Una denuncia de golpismo en 1985

El 22 de octubre de 1985, el presidente Raúl Alfonsín, mediante el decreto 2049, ordenó la detención de 12 personas por presuntas vinculaciones con un "complot golpista".

Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del ministro del Interior, Antonio Trócoli, y en el estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios.

Entre los doce acusados por el alfonsinismo estaban el ex general Guillermo Suárez Mason junto a otros cinco militares y seis civiles, entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez, del diario La Prensa, y Jorge Vago, director de Prensa Confidencial.

El 25 de ese mes se dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta días y se denunció una conspiración contra el orden constitucional.

"El Poder Ejecutivo detectó grupos que, en la clandestinidad, pretendieron llevar adelante una campaña de temor, de amedrentamiento, de caos para quebrar la armonía del clima preelectoral", anunció el gobierno radical, en referencia a las elecciones que finalmente se celebraron el 3 de noviembre de 1985, bajo el estado de sitio.

El 9 de diciembre se levantó esa medida extraordinaria, y a mediados del año siguiente la jueza Amelia Berraz de Vidal dictó el sobreseimiento de los imputados, con excepción de Suárez Mason.

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