Las organizaciones de izquierda bloquearon la 9 de Julio y escalan el conflicto con el Gobierno

En un nuevo desafío al oficialismo, las organizaciones sociales de izquierda enroladas en la denominada Unidad Piquetera marcharon hoy hacia la sede del ministerio de Desarrollo Social, ubicada en pleno centro porteño. Las columnas, que conformaron una movilización masiva, salieron tanto de Retiro como de Constitución para confluir, pasado el mediodía, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano. Los manifestantes denunciaron incumplimientos en el pago de los planes sociales y que el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “significará profundizar el empobrecimiento” del país.

“Han pasado más de 6 meses desde que le presentamos el proyecto para crear trabajo genuino al ministro (Juan) Zabaleta, pero no hemos obtenido respuesta”, señaló a LA NACION la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Karina Sebasti, quien añadió: “Hoy estamos en la calle de nuevo por que somos el sector de la clase más empobrecida, ganamos un sueldo miserable y no llegamos a la canasta básica”.

La oposición al pacto con el FMI es otro de los principales puntos de disidencia con la gestión del Frente de Todos, desde antes que la Casa Rosada anunciara el entendimiento inicial. En un comunicado previo a la marcha, la Unidad Piquetera había señalado que el acuerdo “significa profundizar el empobrecimiento y la desocupación crónica que se instaló en nuestro país gobierno tras gobierno”. Y puntualizó: “Las barriadas sufren la inflación y los tarifazos, que impactan de lleno en las condiciones de vida, dejando a miles de familias sin acceso a lo elemental, que es un plato de comida”.

También existen reclamos para que se activen las altas prometidas para aquellos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y los montos para quienes ya integran el programa, además de una mejora en la asistencia a los comedores.

Al respecto, la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, expresó: “Ante la grave situación que vivimos en las barriadas populares, el ministerio solo promete y no cumple los acuerdos con los trabajadores desocupados. Pero sí cumple los acuerdos con el Fondo Monetario que le exige más ajuste a los que menos tienen”.

“Uno de los avances más antidemocráticos es el de los traspasos: sólo te permiten irte y ellos deciden a dónde vas, impidiendo la elección de la unidad de gestión a la cual ir. Todo eso producto de que van perdiendo gente, y quieren garantizar a los intendentes mano de obra barata”, agregó Sulle, en referencia a la polémica abierta a principio de año por el propio Zabaleta, quien anunció que impulsará una iniciativa que considera clave su objetivo de transformar los programas sociales en empleo genuino: garantizarle a todos y cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que puedan optar por la unidad ejecutora en la que cumplir con las cuatro horas laborales diarias que, a cambio de $16.000 mensuales, se les exige como contraprestación.

Las agrupaciones convocantes, entre las que se encuentran el Polo Obrero, el MST Teresa Vive, Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), no cesaron sus reclamos a la administración de Alberto Fernández ni siquiera en los momentos más altos de contagios de coronavirus durante la pandemia. Los planteos no bajaron tampoco cuando cambió la conducción del Ministerio de Desarrollo Social, antes a cargo de Daniel Arroyo y ahora conducido por Zabaleta.

Intermediaciones

El contrapunto entre los dirigentes sociales y el ministerio de Desarrollo Social se agudizó. En el centro del debate se encuentra la intermediación que ejercerían las organizaciones a la hora del reparto los programas sociales. Sin embargo, desde el histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano aclaran enfáticamente que el Potenciar Trabajo no tiene relación alguna con el lugar en el que el beneficiario decide llevar adelante su militancia. Y que cualquier trámite de traspaso de una Unidad de Gestión a otra, algo que el oficialismo buscaría aceitar, sólo puede iniciarse a partir del pedido individual de la persona titular del programa.

La medida, que ya comenzó a ser promocionada en redes sociales, no tardó en encender las alarmas en los movimientos de izquierda. Los referentes piqueteros denuncian que se trata de una maniobra dirigida a dejar en un “limbo” a quienes decidan irse del lugar en el que contraprestan. Un supuesto ardid que, lejos de buscar afianzar la autonomía de esas más de un millón de personas encuadradas en alguna actividad no registrada y que cobran el Potenciar Trabajo, los colocaría a disposición de lo que decidan los funcionarios de turno.

Sin embargo, mientras desde las organizaciones lo leen como un ataque político a la autonomía de quienes conforman sus filas, los funcionarios lo plantean como un paso necesario en el camino para llegar a la tan mentada generación de empleo genuino. Es por eso que reconocen que no tienen prevista la ampliación de los programas sociales, pese a asegurar que la continuidad de los ya existentes está garantizada y negar con números concretos que estén llevando adelante algún tipo de ajuste (según números oficiales, en los primeros dos meses del año, Zabaleta ejecutó el 16,8% de su presupuesto prorrogado).

“Hay una decisión de reorientar y reenfocar la política social hacia todo lo que tenga que ver con trabajo, empleo y producción, contemplando que existe la economía popular”, señalan desde el entorno del exintendente de Hurlingham. Y relatan que se invitó a las organizaciones piqueteras ingresar a los esquemas cooperativos, a través de participar del programa Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales, pero que la propuesta fue rechazada.

Es que la postura de la dirigencia social carece de medias tintas: darle lugar al ofrecimiento del ministerio significaría echar por tierra los planteos para realizar obra pública en los barrios que la Unidad Piquetera le entregó en una carpeta a Zabaleta el año pasado y que, según indicaron, ayudaría a crear 100.000 puestos de trabajo formales. “Quieren resolver la cuadratura del círculo, cuando el problema es la bronca que tiene la gente con la gestión del Gobierno y con los punteros de los municipios. Eso no se puede modificar con una resolución de tipo administrativa”, dijo a LA NACION el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, uno de las principales representantes de las agrupaciones en los despachos donde se gestiona la asistencia social.

Hasta la actualidad, la cantidad de cupos del programa Potenciar Trabajo era negociada en un cara a cara entre los dirigentes sociales y Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la cartera, quien se encargaba de ejecutar las altas y las bajas correspondientes. Los movimientos sociales intervenían únicamente al momento de disponer de los lugares y gestionar la unidad ejecutora, ya que cada beneficiario cuenta con su propia tarjeta.

En ese sentido, hace tiempo que los piqueteros le piden al Gobierno que “universalice” los programas. ¿El argumento? Terminar con los límites de cupos y que cualquier trabajador informal que se anote esté en su derecho de cobrar un Potenciar Trabajo, como ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia implementado durante la pandemia. “Ese debe ser el primer paso para romper con toda intermediación y clientelismo”, sintetiza Belliboni. Son criterios que parecen estar parados en veredas completamente opuestas.

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