Una denuncia de espionaje contra empresarios agita la pelea política en Santa Fe

ROSARIO.-Una causa judicial de supuesto espionaje ilegal, que por ahora no tiene ningún imputado, generó un revuelo político intenso en el inicio del año en Santa Fe, luego de que trascendiera por los medios de prensa un listado de 661 nombres de personas y empresas que habrían sido consultadas en bases de datos que manejan información pública.

En noviembre pasado, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Santa Fe y Rosario, donde secuestraron documentación en papel y en formato digital e incautaron los teléfonos celulares de funcionarios del equipo que había llegado a esa cartera con Marcelo Saín, y un día antes habían presentado la renuncia. En la Fiscalía de Santa Fe, donde se originó la causa, señalaron que el operativo fue para preservar las eventuales pruebas porque se estaba destruyendo documentación, algo que negaron los exfuncionarios.

El operativo judicial -que no contó con testigos y solo fue filmado parcialmente, según cuestionaron los abogados defensores de los exfuncionarios- fue en el marco de una causa de supuesto espionaje ilegal que se habría realizado en ese ministerio, según la hipótesis de la investigación judicial.

La causa, que se encuentra bajo secreto, se habría originado por una denuncia de exempleados del Organismo de Investigaciones, donde se desempañó Saín antes y después de ser ministro. Aunque hasta ahora no se conoce la evidencia que manejan los fiscales de Santa Fe, lo que habrían detectado son búsquedas en portales de bases de datos públicas. No se trataría ni de escuchas ilegales ni tareas de inteligencia en la calle. Tampoco de “carpetas”, como se sospechó en un principio, sino de la construcción de perfiles de personas y empresarios.

Después de que se produjera el allanamiento, desde distintos sectores políticos salieron a repudiar estas supuestas metodologías de investigación. Saín negó que se hubiesen llevado adelante tareas de inteligencia ilegal cuando él estuvo al frente del ministerio. Acusó a los sectores “mafiosos de la política santafesina” de haber iniciado una maniobra en su contra en conjunto con algunos medios de comunicación.

En diálogo con LA NACION, señaló que de ese listado hay personas y empresas que están siendo investigadas en la Justicia, como por ejemplo empresarios ligados al grupo Tasselli, acusados de contaminación ambiental y supuesto pago de coimas. “No sabemos de dónde salió ese listado, porque la fiscalía no realizó la imputación y nunca reveló la evidencia. Esperamos ansiosos la imputación”, aseguró Saín.

Desde que asumió como ministro de Seguridad, en diciembre de 2019, Saín estuvo en el centro de la atención política de Santa Fe, tanto por los escándalos en los que se enredaba por su participación en las redes sociales, como por las investigaciones que se llevaron adelante en la Justicia; entre ellas, la de juego clandestino que involucró al senador peronista Armando Traferri y terminó con la detención de dos fiscales. Uno de esos funcionarios detenidos fue el jefe del MPA en Rosario, Patricio Serjal, para quien la semana pasada los investigadores judiciales pidieron doce de años de prisión por haber cobrado 5000 dólares por mes del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti.

Saín renunció al Ministerio de Seguridad el 17 de marzo pasado y retornó el cargo de director del Organismo de Investigaciones, una especie de policía judicial que depende del Ministerio Público de la Acusación, cargo al que llegó por concurso en 2018.

De ese puesto fue destituido el 4 de noviembre pasado por la Legislatura de Santa Fe acusado de realizar “proselitismo político” a través de la red social Twitter. El senador radical Lisandro Enrico, quien actuó de acusador, argumentó que la destitución era por realizar “actividad proselitista incompatible con su función dentro del Poder Judicial”.

Saín apeló esa medida, pero luego estalló el escándalo del supuesto espionaje. El gobierno de Omar Perotti se mantuvo en silencio después de que detonara la polémica. Esta postura se interpretó como que le había soltado la mano a Saín, que fue designado asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

El exministro de Seguridad dijo que la difusión de supuestas pruebas por los medios de comunicación eran una clara maniobra de “lawfare” para condicionar a los jueces que luego tendrán el análisis de una causa que hasta ahora no llegó a la etapa inicial de una audiencia imputativa. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que esa instancia podría concretarse en la primera semana de febrero, tras la finalización de la feria judicial.

“Los fiscales tienen que hablar en las audiencias imputativas y dentro del marco del expediente judicial, pero evidentemente chivean a la prensa porque lo que hacen es preparar el terreno en materia de opinión pública. Eso es lo que técnicamente se llama lawfare”, dijo el actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esta semana trascendió en los medios de comunicación de Rosario un listado de 661 personas y empresas que habrían sido consultadas en servicios online de búsqueda de datos abiertos. En la nómina figuran LA NACION y otras empresas de distintos rubros, como de la salud, construcción y agroindustriales. Aparece en esa lista, por ejemplo, la firma china Cofco, que posee una de las terminales portuarias más importantes del mundo en la localidad de Timbúes, en Santa Fe.

Entre los nombres aparecen también dirigentes políticos de distintos sectores, entre ellos, el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, para quien Saín trabajó como asesor durante parte de su gestión. Pullaro pidió esta semana a los fiscales que investigan este caso conocer la información sobre supuestas maniobras de espionaje en su contra. La respuesta que recibió el actual legislador es que esa evidencia se conocerá en la audiencia imputativa, que aún no tiene fecha pero que se estima que podría ser en febrero.

En diálogo con LA NACION, el actual diputado provincial del radicalismo afirmó que “se generaba información con espionaje ilegal con el objetivo de extorsionar”. Ante la consulta sobre si conocía quiénes eran las posibles víctimas de esas supuestas extorsiones, Pullaro dijo que “es difícil saber quiénes fueron porque nadie va a admitir que cometió un delito”.

Ante la difusión de los nombres de distintas empresas que figuran en ese listado, la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) expresó su “repudio y solidaridad”. En la nómina, difundida por el portal Punto Biz, figuran dirigentes empresarios como Mariano Ferrazini, de la Unión Industrial Regional Rosario (Unirr); Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosaria (AER), y el expresidente de la Cámara de Fabricantes de la Maquinara Agrícola (Cafma) Carlos Castellani, entre otros.

También aparecen nombres vinculados a la salud privada, como Roberto Villavicencio, del Grupo Oroño, y varios integrantes de la familia Quaranta, del sanatorio de la Mujer. Otro de los mencionados es el médico Eduardo Javkin, vicepresidente del Sanatorio de Niños - también del Grupo Oroño- y padre del intendente de Rosario, Pablo Javkin. Según fuentes de la oposición, este capítulo de la salud estaría vinculado a las tensiones que existieron en ese sector cuando el grupo Tita, que sería cercano al gobernador Perotti, pretendió expandir su negocio.

Por Germán de los Santos

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