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Una burda maniobra de distracción
La señora Presidenta les ha perdido el respeto a los argentinos. En su exposición del 26 de enero, por cadena nacional, se refirió a un amigo del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, quien a pedido de aquél le alcanzó el arma con la que fue encontrado muerto.
Por esa circunstancia, la jefa del Estado insinuó, con énfasis, la intervención de Lagomarsino -según ella se trata de un feroz opositor del Gobierno- en el trágico episodio. Abrir una sospecha de semejante relevancia respecto de un leal compañero del fiscal fue, al menos, una macabra manipulación.
Este nuevo relato consiste en sostener que el amigo mató a su amigo. Es inconcebible que la jefa del Estado impulse semejante acusación sin formular la pertinente denuncia que, en su condición de funcionaria pública, está obligada a efectuar. Aunque éste es su comportamiento habitual: pega y luego esconde la mano.
Cabe recordarle a la señora Presidenta que, en cambio, el fiscal Nisman formuló una correspondiente denuncia por la cual la primera mandataria está seriamente comprometida. Le atribuyó, nada menos, que haber asumido el compromiso con el gobierno de Irán, que es una base del terrorismo internacional, de canjear la impunidad de funcionarios iraníes involucrados en el atentado contra la AMIA por la venta de nuestros cereales a cambio de la importación de petróleo iraní.
Efectos del Memorándum
Esta componenda surge del Memorándum de Entendimiento con Irán, por el cual se sustrajo de la justicia argentina la investigación del aludido acto terrorista. Tal acuerdo es inconstitucional.
Así fue considerado por una sentencia de la Cámara interviniente, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 118, establece que todos los juicios criminales ordinarios se sustanciarán en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito.
Además, ese tratado crea una Comisión de la Verdad que viola la Carta Magna (art. 18) porque ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.
La aludida Comisión de la Verdad -en realidad, debió denominarse "Comisión de la Injusticia"- nunca se puso en práctica. Ello demuestra la inutilidad del Memorándum y que su subsistencia carece de razón de ser.
En las intrigas amparadas y usadas por el Gobierno está la clave de la muerte del fiscal Nisman.
La señora Presidenta, en el discurso citado, lejos de aclarar la situación, dejó a la sociedad hundida en el estupor y con la convicción de que el propósito de las autoridades es detenerse en el matador, pero dejar de lado la investigación sobre quienes urdieron tan repudiable entramado.
Ir al fondo de la cuestión puede afectar a personajes de la primera línea del Gobierno o que actuaron a su servicio.
De cualquier modo, la responsabilidad política de la Presidenta es innegable y surge de la sustanciosa investigación del fiscal como de su propio discurso, en el que, en vez de brindar explicaciones plausibles, se detuvo -según lo hace habitualmente- en la descalificación de la labor indagatoria. Como dijera André Maurois: "Es más fácil excomulgar que refutar los argumentos".
Diplomacia a dos puntas
El fiscal Nisman también denunció que en la gestión del acuerdo con Irán intervino una diplomacia paralela.
Se trata de un recurso al que el Gobierno recurrió en ciertas ocasiones, a veces sin éxito, pero en otras logró su propósito, como ocurrió con el fideicomiso concertado -para disimular la presunta percepción de coimas- entre la Petrolera de Venezuela SA (Pdvsa) y el Ministerio de Planificación argentino, es decir, entre los gobiernos de ambas naciones.
Esa gestión fue puesta en conocimiento de la Cancillería nacional por el entonces embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, quien por cumplir honradamente con su misión fue pasado a retiro y sometido a un proceso penal estando pendiente de realización el juicio oral.
El propósito de la señora Presidenta es evidente y consiste en armar una burda maniobra de distracción enfocando la acción en el deceso de Nisman y sacando de la palestra la deplorable conducta del gobierno en el caso AMIA y en el bastardo acuerdo con Irán.
La Argentina ha contraído una deuda perenne con el fiscal Alberto Nisman, quien merece nuestro homenaje porque ofrendó su vida en defensa de la democracia y la Justicia.
El autor es abogado, especialista en derecho constitucional
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