En los últimos días el Gobierno, por parte de la Secretaría de Vivienda de La Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, otorgó a una desarrolladora privada el primer Certificado de Inclusión en el Programa de Desarrollo de Vivienda Social. Por lo tanto, la constructora privada que había presentado un proyecto inmobiliario que contemplaba, al menos, un 70 por ciento de viviendas, de las cuales la mitad de ellas debía tener un valor de hasta $140.000 UVA, tendrá acceso a diversos incentivos fiscales. El objetivo de estas unidades es que en el futuro puedan ser adquiridas por el segmento socioeconómico medio-bajo de la población que quedó fuera de la demanda cuando a mediados del año pasado la devaluación y su impacto en la inflación generó que gran parte de ella quedara fuera de la posibilidad de calificar para obtener una linea.
El régimen de promoción fiscal para la vivienda, que se encuentra dentro de la Ley de Presupuesto sancionada el año pasado y que tiene vigencia por cuatro años, fue trabajada en una mesa junto con la Asociación de Empresario para la Vivienda, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y la Cámara Argentina de la Construcción, y prevé la exención total del IVA en el precio de venta final de las unidades y una devolución de hasta el 10 por ciento del IVA en el crédito fiscal acumulado durante la construcción. "Hace tiempo que venimos trabajando con los actores del sector en pos de generar mejores condiciones para fomentar las inversiones en viviendas para sectores medios. Este beneficio es un ejemplo de ello", resaltó Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación.
De esta manera se busca incentivar la participación del sector privado en la política pública de acceso a la vivienda, generando mayor oferta a costos accesibles, lo cual intenta ayudar a reducir el déficit habitacional existente en la Argentina. El director del Programa, Marcelo Busellini, hizo hincapié en la "agilidad, rapidez y seguridad" con que se han puesto estas herramientas a disposición de los desarrolladores.
Voceros oficiales afirman que el objetivo de esta medida es ampliar la oferta de nuevos desarrollos y que no sólo sea el Estado el que construye para el segmento medio como viene sucediendo desde hace 30 años. La estadística revela que el déficit habitacional en nuestro país está concentrado en las grandes ciudades. Pero es el Conurbano el que lidera este ranking ya que cerca de la mitad de las personas tienen dificultades para acceder a una vivienda. Esta medida que busca facilitar el acceso a un techo acaba de dar su primer paso.
El primer certificado de Inclusión en el Programa de Desarrollo de Vivienda Social se expidió a nombre de la firma "Irigoyen 1428 SRL", la cual presentó un proyecto denominado "9 de Julio Estudios2", para construir en la Ciudad de Buenos Aires una torre de 15 plantas con 104 unidades de 1 y 2 ambientes, local comercial, oficinas y cocheras. El proyecto que tiene fecha prevista de entrega en junio del año próximo, ofrece las unidades en pozo desde US$72.894. Los proyectos que deseen aplicar deberán cumplir los requisitos mínimos urbanísticos (según tipo de proyecto) exigidos por la Secretaría de Vivienda de la Nación, así como ciertos estándares sustentables: eficiencia energética en la envolvente que cumpla el nivel B de la Norma IRAM 11.605; y utilización de Sistema Solar Térmico para agua caliente y de LED para el alumbrado público.