Uruguay define si le concede el asilo político a Rodríguez Simón

La suerte de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón quedó en manos del Estado uruguayo. El exasesor de Mauricio Macri pidió asilo como refugiado político en Uruguay luego de que la Justicia argentina lo citó a declarar como sospechoso en una causa en la que está acusado de amenazar y extorsionar a Cristóbal López con generarle problemas económicos si no apoyaba a Juntos por el Cambio.

En simultáneo, la jueza María Servini pidió la captura internacional de Pepín, pero la Interpol evitó publicar de inmediato la circular roja con esa restricción y pidió informes adicionales al juzgado. Por ejemplo querían saber “el cargo exacto que ocupaba la persona en el momento de la comisión del delito” y que “cómo utilizó dicho cargo para cometer los delitos que se le imputan”. Le pidió, además, una copia de la orden de detención.

Si Rodríguez Simón ocupó o no un cargo como funcionario es un dato que Interpol analiza para evaluar la eventual carga política de las acusaciones. Servini les informó el viernes que “no se comprobó aún si Fabián Jorge Rodríguez Simón” tenía o no cargo como funcionario y les dijo que “el imputado era representante de la República Argentina en el Parlamento del Mercosur”. En rigor, Rodríguez Simón era asesor del gobierno porteño en temas relacionados con el juego. Servini autorizó que le envíen a Interpol copia de la rogatoria internacional enviada a Uruguay donde se pide la localización y detención a los fines de extradición.

Rodríguez Simón presentó dos hábeas corpus en la Justicia uruguaya, pero se los rechazaron tras señalar que no había peligro sobre su libertad dado que ya había solicitado asilo como refugiado político. Las leyes en Uruguay prevén que el Estado tiene un plazo de hasta 90 días para resolver si otorga ese carácter. La Comisión de Refugiados (CORE) estará integrada por siete miembros: uno por Cancillería, otro por Migraciones, uno del Parlamento, otro de Universidad de la República, uno por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otro por organizaciones de derechos humanos y otro por organizaciones de refugiados. Si el caso es claro, la comisión podría expedirse antes.

Antes de esa definición no puede ser detenido, explicaron a LA NACION fuentes judiciales argentinas.

En su pedio de captura, Servini enumeró las evidencias contra Pepín. Relató que en esta causa caratulada con el nombre de Mauricio Macri se investigan, de acuerdo con la definición del fiscal Guillermo Marijuan, “actos realizados por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al Gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)”.

Cristóbal López dijo que fue sometido a tales actos porque se negó al pedido expreso del entonces candidato a presidente, Mauricio Macri, para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a Cristina Kirchner. López dijo que en el mes de enero de 2016 se reunieron junto a Federico Miguel de Achával –uno de sus socios– con Fabián Rodríguez Simón, quien decía representar a Macri. Y que, en esas reuniones, Rodríguez Simón les habría manifestado las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno y que en caso que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos.

Además, según Cristóbal López, Rodríguez Simón se quejaba de la línea editorial de C5N. Esas quejas también le llegaban de parte de sus socios de las empresas de juego de azar, quienes le manifestaban que los pedidos del Gobierno para aumentar las tasas de impuestos a juego estaban motivados en esas presiones sobre la línea editorial.

La jueza tomó declaración a Joaquín Labougle –abogado de las empresas de juego de azar– quien ratificó que recibió de parte de Rodríguez Simón un mensaje telefónico que rezaba: “Arreglá los honorarios con tus clientes porque empezó la guerra”. Según explicó, ese mensaje estaba motivado en que no habían llegado a un acuerdo respecto del impuesto a los ingresos brutos y Rodríguez Simón consideraba que se encontraba en “libertad de acción” para efectuar lo que estuviera legalmente a su alcance para rescindir los contratos de concesión.

Federico Miguel de Achával confirmó que mantuvo reuniones con Rodríguez Simón y Cristóbal López, y explicó que en junio de 2016 se entrevistó además con Mario Quintana –entonces Vicejefe de Gabinete de Ministros– en la Casa de Gobierno, donde lo “presionaron” para que pagara el impuesto a los ingresos brutos. “Caso contrario y si bajo esas condiciones la operación no le era redituable, convertirían el Hipódromo Argentino de Palermo en un ‘espacio verde’”, afirmó. De Achával también dijo que recibió un llamado de Pepín donde le exigió que diera de baja un programa sobre el exasesor de Macri que se iba a emitir por C5N. Le respondió que no tenía injerencia allí, según declaró. “Jodete por ser socio de Cristóbal López, bajalo porque sino te hacemos mierda”, afirmó De Achaval que dijo Pepín.

Mencionó una última reunión con Rodríguez Simón, en la casa del exasesor de Macri, donde fue con Ricardo Benedicto –socio también en el juego– donde nuevamente recibieron presiones para que abonaran el impuesto a los ingresos brutos. Rodríguez Simón, dijo, le habría manifestado que podrían iniciarles causas penales. Agregó que aceptaron el pago del tributo y que para que la Legislatura de la Ciudad incluyera en la moratoria a las empresas de juego de azar fue condición que desistieran de acciones judiciales que tenían iniciadas. Benedicto ratificó las reuniones y lo conversado.

Servini comunicó que se encuentra agregado al expediente un informe de entrecruzamiento de llamadas que evidencia comunicaciones entre las personas mencionadas, pedidos de informes sobre ingresos a la Casa Rosada y un acta de escribano donde Achával asentó, en el año 2016, lo que aquí relató en la causa.

Con estas evidencias es que Servini envió un pedido de detención donde acusó a Pepín de los delitos de amenaza y extorsión.