmente la cuestión fue derivada a la decisión del ministerio.

Mientras esperaban al presidente Carlos Menem para comenzar la misa, Balza le sacó el tema de Seineldín a lo cual el ministro respondió que cualquier cosa que tuviera que decirle sobre esa cuestión lo hiciera por escrito, según el relato de otros asistentes que estaban cerca.

Palabras más o menos Balza habría señalado que ese no era el tono correspondiente para el trato.

Instantes después llegó Menem y se realizó la misa, pero al terminar esta Balza se fue del lugar aduciendo una indisposición y dejó en representación al general Groba, segundo jefe del Ejército.

De tal manera Balza no participó del acto central por los 15 años del desembarco argentino en las Malvinas. En el palco principal, junto al Presidente, estaban el ministro Domínguez, el almirante Carlos Marrón, el brigadier Rubén Montenegro y el general Groba.

Ayer los voceros de Balza insistieron en que no le correspondia al Ejército autorizar la entrevista a Seineldín ya que este iba a formular declaraciones contrarias a la política oficial respecto de las islas Malvinas.

Carlos González Cabral, vocero deSeineldín, expresó ayer en un comunicado que "el ministro Domínguez ha impedido el reportaje televisivo".

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