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Una medida determinada por la presión social
No fue casual que el gobierno nacional tomara la decisión de quitarle la concesión del ferrocarril Sarmiento a la empresa TBA dos días después de que familiares de las víctimas de la tragedia de la estación Once iniciaran la campaña "500.000 caras por justicia". La Presidenta vive pendiente de las encuestas de opinión pública y era evidente que la magnitud de esa campaña golpearía la imagen de su gestión.
Pero la respuesta del Gobierno, contenida en el decreto 793, parece otro paso en procura de victimizarse, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado en la masacre que provocó la muerte de 51 personas y unos 700 heridos.
Las primeras reacciones de los familiares de las verdaderas víctimas no fueron probablemente las mejores para la administración kirchnerista. La mayoría de los consultados destacó que la quita de la concesión a la empresa de la familia Cirigliano no puede liberar al Gobierno de su responsabilidad. Algunos familiares fueron más allá y expresaron que las autoridades nacionales son "tan responsables como los Cirigliano", aunque también la mayoría se inclinó por considerar la medida gubernamental como "un primer paso", demostrativo de que "tantas muertes al menos sirvieron para algo".
El decreto conocido ayer pone énfasis en las deficientes condiciones del estado de conservación y mantenimiento del material rodante, de la infraestructura y de la prestación del servicio ferroviario.
Al mismo tiempo destaca que, entre 2004 y 2011, el Estado giró unos 13.000 millones de pesos a los concesionarios de los ferrocarriles.
Nada dice, en cambio, sobre la responsabilidad estatal en lo referido a sus facultades de control del servicio y de seguimiento de los recursos girados a TBA en esos años.
No puede obviarse que desde hace ocho años los gremios del sector vienen denunciando la falta de mantenimiento del material rodante y de la infraestructura ferroviaria. Tampoco pueden desconocerse las advertencias realizadas por la Auditoría General de la Nación acerca de esas deficiencias. Menos aún puede olvidarse que la tragedia de Once constituyó el séptimo accidente en poco más de un año, período en que las muertes ascendieron a más de 70 y los heridos a más de mil.
La actitud de los funcionarios del Poder Ejecutivo frente a la tragedia dejó mucho que desear. Difícilmente podrán olvidar los familiares de las víctimas las desafortunadas expresiones del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi a pocos días del hecho, en el sentido de que hubiera habido menos muertes de haber sucedido un día feriado, o las insinuaciones de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre la supuesta responsabilidad del joven Lucas Menghini Rey en su propia muerte, por el lugar del tren donde se había ubicado. Del mismo modo, no podrá olvidarse que el Gobierno intentó sin suerte ser aceptado como querellante, lo cual hubiera impedido que sus funcionarios fuesen investigados como corresponsables.
La decisión tomada ayer plantea dudas sobre si no fue demasiado tardía. También, interrogantes sobre una política populista basada en tarifas congeladas desde hace años con costos operativos y salariales que se multiplicaron, compensados con subsidios que no sirvieron para hacer las inversiones necesarias.
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