Vañek y Suppicich, con arresto domiciliario

El juez federal Adolfo Bagnasco concedió ayer arresto domiciliario al vicealmirante (R) Antonio Vañek y al contraalmirante (R) José Suppicich.

Ambos marinos declararon esta semana en la causa que instruye el magistrado para investigar la presunta existencia de un plan para sustraer a menores nacidos de mujeres secuestradas durante la última dictadura militar para entregarlos a familias sustitutas.

En el sumario también declaró Emilio Eduardo Massera, que antes lo había hecho en otro expediente que instruye la jueza federal María Servini de Cubría, quien luego de tenerlo detenido durante varios días en Campo de Mayo y de ordenar su traslado a un hospital cuando sufrió una indisposición cardíaca, concedió al ex almirante el beneficio de arresto domiciliario, situación que Bagnasco no alteró.

Vañek, ex comandante de Operaciones Navales (que nunca fue condenado por su actuación en la lucha antisubversiva, porque el presidente Carlos Menem lo indultó cuando era procesado y la Corte convalidó esa decisión, en 1992), declaró el lunes último, y Suppicich, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue indagado el miércoles.

Ambos coincidieron en afirmar que durante sus gestiones no tuvieron conocimiento de que en la ESMA se hayan producido alumbramientos, si bien admitieron que en ese lugar había personas detenidas, entre ellas mujeres.

Suppicich había pedido a Bagnasco la excarcelación, que el juez le denegó, porque entiende que debe pesar sobre él la prisión preventiva, aunque está de acuerdo en concederle el beneficio de que permanezca detenido en su domicilio.

Tanto Vañek como Suppicich, que estaban arrestados en instalaciones de la Gendarmería Nacional, fueron trasladados ayer al juzgado federal a cargo de Bagnasco para notificarse de la medida, tras lo cual fueron conducidos a sus respectivos domicilios, de los que no podrán salir.

Por otra parte, Bagnasco le rechazó a Massera las excepciones de defensa de cosa juzgada y prescripción que había presentado esta semana el abogado del ex marino.

En su resolución, el magistrado interpretó que el plazo que tiene el Estado para perseguir criminalmente a una persona no venció (no prescribió) por dos motivos: primero, porque el delito de sustracción de menores es de ejecución permanente, por lo cual nunca deja de cometerse, y, segundo, porque las convenciones internacionales establecen que se trata de un delito de lesa humanidad, que no prescribe.

El juez también entendió que Massera no puede invocar la excepción de cosa juzgada, porque cuando fue juzgado por la Cámara Federal (en 1985), lo que se conoció como causa 13, no fue juzgado por los hechos de sustracción de menores que le imputa Bagnasco, sino por otros hechos.

El otro hecho tiene relación con el extravío del sumario labrado en el Ministerio del Interior, durante la gestión del radicalismo, de cientos de documentos referidos a la desaparición de personas. A raíz de esa circunstancia se labró en esa cartera un sumario para investigar los hechos, del cual Servini de Cubría tenía copia certificada, que se perdió.

Pedroncini señala que la magistrada no colaboró debidamente con la investigación de este último extravío. Evidentemente, el abogado está pensando en dar fundamento a su posición de que el expediente que hoy instruye Bagnasco no pase a manos de la jueza, como solicitó Massera.

RESISTENCIA.- Con la congoja y la emoción como denominadores comunes, llegaron ayer a esta provincia los restos de Noemí Esther Giannetti de Molfino, raptada en Lima, en junio de 1980, y encontrada muerta un mes después en Madrid. Marcela Molfino, secuestrada en 1976 en Buenos Aires, continúa desaparecida.

Tras pisar suelo chaqueño, luego de su encuentro con el juez español Baltasar Garzón, Gustavo Molfino pasó a sus hermanos la urna con los restos de la mujer. Las lágrimas pusieron fin a 18 años de espera. "Este es un regalo de la democracia", lanzó Alejandra, una de las hijas de la infortunada mujer.

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