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Una jugada política que intenta despejar dudas en la Justicia
Con la acción de declaración de certeza, Macri busca neutralizar la denuncia del fiscal
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En un giro estratégico para quitarle peso a la investigación judicial en su contra, Mauricio Macri reaccionó ayer con una contraofensiva frente a la imputación por su participación en una sociedad offshore de su padre en las islas Bahamas.
Además, en una jugada política que busca conseguir de manera rápida que la Justicia ratifique la explicación que ya dio públicamente, el Presidente anunció que presentará hoy un pedido de declaración de certeza en el fuero civil, ante la decisión del fiscal federal Federico Delgado de abrir una investigación.
"Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar", se defendió Macri durante un breve discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde anunció que pondrá sus bienes en un fideicomiso ciego y que enviará al Congreso un proyecto de ley de acceso a la información pública.
La reacción presidencial se dio horas después de que Delgado decidió darle impulso a la denuncia que había presentado el diputado Darío Martínez (Frente para la Victoria). En su dictamen, el fiscal sostuvo que con la investigación se deberá determinar si Macri "omitió maliciosamente completar su declaración jurada de bienes".
Ayer, el Presidente contestó tácitamente. Dijo que está "a disposición de cualquier otro juez que requiera información", en clara alusión al fiscal Delgado y a Sebastián Casanello, el magistrado a cargo de la investigación.
La estrategia del Gobierno se concentró en buscar otra instancia judicial previa para acreditar la veracidad de la versión que dio el Presidente. Cuando se conoció, a partir de las revelaciones de los Panamá Papers, que Macri figuraba como director de Fleg Trading, una sociedad offshore con sede en las islas Bahamas, el jefe del Estado dijo que se había tratado de un emprendimiento de su padre, Franco Macri, y que no la había declarado porque no había cobrado dividendos ni había sido accionista. Ante el requerimiento de instrucción que hizo Delgado, el Gobierno intenta ahora otra instancia más rápida para certificar la explicación oficial.
La presentación se hará hoy, anunció el Presidente, con los documentos que desde la Casa Rosada ya le habían enviado a la diputada Elisa Carrió, que los consideró suficientes para desvincular a Macri del caso. Esos mismos papeles ya fueron enviados a la OA por el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas. En una carta, el funcionario le pidió a Laura Alonso, la titular del organismo y la primera que defendió al Presidente en su cuenta en Twitter, que aclare si Macri debía declarar o no su participación en Fleg Trading. Eso mismo pedirá ahora el Gobierno en la justicia civil.
El artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial establece que la declaración de certeza podrá presentarse para "hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica" y especifica que se implementa "siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente".
El Gobierno busca, así, cortar de plano con el escándalo, por lo menos ante la opinión pública, mientras se sustancia la investigación en el fuero federal, en una suerte de blindaje inmediato para contrarrestar la causa penal. "No sólo hice la declaración inicial de que como director no recibí ningún tipo de retribución en forma correcta, sino que llevé todos los papeles a la Oficina Anticorrupción y mañana [por hoy] me voy a estar presentando a la justicia civil para que un juez verifique que todo lo que he dicho es verdad", remarcó Macri.
En el Gobierno reconocen por lo bajo la sorpresa que provocó la repercusión internacional de las revelaciones, pero, sobre todo, Macri reaccionó ante la decisión de Delgado de avanzar con la causa. La desconfianza hacia el fiscal pesó en la decisión. La semana pasada, Delgado pidió llamar a indagatoria a Daniel Angelici por la denuncia de Carrió, que lo acusa de ser el operador del Presidente ante los jueces.
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